López Abad sigue en prisión mientras Gil sale bajo fianza de 400.000 euros
Roberto López Abad en una imagen de archivo de cuando era director general de la CAM.
Roberto López Abad en una imagen de archivo de cuando era director general de la CAM.

La trama de Curaçao debía 136 millones a la CAM cuando la caja fue intervenida

La Guardia Civil cree que los créditos dconcedidos llegaron alcanzar 162 millones

En julio de 2011, cuando fue nacionalizada por el Banco de España y posteriormente recapitalizada con fondos públicos, la Caja de Ahorros del Mediterráneo seguía manteniendo un cuantioso saldo de préstamos vivos a la presunta trama societaria que parte de su cúpula urdió junto a dos empresarios valencianos para evadir impuestos por sus negocios hoteleros en el Caribe. Valfensal, la empresa matriz desde la que según la investigación de la Audiencia Nacional se adquirieron una serie de sociedades pantallas en paraísos fiscales, no solo estaba participada al 30% por la malograda caja de ahorros alicantina, sino que encontraba en ella su principal fuente de financiación. Según las cuentas de la compañía, a las que ha tenido acceso este periódico, la firma adeudaba 136,5 millones de euros a la entidad al cierre de 2010.

Según el auto emitido por el juez Javier Gómez Bermúdez ordenando su detención, los empresarios José Salvador Baldó y Juan Vicente Ferri, tenedores del 70% restante de Valfensal, “planificaron la adquisición de la sociedad (...) con el objetivo fundamental de utilizarla como vehículo a través del cuál obtener la financiación necesaria por parte de la entidad CAM”. Se valieron para ello, según el auto, de su relación con el exdirector de la entidad Roberto López Abad, el que fuera responsable del área inmobiliaria Daniel Gil y el entonces encargado de la inversión hotelera e internacional César Véliz. Los tres exdirectivos de la caja llegaron “al extremo de monopolizar la información sobre el grupo e imponer sus decisiones sobre participación de la CAM en el capital social de Valfensal, así como sobre financiación y política de reparto de dividendos de esta sociedad”, sostiene el juez.

De esta forma, añaden los investigadores de la Guardia Civil, entre 2004 y 2011 el entramado empresarial fue “beneficiario de varios préstamos que superaban el importe de 216 millones de dólares (162 millones de euros), concedidos para la compra de dos hoteles y varios suelos hoteleros en México, República Dominicana y Costa Rica, para su posterior explotación”. Una inversión que permitió a la trama ingresar unos 333 millones de dólares (249 millones de euros) en siete años y eludir el pago de impuestos a Hacienda por valor de al menos 43 millones de dólares (32 millones de euros) solo entre 2007 y 2011.

Ante el riesgo de que los sospechosos se fugaran a Curaçao (antiguas Antillas Holandesas), donde estaba implantada su sociedad pantalla Jacksonport, el juez Gómez Bermúdez ordenó este miércoles la detención de los tres exdirectivos de la caja y los dos empresarios, con desigual suerte.

Baldó y Ferri, accionistas mayoritarios de Valfensal, no habían sido arrestados aún el viernes al encontrarse fuera del país. Véliz, exresponsable del negocio internacional de CAM, fue liberado por su parte el jueves tras prestar declaración ante el juez aunque permanece imputado. Tanto el exdirector general de la caja como el responsable del área empresarial, sin embargo, fueron enviados esa miasma noche a la prisión de Soto del Real. Gil, no obstante, salió en libertad el viernes tras abonar la fianza de 400.000 euros que le impuso el juez. Este le impuso, eso sí, la obligación de comparecer quincenalmente en los juzgados más cercanos a su domicilio, le ha prohibido abandonar el territorio nacional y le ha retirado el pasaporte, informó Efe.

López Abad seguía intentado reunir el viernes los 1,5 millones a los que asciende su fianza. Un reto difícil teniendo en cuenta que el exresponsable de la caja tiene ya embargado buena parte de su patrimonio por la fianza solidaria de 27 millones que el juez ya les había impuesto anteriormente a él y a otros cuatro exdirectivos de la CAM por la causa general que investiga la debacle de la caja.

Esta es de momento la situación de las cinco personas a las que ordenó detener el juez Gómez Bermúdez, si bien la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil terminó deteniendo a otros seis sospechosos. El juez liberó sin cargos el viernes al abogado de Garrigues que asesoró a la trama (ver despiece) y ya el jueves había dejado en libertad, aunque imputados, Vicente Sánchez, responsable de la filial de CAM que participaba en Valfensal, y a Francisco Climent, responsable económico de esta firma.

En libertad sin cargos el asesor fiscal de Garrigues

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez decidió el viernes dejar en libertad sin cargos a Jaime Escribá, el asesor fiscal del bufete Garrigues que ayudó a diseñar la estructura empresarial supuestamente fraudulenta que rodeaba a la CAM. En su auto, el juez sostenía que “el asesor fiscal perteneciente al despacho Garrigues, era consciente de que la estructura administrativa que los representantes de la sociedad Jackson- port alegaban poseer en territorio antillano podía ser una mera cobertura, no obstante lo cual elaboró dos informes jurídicos defendiendo su legalidad” y definió “la estructura societaria de la que se valdría Valfensal para eludir sus obligaciones fiscales en España”. Desde Garrigues aseguran que sus informes “lejos de defender la legalidad de la estructura fiscal planteada (...) advirtieron con toda claridad” de los “riesgos fiscales”.

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