Editorial

Una ley de huelga ya, por favor

El Ayuntamiento de Madrid ha tenido que poner sus reales en la mesa para meter presión a las empresas encargadas de la limpieza viaria, y a los sindicatos que representan a unas plantillas que llevan nueve días de paro y han logrado que Madrid, el espejo del país para miles de visitantes, sea un deprimente basurero. Si en 48 horas no hubiere pacto, el Consistorio entregará la ejecución de los servicios mínimos, vulnerados cada día, a la empresa pública Tragsa, y cargará los costes en la cuenta de las concesionarias. Aunque la alcaldesa, Ana Botella, ha presionado porque la han presionado –desde su propio partido hasta la prensa internacional–, está por vez primera en su sitio desde que comenzó el conflicto, y debe mantener esa actitud ejecutiva y firme. La imagen de la ciudad está en juego.


Este conflicto, en el que como en todos los que afectan a los servicios públicos se toma como rehén al ciudadano, es el mejor ejemplo de que este país necesita ya una regulación estricta del derecho de huelga. Una norma que haga respetar el derecho a trabajar de quien quiera hacerlo, los servicios mínimos que se fijen y que obligue a la mesura a quien maneja los hilos del conflicto: ni se puede amenazar con recortes draconianos para reducirlos a la mitad después, ni se puede echar mano desde el primer día de una huelga indefinida.

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