La cúpula de Pricewaterhouse Coopers irá a juicio por presunto fraude a Hacienda
La Fiscalía pide penas de entre 2 y 14 años para 61 socios de la firma Acusados de defraudar 40 millones de la vista de la filial de consultoría a IBM
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictado la apertura de juicio oral contra 61 socios de la firma Pricewaterhouse Coopers (PwC) para los que la Fiscalía pide penas de entre 2 años y 14 años y 10 meses de cárcel por defraudar presuntamente a Hacienda cuotas por valor de 40 de millones de euros en la operación de venta de la división de Consultoría a la firma IBM.
Los acusados para los que se pide la máxima pena son Miguel Fernández de Pinedo, expresidente de PwC y administrador único de PwC; y César Rodríguez Ramos y José María Tajadura, administradores solidarios de PwC Consulting. Para los tres se solicitan 14 años y 10 meses de cárcel y multas que superan los 100 millones de euros.
La acción penal también se dirige contra las sociedades Pricewaterhouse Coopers y sus divisiones Auditores, Asesores de Negocio y Jurídico y Fiscal así como contra IBM Global Services España (como sucesora de PricewaterhouseCoopers Consulting), como responsables civiles subsidiarias.
Los socios denunciados, que presuntamente defraudaron al erario público cantidades superiores a los 120.000 euros, tienen nacionalidades española, inglesa, francesa, irlandesa y austriaca.
Según el Ministerio Público, los hechos investigados son constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública Estatal y Foral Vasca, cuatro contra la Hacienda Pública Estatal, cincuenta delitos contra la Hacienda Pública Estatal, cinco delitos contra la Hacienda Pública Foral de Vizcaya y un delito contra la Hacienda Pública Foral de Álava.
Los delitos llevan aparejadas penas individuales que no superan los cinco años de prisión por lo que los acusados serán juzgados por el magistrado José María Vázquez Honrubia, titular del Juzgado Central de lo Penal.
La primera operación descrita por la Fiscalía Anticorrupción consistiría en que los socios de la PwC no habrían declarado 20,9 millones de euros en concepto de los bonus que percibieron en enero de 2002 como retribución por su trabajo en la operación de venta de PwC Consulting a IBM.
“Los socios omitieron constatar en su declaración de IRPF que tales cantidades eran rentas de trabajo y las incluyeron como parte del precio de venta de la División de Consultoría a IBM, con una tributación muy inferior a la correspondiente a la realidad de los hechos”, señala el escrito del Ministerio Público.
La venta, según la acusación pública, se produjo en octubre de 2002, por lo que en el momento en el que se percibieron los bonus (enero de 2002) “ni siquiera habían comenzado las negociaciones con IBM, las cuales comenzaron en el mes de julio”.
Paralelamente, las cuatro sociedades en las que los socios prestaban servicios omitieron practicar las retenciones debidas por IRPF correspondientes al rendimiento de trabajo percibido. Así, PwC Auditores dejó de ingresar a Hacienda 4 millones de euros, PwC Jurídico y Fiscal 1,65 millones, PwC Asesores de Negocio 848.869 euros y PwC Consulting 3,1 millones.
Los imputados, según Anticorrupción, habrían presentado la operación de venta como una operación de reestructuración empresarial a fin de defruadar otros 18,3 millones de euros correspondientes al Impuesto de Sociedades.
Como consecuencia de esta “operación simulada”, la Fiscalía señala que Pricewaterhouse Coopers --propietaria de la filial de Consultoría-- “transmitió a sus socios las participaciones de la División, siendo los propios socios de Pricewaterhouse Coopers y no la sociedad quienes formalmente vendieron la División a IBM”.
Posteriormente, los socios habrían declarado “indebidamente” en su IRPF las cuotas debidas por dicha venta “al aplicar la antigüedad de otros valores que no fueron los vendidos”. Como consecuencia de estas dos operaciones, se defraudaron presuntamente 12 millones de euros.
En una nota de prensa remitida a los medios PwC ha indicado que la vista “le permitirá demostrar que todas las actuaciones llevadas a cabo cumplieron escrupulosamente con la normativa vigente y respondieron a una operación mercantil real, transparente y legal”.
La compañía ha precisado que las acusaciones contra los 61 socios, muchos de ellos ya jubilados, “carecen de rigor y representan un caso flagrante de indefensión jurídica”. “Las cantidades recibidas por los socios fueron correctamente tributadas como incremento del patrimonio en sus respectivas declaraciones de IRPF”, agrega.