La hora del estímulo al crecimiento y al empleo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio ayer por superada la recesión económica, tras nueve trimestres, nueve, de descenso de la actividad, aunque el desempeño de los incipientes indicadores de crecimiento sobre el empleo sea aún modesto. Para este año, revisó hasta el 1% la previsión de avance del producto interior bruto (hasta el 1,5% para 2015) y aseguró que la revisión del programa de estabilidad que enviará el Ejecutivo a Bruselas recogerá ya creación de empleo neta tanto en términos de contabilidad nacional como en términos de Encuesta de Población Activa, algo que no aparecía en el cuadro macroeconómico que acompañaba al presupuesto de este año. Rajoy ha llevado el debate del estado de la nación al territorio de la economía, donde su gestión decidida en los últimos 26 meses empieza a dar resultados. Puso especial énfasis en comparar cómo estaba la economía española en diciembre de 2011 y cómo está ahora, con la financiación al alcance del Estado, de la banca y de las empresas. De hecho, quiere convertir el debate parlamentario de esta semana en el punto de inflexión de la legislatura y de su propia política: de los ajustes de gasto y subidas de impuestos, a los estímulos al crecimiento; de las reformas severas para limitar las rigideces de los mercados, a un cheque en blanco a la creación de empleo.

Ante un relato de su principal adversario político centrado en la desigualdad generada por las políticas de “la derecha, usando la excusa de la crisis para hacer lo que siempre quisieron hacer [en el PP] y nunca se atrevieron a plantear”, Rajoy se esforzó en mostrar la modestia de las cifras, pero el evidente cambio de tendencia. Una tendencia que quiere consolidar con una tarifa plana durante 24 meses de 100 euros en la cotización a la Seguridad Social para los nuevos empleos fijos que supongan creación neta de ocupación; una bajada fiscal para unos 12 millones de contribuyentes situados en la franja de rentas medias y bajas, y se que aplicará a lo largo de los próximos años para acompasarlo con el rigor inexcusable de las cuentas públicas, y una batería de medidas de financiación para las pequeñas empresas, especialmente aquellas que tengan elevados grados de endeudamiento pero sean perfectamente viables.

Poner la segunda parte de la legislatura al servicio de una política más arriesgada en materia de gasto y de ingresos fiscales para incentivar la actividad económica no puede suponer un descuido de las obligaciones impuestas por los mercados financieros de culminar la consolidación fiscal. Esta es una variable que no admite desliz alguno, y cuyo control alimenta la espiral virtuosa de mejoras adicionales en el rating de la deuda española y abaratamiento ulterior tanto de la factura financiera pública como de la financiación de la economía privada, desde la banca a las empresas, ya sean grandes o pequeñas. Tales apuestas dejan ya sin argumentos a cuantas empresas tienen un proyecto para llevar adelante, una ampliación de su negocio, con la única excepción de la captación de crédito. Porque todas las medidas en este sentido pueden ser pocas si al final la banca se resiste a abrir la ventanilla, pese a la mejora de su solvencia, reconquistada en el caso de muchas entidades, las nacionalizadas, con esforzados recursos de todos los españoles.

Solo una política decidida de intensificación de las reformas en lo que resta de legislatura es garantía suficiente de que se neutralizará, vía crecimiento, la renuncia de una partida importante de recursos que supone la tarifa plana de 100 euros en Seguridad Social para los fijos nuevos durante dos años. Y neutralizará también, despejando las expectativas para el consumo y la inversión, las rebajas de impuestos –de momento, modestas–, apuntadas por el presidente, que pretende extender con parsimonia durante varios años para cubrir todo el tempo electoral, aunque bien está si ello se acopla a un plan certero de consolidación fiscal. La reforma integral de las Administraciones públicas; la culminación de la reforma eléctrica para colocar los costes para empresas y particulares en precios competitivos, y una reforma fiscal que ensamble la mayor disponibilidad de renta a las clases medias y apoyo a la inversión y el ahorro con el rigor presupuestario, son decisiones inexcusables que funcionarán como un multiplicador del crecimiento, del empleo y de los ingresos fiscales.