Medio ambiente y competitividad
Desde hace unos años el Gobierno viene implantando una serie de medidas con el objeto de reducir las cargas administrativas y simplificar la normativa existente, de forma que se favorezca la competitividad de las empresas españolas, evitando poner trabas al crecimiento económico y a la creación de puestos de trabajo.
Estas actuaciones están en línea con el objetivo de la Comisión Europea, dentro de su Programa de Adecuación y Eficacia de la Regulación (REFIT), de racionalizar la regulación comunitaria y disminuir los costes derivados de su aplicación, especialmente en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.
Una de las áreas políticas en las que más regulación se ha generado en los últimos tiempos, y donde más necesario se hace la simplificación legislativa y la unificación de procedimientos, es en la medioambiental, donde la proliferación de normativa ha creado un entramado jurídico complejo que ocasiona inseguridad jurídica y costes innecesarios.
Dentro de esta reforma hacia una legislación inteligente en el ámbito del medio ambiente, la propuesta de modificación del régimen de responsabilidad medioambiental es, desde mi punto de vista, una de las medidas más significativas y acertadas.
El enfoque extensivo de la norma actual, mucho más exigente y restrictiva que la de la UE, supone una importante carga en términos de recursos humanos y monetarios tanto para los operadores económicos como para las administraciones públicas, sin que se deriven de ello beneficios ambientales reales o un impulso a la estrategia preventiva de las actividades.
Las modificaciones planteadas dan respuesta a muchas de las preocupaciones transmitidas durante los pasados años desde el sector empresarial, logrando una verdadera simplificación de procedimientos y una importante reducción de costes, al tiempo que el marco normativo se homogeniza con otra legislación existente como la de accidentes graves o la de prevención y control integrados de la contaminación, manteniendo una alta protección del medio ambiente.
Es importante señalar que con la reforma de la Ley se sigue manteniendo intacto el principio de “quien contamina paga”, y además repara, ya que todos los operadores económicos deberán responder de forma ilimitada ante cualquier daño ambiental que puedan ocasionar. Sin embargo, sólo tendrán que constituir una garantía financiera de forma obligatoria, en forma de aval, seguro o reserva, aquellos que son susceptibles de ocasionar un daño significativo al medio ambiente. El resto, podrá contratarla de forma voluntaria.
La Ley actual en España, establece para la práctica totalidad de las actividades empresariales, desde una gran instalación de combustión hasta pequeños comercios familiares como una tintorería o una panadería, la obligación de disponer de una garantía financiera que garantice el poder hacer frente a un eventual daño generado al medio ambiente. Desde CEOE hemos manifestado en múltiples ocasiones que esta medida, claramente desproporcionada, y que como hemos dicho va mucho más allá de lo que establece la Directiva europea, supondría una carga y unos costes innecesarios para cientos de miles de pequeños negocios y empresas que, en la práctica, no son susceptibles de ocasionar un daño al medio ambiente significativo, y que de ocasionarlo, la Ley ya les estaría obligando a restaurarlo.
En un informe elaborado por la Comisión Europea en 2010, ésta concluía que únicamente ocho de los 28 Estados miembros habían optado por una garantía financiera obligatoria (Bulgaria, Portugal, Grecia, Hungría, Eslovaquia, Chequia, Rumanía y España) y consideraba que no estaba justificado todavía un sistema de garantía financiera obligatorio a nivel comunitario. Hasta el momento, se sigue manteniendo la voluntariedad de la contratación de las mismas en la mayoría de los países europeos.
En este mismo informe la Comisión recomendaba, en relación con la garantía financiera, una implantación gradual y la exclusión de las actividades de bajo riesgo. Ambas medidas se han introducido en la modificación planteada por el Gobierno, a nuestro entender, de forma muy adecuada, aunando criterios con el resto de países europeos y evitando posibles desventajas competitivas de nuestras empresas frente a las de nuestro entorno comunitario.
La nueva ley, sin embargo, pone el foco en la parte preventiva de la norma, incidiendo en la necesidad de fomentar la elaboración de análisis previos que permitan realizar una mejor gestión del riesgo de las instalaciones.
Desde CEOE, con la colaboración en muchos casos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de una serie de proyectos piloto, estamos siendo especialmente activos en este aspecto, ya que muchas de nuestras asociaciones empresariales están realizando, o han finalizado ya, modelos y guías sectoriales que facilitarán enormemente a las empresas su labor a la hora de realizar análisis de riesgos medioambientales, permitiendo introducir medidas eficaces de evitación y prevención de daños.
Desde CEOE creemos necesario seguir trabajando en esta reforma del marco normativo orientada hacia la consecución de una menor y mejor legislación como una de las vías para impulsar la recuperación económica.
Luis Serrano Rubiera es presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de CEOE.