"No podemos confiar en que no envenenen los Donuts"
Pero siguen en huelga? ¿Y cómo lo aguantan? Son las dos preguntas que enseguida te plantea cualquiera con el que hables e intentes explicar que el duro conflicto laboral que Panrico, fabricante de Donuts, vivió antes de Navidad, continúa vivo y materializado en la huelga que mantienen los 210 trabajadores de la fábrica que la compañía tiene en la localidad barcelonesa de Santa Perpetua de Mogoda.
Más de tres meses bloqueando la entrada a la fábrica. 100 días de huelga en la que 210 familias han optado por plantar cara a un acuerdo laboral firmado a nivel nacional, con la esperanza de arrancar alguna mejora adicional a cambio de no ingresar nada y no cotizar. Parece más un conflicto de otro siglo, de otra época. Un conflicto al que se llega por una mezcla de circunstancias en el que el ingrediente principal, a tenor de todas las opiniones pulsadas, aunque no el único, es la existencia de unos representantes sindicales en la fábrica extraordinariamente sesgados hacia el conflicto per se.
“Nadie ha podido hacer nada, nadie ha podido convencerlos y lo más grave, han incumplido todas las directrices marcadas por los responsables de acción sindical de Comisiones Obreras”, aseguran con indisimulada incomodidad fuentes del sindicato. “De hecho hemos abierto expedientes para expulsarlos”.
Hoy un puñado de irreductibles (13 miembros del comité de empresa) lideran un grupo de 210 trabajadores, en el que no hay fisuras, en donde nadie parece discrepar y ejercer su derecho constitucional de trabajar y abandonar la huelga. Cuando el conflicto se cierre, si es que lo hace, solo quedarán en Barcelona 60 trabajadores. Así se acordó en la mesa de negociación a nivel nacional en la que se acordó el despido de 745 trabajadores de los 4.000 con lo que contaba la empresa.
La empresa no se fía. “La violencia ha sido tal que tememos un sabotaje a la producción si abrimos”
Y nada les acobarda. La empresa ha demandado al comité de empresa “por organizar y mantener una huelga ilegal” y está a la espera de que los tribunales se pronuncien para adoptar las medidas oportunas, que no son otra que despido fulminante del comité de huelga y exigencia de daños y perjuicios a nivel personal. “Puede ser una pasta, aseguran en la empresa, pero parece que nada les importa, nada les atemoriza”.
“Todo lo contrario que a nosotros”, explican las fuentes de Panrico consultadas. “Es difícil hacer planes de futuro para la planta y no caer en la cuenta de que con una plantilla tan salvajemente ideologizada, tan violenta, tan descerebrada, nadie nos va a garantizar que a alguno se le ocurra sabotear la producción y envenenar algunos de nuestros productos. No podemos permitirnos tener esa brecha de seguridad abierta. A pleno rendimiento Santa Perpetua es capaz de producir tres millones de unidades diarias de producto. Y sin el pleno convencimiento y garantía de que toda la plantilla, tiene la moderación como primera norma de conducta, desgraciadamente no podremos fiarnos solo de nuestros controles de calidad exhaustivos pero necesariamente aleatorios. No podemos correr el riesgo de que un Donuts envenenado cause una desgracia”.
Por eso la solución es tan difícil de encontrar. Para la empresa solo pasa ya porque los elementos más violentos del conflicto, entre ellos el comité de empresa, desaparezcan de la ecuación. “No hay más alternativa y por eso confiamos plenamente en que los tribunales nos den la razón y declaren la huelga ilegal”. Si no es así, todas las demás opciones están abiertas, entre ellas “sin duda el cierre de la fábrica, venderla y abastecer el mercado catalán (hoy por hoy el 18% de los ingresos de Panrico) desde otras plantas.
Y mientras tanto y hasta que la empresa recupere el control y la propiedad de un activo tan importante como su fábrica, ha tomado la decisión de alquilar unas naves en el Puerto de Barcelona para desde allí distribuir su producto. “El puerto lo vigila la Guardia Civil y no los Mossos de Escuadra, y eso nos da la seguridad primero de que nadie controla los camiones que de aquí salen cargados de producto para distribuir y sobre todo que nadie puede bloquear nuestra actividad”.
Esta voluntad de querer seguir operando en Cataluña ha sido también recurrida por el comité de empresa ante la inspección de trabajo. Ésta ha emitido una propuesta de expediente por un presunta “vulneración del derecho de huelga”, derivado del hecho que Panrico sigue vendiendo Donuts y Bollycaos en Cataluña.
La empresa se defiende asegurando que “sin ningún género de dudas ni ha obligado a ningún trabajador en huelga a trabajar, ni ha sustituido a ningún trabajador en huelga en la fábrica de Santa Perpetua, situaciones que sí podrían ser atentatorias contra el derecho de huelga”. La compañía tiene desde hace años fábricas en todo el territorio nacional, “y debe dar ocupación al personal que no quiere secundar la huelga, a los autónomos que se ganan la vida distribuyendo y vendiendo los productos de la firma, y al consumidor que espera nuestros productos en sus bares, grandes superficies o tiendas de alimentación, y se distribuyen los productos de Panrico como se ha hecho siempre, a pesar de los violentos esfuerzos del comité de huelga para impedirlo.
Caja de resistencia y moral alta
Esto es una piña con la moral al 100%”. Las nueve palabras más repetidas en cualquier conflicto, sea del tipo que sea, son en esta ocasión del presidente del comité de empresa de la planta de Panrico en Santa Perpetua de Mogoda, Ginés Salmerón.
“El acuerdo firmado en Madrid, no nos sirve, queremos mejorarlo. Nosotros en Barcelona nos bajamos el sueldo ya en 2012 y la actual dirección no lo reconoce”, asegura el dirigente sindical.
En paralelo explica que los trabajadores aguantan la huelga merced a una caja de resistencia que la están nutriendo “amigos, partidos políticos, asociaciones de todo tipo, pero principalmente gracias a la ayuda de las familias, que ven en esta protesta una reivindicación justa”.
Salmerón minimiza los más de 600 denuncias interpuestas por la dirección en Panrico contra el comité de empresa por incidentes durante la fase de negociación del expediente. “El comité de empresa no ha quemado ningún coche y no ha amenazado a nadie durante el conflicto”, explica. Solo reconoce un enfrentamiento violento hace unos días que terminó con el apuñalamiento de un vigilante de seguridad de la planta. “En paralelo”, explica, “tenemos voluntad de sentarnos y dialogar con quien sea y donde sea, el problema es que la empresa ya no quiere, solo espera ya la vía judicial para solucionar el conflicto, aunque lo va a tener muy complicado por ese camino”.
Salmerón asegura que hay gente de administración trabajando desde su casa, pero nadie ha manifestado voluntad alguna de trabajar y se le ha impedido entrar a la fábrica. “Es falso, los compañeros somos una piña”.