¿Otro modelo de pensiones?
El 1 de enero próximo entrará en vigor la nueva fórmula para actualizar las pensiones. El nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones se basará fundamentalmente en tres indicadores: Déficit Estructural de la Seguridad Social (diferencia entre ingresos y gastos de la Seguridad Social), IPC (inflación media) y el ciclo económico (diferencia entre altas y bajas de la Seguridad Social).
Para el Cálculo de dicha Fórmula han abogado por tomar en cuenta once años (seis antes y cinco después), con el fin de suavizar el impacto. En cualquier caso, han fijado que las prestaciones, como mínimo, subirán un 0,25%, y como máximo el IPC + 0,25%.
Ante esta situación solo se han valorado tres opciones. Por un lado, el incremento de las cargas impositivas, con el fin de pagar las prestaciones de jubilación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o subir las Cotizaciones Sociales. En segundo lugar, incrementar el número de afiliados, retrasando la edad de jubilación o ampliando la tasa de población activa. Y, por último, mediante la disminución de las pensiones medias, tanto en términos reales como en relación con el último salario cobrado.
Es evidente que debido a la situación actual es necesaria una reforma de las pensiones urgente con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema. Aún más teniendo en cuenta que España es un país en el que las pensiones públicas cubren más del 80% del salario medio de los ciudadanos, frente al 42% de la media de la OCDE; que el 27% del gasto total en pensiones procede de la actualización con los precios de consumo; y que en 2012 el patrimonio del Fondo de Reserva de la Seguridad Social cerró con caídas por primera vez en su historia, al pasar de 66.815 a 63.008 millones de euros, tras tener que usar 7.000 millones para garantizar el cobro de las pensiones. Cifra que, gracias a los rendimientos que el Fondo obtuvo de sus inversiones, se quedó finalmente en 4.000 millones.
Ahora bien, la finalidad de cualquier reforma de pensiones no debería llevar consigo la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas. Como alternativa a la reforma de pensiones, podría producirse una modificación del sistema basado en los siguientes parámetros:
-Mínimo garantizado: con el fin de mantener la solidaridad del sistema actual, o lo que corresponde a las pensiones no contributivas. Reconocimiento a todos los ciudadanos que lleguen a la edad de jubilación y hayan vivido en su territorio durante un mínimo de años, unos ingresos mínimos. Dicha cuantía sólo se percibiría si no hay otras fuentes de ingresos y para aquellos con pensiones muy bajas a través de la dotación de complementos.
-Cuentas nocionales: el trabajador tendrá derecho a recibir durante su jubilación el equivalente a lo que ha cotizado. Cuando el trabajador alcance la edad de jubilación se calcula cuántos años le quedan de vida, que sumadas a las aportaciones realizadas al sistema se obtendrá la pensión media en función de ambas variables. Se trata de un modelo totalmente de reparto, equitativo en función de lo cotizado.
-Sistema de revalorización constante: la revalorización anual de las pensiones se relaciona con la subida de los salarios, en una especie de equilibrio inter-generacional: si incrementan los ingresos de los cotizantes, también lo harán los de aquellos que viven de sus cotizaciones y viceversa. Con esto se garantiza la ‘no pérdida’ del poder adquisitivo.
-Cuentas individuales: un porcentaje del salario de los trabajadores irá destinado a estas cuentas. Con esa cantidad, pueden invertir en los diferentes fondos o productos existentes, o, si lo prefieren, en un fondo público, gestionado por el Gobierno, y que invierte con criterios más conservadores. Cada persona puede distribuir su dinero entre varios fondos y cambiar a lo largo del año. Las compañías tienen la obligación de informar a sus clientes de sus tarifas y comisiones, así como de su filosofía de inversión. Los fondos estarían divididos en categorías, en función del riesgo de sus inversiones. A partir de la edad fijada se puede empezar a cobrar el dinero acumulado permitiéndose asociar beneficiarios. En esencia, es un modelo capitalización, con algunas restricciones en cuanto a retirada de fondos o beneficiarios.
-Gestión privada de los fondos: externalizar la gestión del Fondo a manos profesionales especializados en la gestión de activos y diversificación de la cartera, en la actualidad concentrada en un 97% en deuda pública española. Aun manteniendo el estilo extra conservador del fondo de pensiones español, una gestión privada podría haber triplicado las ganancias obtenidas el año pasado. De hecho, mientras que la rentabilidad de Fondo de Pensiones fue del 4,2% en 2012, el rendimiento medio obtenido por los diez grandes fondos de inversión de deuda pública de la Eurozona de venta en España fue del 10,2%, según los datos de Morningstar, casi el triple de lo logrado por el Fondo de Reserva. Esto hubiera convertido los 63.008 millones de euros con los que el año pasado el fondo cerró en 67.065, lo que podría haber permitido acabar 2012 con un aumento patrimonial, incluso descontando los 7.000 millones a los que recurrió el Fondo para pagar las pensiones. Todo ello iría ligado a una Política de Información, Claridad y Transparencia con periodicidad Anual, indicando los haberes tanto de la Cuenta Nocional como de la Cuenta Individual. El trabajador conocerá con precisión la cuantía de la pensión que le quedaría, en función también de a qué edad elige retirarse. Es el trabajador el que decide, dentro de unos límites, si prefiere jubilarse antes con una pensión más reducida o ahorrar algo más y retrasar el fin de su vida activa.
España no aplicará por completo el factor de sostenibilidad de las pensiones hasta 2019. Entonces, se prevén 9,8 millones de pensiones, 800.000 más que ahora, lo que exigirá un récord de afiliación de cerca de 20 millones de cotizantes. No podemos obviar que se necesitan al menos dos ocupados por cada pensionista para que el sistema esté en equilibrio.
Es preciso informar a todos aquellos pensionistas que comiencen a cobrar entre el 2019 y el 2029, que su Pensión se verá mermada en un 5,8% en relación a la que cobraría en la actualidad. Dichas disminuciones se irán acumulando en el transcurso de las décadas, lo que supondrá que a partir del 2050, los nuevos jubilados tendrán derecho a una pensión aplicando un factor corrector del -22%.