Medidas urgentes contra el comercio ilegal de tabaco
A raíz de los recientes acontecimientos ocurridos en Gibraltar se han prodigado las noticias relacionadas con el comercio ilegal de tabaco en nuestro país. En realidad, se trata de un problema que se viene arrastrando desde hace muchos años y resulta muy preocupante que continúe no solo existiendo, sino creciendo de manera alarmante.
Un reciente estudio realizado por el Instituto ThinkCom, de la Universidad Complutense de Madrid, y que he tenido el placer de coordinar y ayudar a difundir, estima que el impacto económico negativo del comercio ilegal de tabaco será este año de 1.300 millones de euros, que equivale a un fraude fiscal de cerca de 1.040 millones de euros. Esta cifra no es baladí. Es muy superior, por ejemplo, a la suma de los presupuestos de 2014 de las Cortes Generales, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Y es equiparable al importe total de las becas concedidas en 2013.
El tráfico ilegal de tabaco no es sólo contrabando. Este último representa la parte del problema más visible, es la punta del iceberg, pero existen otras formas de comercio ilícito que escapan en principio a la vista y que quedan recogidas en el Convenio Marco para el Control del Tabaco y el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. El Protocolo tiene por objeto combatir el comercio ilegal de productos de tabaco mediante el control de la cadena de suministro y la cooperación internacional.
En él se citan de una forma genérica como ilícitas las actividades realizadas de forma ilegal de fabricación, ventas al por mayor y por menor, transporte, almacenaje, envío, importación e importación de productos de tabaco o equipos de fabricación.
Pero también se detallan con mayor precisión, entre otras, la falsificación, no exhibición de las estampillas fiscales, hacer declaraciones falsas en impresos oficiales o, con el fin de esconderlos, mezclar productos de tabaco con otros que no lo sean durante el recorrido a través de la cadena de suministro.
El incremento de la presión fiscal sobre el tabaco es una de las principales causas del aumento del tráfico ilícito, debido a que las subidas de PVP hacen que una parte del consumo de tabaco legal, el vendido en estancos y máquinas expendedoras, se desplace hacia los canales ilícitos.
De ahí el crecimiento del tráfico ilegal en los últimos años y la necesidad de dar la vuelta a los criterios gubernamentales en la materia: la recaudación por el consumo de tabaco crecerá proporcionalmente a la cantidad de tráfico ilegal que se logre reducir. La Administración debe dar más pasos, se requieren nuevos controles y más precisos para lograr que los organismos tributarios y los cuerpos de seguridad del Estado, que realizan una encomiable labor, puedan luchar más eficazmente contra toda forma de tráfico ilícito.
La batalla contra el comercio ilegal debe partir de una visión amplia, que contemple desde aspectos educacionales y de regulación hasta temas fiscales, policiales y de control. Y son estos últimos los que de manera urgente, en el corto plazo, deben merecer una mayor atención por parte de la administración pública. Una de las medidas fundamentales que los Estados se comprometen a aplicar, según el Protocolo antes mencionado, consiste en establecer un sistema mundial de seguimiento y localización con miras a reducir y, a la larga, erradicar el comercio ilícito.
En el estudio de ThinkCom antes mencionado se apunta que, de no tomarse medidas urgentes, el volumen de tráfico ilegal de 1.300 millones de euros en 2013 acumularía en 3 años un importe cercano a los 5.000 millones. Nuestro país, con cifras tan elevadas de déficit público y de deuda, no se puede permitir ese importante nivel de fraude derivado del comercio ilegal de tabaco.
La Administración debe implantar herramientas eficaces que ayuden y den confianza a todos los agentes del sector -industria, distribución, comercio y comprador final- y que todos tengan la seguridad de que el producto que llega a los consumidores es legal, ha pagado sus impuestos y es un producto de garantía desde el punto de vista sanitario.
Andrés Fernández Díaz es catedrático de Economía aplicada de la Facultad de Económicas de la UCM y consejero del Tribunal de cuentas.