¿Más dificultades para clientes, bancos y Administración?
Las autoridades de la UE parecen estar planteándose, cada vez de una forma más determinante, la posibilidad de que las carteras de deuda pública que tienen las entidades de crédito en el activo de sus balances consuman recursos propios, cosa que hasta el momento la normativa de solvencia a las que están sujetas las entidades financieras no contemplaba. Es decir, las normas actualmente vigentes consideran que, mientras el resto de financiaciones concedidas por las entidades de crédito a empresas y familias son operaciones de riesgo, y por tanto exigen unos recursos propios mínimos para que puedan ser realizadas, los créditos concedidos a las Administraciones públicas están exentos de dicho tratamiento. Todo ello con independencia de la calificación crediticia que estas Administraciones tengan.
La finalidad de las normas de solvencia (Basilea I, II y III) es que las entidades dispongan de recursos propios suficientes con los que cubrir las pérdidas resultantes de los procesos de insolvencia. En este entorno es cuando los recursos propios actúan a modo de colchón que cubre pérdidas inesperadas y evita que estas recaigan sobre los depositantes (con el consiguiente riesgo de colapso del sistema económico) o sobre los Estados, que están actuando de prestamistas de última instancia.
¿Qué razones hay tras este planteamiento y qué efectos puede tener sobre la actividad de los bancos y sus clientes en la Unión Europea?
El cumplimiento con los coeficientes de solvencia es una de las batallas más importantes de los bancos
En primer lugar, las entidades de crédito tienen entre sus activos grandes cantidades de deuda pública del Estado, fundamentalmente porque no consume recursos propios, y ya sabemos que el cumplimiento con los coeficientes de solvencia es una de las batallas más importantes a las que se enfrentan los bancos. Y además, porque se pueden aprovechar del margen que obtienen al tomar liquidez del BCE al 0,75% y colocar los fondos en deuda pública para mejorar la imagen de sus cuentas de resultados. Las autoridades europeas ya han manifestado en numerosas ocasiones la inconveniencia entre esta relación tan estrecha entre deuda soberana y sistema financiero. El caso es que, gracias a este tipo de actuación y las repetidas declaraciones del presidente del BCE de “hacer los que sea necesario para salvar el euro”, la prima de riesgo de los países europeos que se encontraban en una situación más delicada se ha reducido; aunque dicha reducción no haya ido acompañada de un menor nivel de deuda pública. Y dicha reducción proporciona a los tenedores de deuda pública unas sustanciosas plusvalías potenciales.
En segundo lugar, las quitas para condonar la deuda pública griega, el rescate a Chipre, la necesidad de muchas comunidades y ayuntamientos de acudir a la ayuda del Estado español para hacer frente al pago a proveedores, las financiaciones insolventes que muchas cajas de ahorros alemanas han concedido a länder y ayuntamientos en situación de endeudamiento extremo y demás sirven para constatar de forma práctica que las Administraciones públicas pueden quebrar y que, por tanto, carece de sentido excluir del consumo de recursos propios su financiación. La UE no quiere que los Estados sean sistemáticamente prestamistas de última instancia, ni que los contribuyentes sean los que paguen de forma solidaria los errores de gestión de Administraciones y entidades de crédito.
Por último, ahora que hay muchas manifestaciones indicando que la crisis se encuentra dando sus últimos coletazos, y que las expectativas de futuro son algo mejores, parece que la preocupación por el crecimiento está empezando a tomar algo más de forma en la UE. Y para que este crecimiento se produzca, es preciso que la financiación bancaria retorne a la economía real. Como no se puede forzar a los bancos a dar financiación, se han tomado diversas medidas de ámbito comunitario, cuya eficacia es más que cuestionable. Pero la equiparación en el consumo de capital entre sector público y sector privado podría resultar de ayuda para mitigar el efecto crowding out al que hemos estado asistiendo durante los últimos años. Desde el punto de vista de la gestión de riesgos, no es razonable que la financiación para una empresa con una calificación crediticia mejor que la de cualquier ayuntamiento exija disponer de recursos propios suficientes para concederla, y la de dicho ayuntamiento, no. Y no solo eso, sino que no es razonable que todas las Administraciones públicas, con independencia de su calificación crediticia, no consuman recursos propios de la entidad de crédito.
Para que el crecimiento se produzca es preciso que la financiación bancaria retorne a la economía real
Parece de sentido común que medidas como estas se implementen para completar el proceso de reestructuración del sistema financiero europeo, dotando de mayor neutralidad a la financiación a todos los agentes económicos; sin embargo, el momento de hacerlo tal vez dependa de qué ocurra con los test de estrés que tiene que pasar la banca europea, y de si realmente empieza a haber señales claras de mejora en las economías que han experimentado fuertes déficits y elevados crecimientos en su endeudamiento, pues los efectos de estas medidas pueden causar otros problemas.
El anuncio formal de una medida de estas características podría desencadenar a corto plazo una venta masiva de deuda por parte de las entidades, no solo para evitar el consumo de recursos propios, sino para realizar las plusvalías acumuladas. Esto significaría una elevación de los costes de endeudamiento de muchas Administraciones públicas y la pérdida de valor de la deuda pública, lo cual afectaría, entre otros, a numerosos partícipes de fondos de inversión que han encontrado en los fondos de renta fija una inversión segura como alternativa a los ya no retribuidos depósitos bancarios; con el consiguiente descontento social que ello puede provocar, recordando otros episodios recientes donde los ahorradores acaban cargando con parte de las pérdidas.
Las entidades de crédito se encontrarían con más dificultades de las que ya tienen para cumplir con los coeficientes de solvencia; y esto, en el corto plazo, no parece que pudiera contribuir a reactivar el crédito al sector privado.
En definitiva, una decisión razonable desde el punto de vista de la gestión del riesgo de crédito y de adaptación a las normas internacionales de solvencia, y un mal timing en su implementación, pueden avivar los últimos rescoldos de una crisis que está durando mucho.
Francisco J. Sánchez Vellvé es profesor del CES Cardenal Cisneros y consultor de Delta Hat.