El ERE de Coca Cola abre una enorme crisis interna en UGT

La embotelladora de Coca Cola asegura que tras la contabilización final de las adhesiones voluntarias un total de 1.700 trabajadores de la compañía han optado por acogerse a algunas de las medidas contempladas en el ajuste: bajas voluntarias, prejubilaciones o traslados.

El éxito incontestable del poder del dinero de La chispa de la vida ha derribado la defensa numantina que del conflicto hicieron las centrales sindicales mayoritarias, condicionando cualquier solución a la aceptación por parte de la empresa de que no se cerrarían plantas de embotellado. Después de que la totalidad de la plantilla de las fábricas destinadas a cerrarse (Asturias, Palma de Mallorca y Alicante) se acogieran al ERE y en Fuenlabrada se registrase una aceptación del 60%, el margen de maniobra de UGTy CCOO se ha reducido prácticamente a cero.

Derivado de este fracaso se ha desencadenado en el seno de la Federación de Alimentación de UGTun conflicto de proporciones desconocidas hasta ahora que pone en cuestión la labor de oposición al EREdiseñado por los responsables de la dirección y que ha llegado incluso hasta el despacho de Cándido Méndez, secretario general del sindicato.

Así se desprende de una misiva remitida por Antonio Rojas, delegado de UGTen Rendelsur, la embotelladora de CCIP para el sur de España, dirigida tanto al citado Cándido Méndez como al resto de los cuadros directivos de la Federación. La carta, a la que ha tenido acceso CincoDías da cuenta de la grave crisis interna que vive el sindicato en estos momentos.

“Amenazan con expulsarnos”

La carta dirigida a Méndez asegura que la dirección de UGT no les deja negociar “nuestra Federación nos lo impide y nos amenaza con sacarnos de la mesa y expulsarnos de UGT (algunos llevamos en UGT más de 30 años y hemos luchado por esta organización más incluso que algunos de los que ahora nos quieren echar). Estamos convencidos de que si se abre una negociación sin condiciones, podemos mejorar”.

Rojas asegura que “si bien desde el comienzo de las negociaciones en la mesa ha habido diferentes posiciones, incluso en nuestra propia organización, hemos mantenido una posición consensuada en la defensa de los puestos de trabajo en cada una de nuestros centros de trabajo, pero conforme hemos ido avanzado el proceso, las discrepancias entre nosotros mismos y con la Dirección de la Federación, han ido creciendo y situándose en un grado del que creemos ya no hay vuelta”.

La carta continua asegurando que “nuestra Federación no se ha movido de su posición inicial y mantiene que no es posible firmar ningún acuerdo que conlleve cierre de plantas en una empresa con beneficios. La realidad es otra —continua—, la realidad es que en nuestros centros de trabajo la gente nos presiona para que negociemos y pactemos un acuerdo. La realidad, es que aunque los compañeros de Madrid y Alicante piensan que hay que hacer caso a la Federación, los de Baleares y Asturias que también cierran las fábricas, quieren negociar.

La realidad es que los compañeros de Andalucía que no cierra fábrica, pero tienen 111 afectados (más que los que trabajan en la planta de Alicante, Asturias o Baleares), y los compañeros de Galicia que tienen 102 afectados sin cierre de fábricas, mas los compañeros de Bilbao, quieren negociar y pactar. Se empeñan en que el juicio de impugnación lo ganaremos, ¿y qué? Después de 3 meses desde el cierre y la sentencia se habrán trasladado las personas y las máquinas. Otros estarán prejubilados, y a ver si los dirigentes de nuestra Federación tienen el valor de decirles que se reincorporen a trabajar porque lo dice una sentencia”, concluye la misiva.