El Gobierno sube un 2,3% los peajes del gas tras anunciar que los congelaba
Amortigua en 80 millones el creciente déficit de tarifa del sector La TUR del gas se mantiene invariable
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer tres reales decretos, dos de los cuales forman parte del desarrollo de la nueva Ley Eléctrica, así como la orden ministerial que establece los peajes de acceso del gas natural que regirán a partir del 1 de enero. Se trata, en el primer caso, de las respectivas metodologías para el cálculo de las retribuciones de las actividades de distribución y transporte de electricidad, y un tercer RD por el que se subsana el pago de 70 millones que se les ha cobrado indebidamente a las empresas de cogeneración en el impuesto de hidrocarburos al gas que se aplica desde el pasado 1 de enero. Esta medida, no ostante, necesitará un reglamento.
Pero la gran sorpresa de este paquete normativo navideño está en los peajes gasísticos, que , tanto fijos como variables, suben el 2,3%, cuando el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, había anunciado su congelación. De hecho, la propuesta de orden ministerial remitida a principios de diciembre a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ministerio de Industria proponía una subida del 0%, excepto las de dos grupos minoritarios (la 2.2 bis y la 2.3 bis), que suben un 10%.
La congelación de los peajes de acceso, pese al déficit de tarifa que arrastra ya este sistema, se justificó por las dificultades para estimar la evolución de la demanda este año y en espera de cómo queden los costes tras la reforma que va a abordar también Industria en el sector del gas. “En consideración a la incertidumbre existente en las previsiones de déficit, y habiéndose iniciado un proceso de análisis del marco regulatorio, se propone el mantenimiento de los peajes actuales a la espera de alcanzar mayor certeza sobre dichas cuestiones, momento en el que se actualizarían los peajes en el caso de que fuera necesario”, señalaba el texto remitido a la CNMC. Este preveía la posibilidad de realizar revisiones trimestrales de estas tarifas.
Con un déficit acumulado en 2012 de 818 millones y otros 399 millones previstos para 2013, el montante del año que ahora termina sería de 1.217 millones. Con la congelación anunciada, Industria preveía otro desfase de 413 millones de euros en 2014, con lo que a finales de ese año, se alcanzarían los 1.630 millones, en línea con las previsiones de sostenibilidad del sistema que realizó la CNE.
Pero, finalmente, el ministerio que dirige José Manuel Soria ha optado por una subida del 2,3%, que afectará especialmente a la industria que consume más del 50% del gas del país, con lo que logrará ingresar por peajes unos 80 millones y recortar en este mismo el déficit previsto. Además, la bajada del componente de la energía en un 3,2%, permite compensar la subida de los peajes, con lo que la tarifa de último recurso (TUR), a la que están acogidos 5,3 millones de usuarios, se mantendrá invariable. Claro que, de haberse congelado aquellos, la TUR del gas habría bajado un 1% en enero.
Dado el resultado de la reforma eléctrica, que se ha saldado con la intervención de la Cesur el pasado 20 de diciembre y la fijación de un precio intervenido para el primer trimstre, las empresas del gas temen que la historia se repita en su caso.
Las empresas, dispuestas a denunciar
El déficit de tarifa del gas natural empieza a convertirse en un serio problema. Sobre todo, porque no existe ningún mecanismo de cesión a terceros de la deuda con el aval del Estado como ocurría hasta ahora con las desviaciones de la tarifa eléctrica.
La decisión del Ministerio de Industria de congelar los peajes del gas a partir del 1 de enero, anunciada por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, el pasado 12 de diciembre, puso en sobreaviso a un sector dispuesto a denunciar en los tribunales una insuficiencia tarifaria que ha decidido el Gobierno y que se le puede ir de las manos (en 2014 se habrán acumulado 1.550 millones de euros). Máxime cuando sigue en el aire el futuro del almacén subterréno de gas Castor, que, de clausurarse, supondría un coste para el sistema de 1.700 millones de euros (esta inversión se pagaría en los peajes del gas).
Industria ha dado marcha atrás y, a la vista de que puede compensarlos con la reducción de los costes de la energía, ha decidido subirlos un 2,3% en la orden ministerial que ayer publicó el BOE y que es fácilmente recurrible.
Industria quiere abordar con rapidez una reforma del gas con la que se absorbería dicho déficit. Este reforma se traducirá en un recorte de los ingresos del gestor del sistema y transportista, Enagás, y las distribuidoras de gas. Las empresas han alertado sobre el peligro de una reforma que pueda poner en peligro la capacidad de crecimiento de un sector, cuyo grado de penetración en cuanto a puntos de suministro está 20 puntos por debajo del resto de Europa.
Además, sea cual sea la reforma, debe incluir una solución definitiva para Castor, consideran fuentes empresariales.
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