La energía renovable más antigua, en el aire
La minihidráulica advierte de que no puede asumir el coste de la nueva ley
Pablo García es uno de los muchos pequeños inversores que apostaron por la energía minihidráulica porque aseguraba unos ingresos económicos estables.
“Nos dedicábamos a realizar la parte eléctrica de las centrales, hasta que decidimos hacerlo para nosotros mismos por la seguridad que ofrecía el sector a futuro, pensábamos que iría a más, no a menos”, comenta.
Las 23 plantas de la empresa Barbo Renovables, de la que Pablo es socio, producen algo menos de 20 megavatios de electricidad repartidas por varias autonomías. Los márgenes eran justos, pero daban para mantenerlas. Hasta que empezó el baile de sucesivos recortes a las ayudas económicas a las renovables.
Ahora, el nuevo impuesto del 7% a la generación eléctrica, un nuevo canon del 2,2% a la minihidráulica y la desaparición del régimen especial contemplado en la reforma eléctrica del Gobierno está dejando sin recorrido a un sector en manos sobre todo de particulares, microempresas y pymes, que gestionan las 1.310 plantas de minihidráulica de las 1.907 en funcionamiento.
“Algunos son empleados de banco que por las tardes van a atender sus centrales”, comentan fuentes del sector. Las grandes hidráulicas, de más de 5 megavatios, gestionan 597 centrales, con el 93% de la potencia total instalada.
No es que la minihidráulica aporte mucho a la producción diaria de electricidad. Para hacerse una idea, del 9% que aportó la hidráulica al sistema en 2012, las pequeñas centrales representaron el 1,7%, algo realmente simbólico si se compara con el 18,2% de la eólica o el 4,4% de la solar.
Las cifras
10 megavatios es la potencia máxima instaladade las centrales minihidráulicas.
1.310 plantas de pequeña potencia están en funcionamiento en España. Las grandes gestionan 597 centrales.
Pero en ese desfase está precisamente la queja de la renovable más antigua en España, al tener que asumir la misma carga en los recortes y en los nuevos impuestos al sector eléctrico que las grandes, con más músculo para resistir el envite.
“Cuando se determinó el régimen de primas a las renovables, aún no se había inventado el déficit de tarifa, que nosotros no hemos generado porque el sector apenas ha crecido, se ha mantenido estable”, recuerda Jorge García Egocheaga, presidente de la Asociación de Productores de Energía Hidroeléctrica, la patronal que representa al 40% de los minihidráulicos.
Estas centrales asumirán este año un 12% más de impuestos, a los que tendrán que añadir nuevas cargas por el recorte a las primas que plantea la desaparición del régimen especial, aún pendiente de determinar. “Sin la tarifa del régimen especial, mi facturación se reducirá a la mitad, y cómo le digo yo al banco que voy a ganar la mitad”, explica García.
Estas minicentrales, paradas con la Guerra Civil y recuperadas progresivamente hasta la Ley de Aguas de 1985, que empezó a dar concesiones para ponerlas en marcha, reclaman además su papel en la creación de empleo en las zonas rurales, donde más se está notando el zarpazo del desempleo por la crisis económica.
Barbo Renovables, por ejemplo, da empleo directo a cinco personas, contratadas, y otras 25 personas trabajan a tiempo parcial en tareas de mantenimiento, vigilancia de las centrales, limpieza y reparación de los canales, y trabajos mecánicos. “No se dan cuenta de lo que están provocando, una pérdida de empleo en cadena en pueblos rurales, donde no hay alternativas de trabajo”, concluyen.
Caducidad de las concesiones
Las concesiones para operar plantas minihidráulicas que comenzaron a darse a mediados de los noventa por un plazo de 40 años empezarán a caducar en el año 2035.
“Algunas incluso antes, a partir de 2020 empezaremos a ver caducidades de concesiones”, señalan en la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA).
La norma exige la devolución de la planta en perfecto estado al término de la concesión, pero el ahogo financiero que vive el sector por los recortes puede hacer que “ni siquiera puedan pagarse las reparaciones necesarias”, según APPA.
A partir del año 2060 empezarán a caducar aquellas instalaciones que la Ley de Aguas de 1985 concedió durante un periodo de 75 años.