Europa no se atreve a 'partir' sus bancos
Las consultas públicas de la Comisión Europea sobre su futura legislación suelen llamar la atención de empresas y organismos directamente afectados. Pero una de las más recientes, la relativa a la posible escisión de las entidades financieras que captan depósitos y al mismo tiempo realizan inversiones de alto riesgo, ha cosechado respuestas incluso de ciudadanos a título personal.
La nutrida participación en la consulta muestra que la convivencia de esas dos actividades bancarias genera polémica e inquietud. Pero la respuesta legislativa que ultima Bruselas parece destinada a defraudar a los partidarios de blindar los depósitos frente al riesgo de las inversiones de una entidad.
El proyecto de Reglamento europeo “sobre separación de ciertas actividades de trading”, al que ha tenido acceso Cinco Días, se limita a prohibir la inversión en propio beneficio del banco en un número muy reducido de casos (“cuando no tengan ninguna conexión con la actividad del cliente ni con el blindaje de los riesgos de la entidad”). Y deja la posible segregación de las actividades de riesgo a una decisión posterior de las autoridades de supervisión, caso por caso.
La norma, elaborada por Michael Barnier, comisario europeo de Mercado Interior, solo afectaría a las entidades europeas consideradas de importancia sistémica global (14, entre ellas, Santander y BBVA) o las que dispongan de más de 30.000 millones de euros en activos y cuya cartera de negociación supere el 10% de los activos. La CE calcula que, en base a los datos del sector entre 2006 y 2011, alrededor de 29 entidades europeas en total cumplirían esas condiciones, más alguna entidad estadounidense y japonesa presentes en el mercado del Viejo Continente.
Inofensivo
El proyecto de Barnier, en todo caso, parece bastante inofensivo para el sector, que registró importantes subidas bursátiles el pasado lunes cuando fue adelantado por primera vez por el diario Financial Times. Y es que la legislación europea se aleja de otras mucho más agresivas, como la aprobada por Washington.
En EE UU, la llamada norma Volcker (por su impulsor, el antiguo presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker), impone una separación bastante estricta entre la actividad comercial y la de inversión y en ciertas condiciones llega incluso a prohibir completamente las operaciones más arriesgadas.
Bruselas tampoco sigue el modelo planteado por Londres, donde el informe Vickers planteó la necesidad de blindar las actividades bancarias susceptibles de ser rescatadas con dinero público, para poder dejar el resto en caso de crisis.
Y la CE ni siquiera ha escuchado la sugerencia del informe Liikanen, elaborado en 2012 a propuesta del propio Barnier. El grupo dirigido por el gobernador del Banco de Finlandia y del que formó parte José Manuel Campa, antiguo secretario de Estado de Economía, propuso la segregación obligatoria de la cartera de inversión de una entidad a otra sociedad del grupo a partir de ciertos umbrales (cuando las actividades de riesgo superen los 100.000 millones de euros o supongan entre el 15% y el 25% de los activos).
La propuesta de Liikanen ya era bastante tímida y, según fuentes del sector, no hubiera afectado a más de una decena de entidades. El proyecto de Barnier no afectará de entrada a ninguna y la segregación solo se aplicará cuando los supervisores detecten riesgos excesivos.
Ese resultado parecía inevitable, porque París y Berlín ya habían expresado su rechazo a una escisión de las entidades financieras. La separación total, según sus argumentos podría poner en peligro la financiación de la economía real europea. Esas capitales recuerdan que las empresas europeas obtienen casi un 75% de su financiación a través de la banca europea (en EE UU, apenas el 25%, el resto a través de los mercados bursátiles). Por ello, aducen, la banca europea necesita disponer de un brazo de inversión para protegerse de riesgos y mejorar su rentabilidad.
Al objeto de preservar la convivencia de ambas actividades, Alemania y Francia han aprovechado la tardanza de la CE en presentar su proyecto para poner en marcha sus propias legislaciones, movimiento que acaba de imitar Bélgica. Ahora Bruselas parece obligada a optar por una armonización de mínimos que no choque con esas incitativas. Y a ignorar parte de los temores expresados en la consulta pública.