La banca pide que la conversión de deuda en capital libere provisiones
El llamado “proyecto Midas”, la legislación que permitirá a la banca convertir la deuda de empresas solventes en una participación en su capital y que el Gobierno prevé llevar al Consejo de Ministros del próximo viernes, comenzó a gestarse antes del pasado verano. Recurrentes procesos de refinanciación y preconcurso de empresas de cierto tamaño venían reuniendo en las mismas mesas a los representantes de la gran banca, fundamentalmente de Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Popular y Sabadell, que fueron quienes reclamaron una solución alternativa en un periodo, además, en el que el Banco de España elevaba las provisiones exigidas sobre créditos renegociados para aflorar la mora oculta.
Las conversaciones con el Gobierno sobre este proyecto quedaron diluidas por este nuevo ejercicio de saneamiento pero ahora, bajo la necesidad de reconducir el crédito para apuntalar la incipiente recuperación e instado por la troika a rebajar la dependencia de la economía española de la banca, el Ejecutivo ha impulsado con urgencia una nueva ley de reestructuración de deuda que dé solución a estos problemas. La clave para que funcione, matizan sin embargo desde el sector financiero, es la letra pequeña que aporte el Banco de España.
La conversión de deuda en capital permitiría evitar que las empresas caigan en suspensión de pagos, beneficiando a la propia compañía, a sus acreedores y a la economía en general. El meollo de la cuestión, plantean desde la banca, es que ejecutar la conversión de una parte de la deuda permita recalificar la restante como de riesgo normal –y no dudoso o subestandar– liberando las ingentes provisiones con que tienen ya dotados esos créditos, en su mayoría ya renegociados.
Al convertir a los bancos en accionistas de las empresas con problemas, eso sí, las entidades tendrían que reforzar su balance como contrapartida al riesgo de las nuevas participadas. “Lo comido por lo servido”, destacan, defendiendo que la clave es que dar el paso no resulte más caro para el banco que no hacerlo. De lo contrario, advierten, no lo harán.
En un momento en que la regulación nacional y europea sobre saneamientos y participaciones industriales se vuelve cada vez más férrea, la posibilidad de liberar estas provisiones ha derivado en un pulso entre Economía, que apoya la iniciativa, y el Banco de España, celoso de su política de supervisión.
Fuentes cercanas al proceso revelan que ambas partes están negociando estos días el detalle de la normativa. Desde la banca no descartan que la regulación que se apruebe el viernes avance solo un marco general y que las dudas sobre la efectividad de la norma no se despejen hasta la posterior circular que deberá emitir el Banco de España.
En paralelo, la banca también reclama que si la empresa termina en concurso de acreedores su participación vuelva a considerarse deuda, a efectos de recuperar su posición en la cola de cobro. A partir de ahí, la idea es que las entidades aporten la deuda a un vehículo de inversión que sería el accionista de la compañía, y al que se intentará atraer al capital riesgo para soportar parte del peso. Las reticencias de este tipo de inversores a entrar en una sociedad sin tener el control mayoritario y la de las empresas familiares, a su vez, a dar entrada en su negocio a fondos buitre complica la operación por otro frente.
