Las pymes desaprovechan las deducciones medioambientales
La falta de recursos lastra la aplicación de las deducciones verdes en las pequeñas y medianas empresas.
Ser una empresa petrolera, una maderera o dedicarse a la gestión de aguas residuales con más de 250 empleados garantiza una rebaja en el impuesto de sociedades. La industria extractiva, la energía y el agua coparon en 2010 las deducciones en este impuesto por inversiones relacionadas con el medio ambiente que vayan más allá de la obligación legal de protección del entorno. En total, estos sectores rozaron los nueve millones de rebaja en este tributo en 2010, según los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria.
Ahora bien, las pequeñas y medianas empresas están teniendo más dificultades que las grandes compañías para beneficiarse de estas desgravaciones activas desde 1997 que han ido abriéndose a múltiples sectores.
En 2010, las grandes empresas absorbieron 7,8 millones de euros en desgravaciones respecto a los 14 millones de euros de deducciones por inversiones en medio ambiente. Las compañías medianas, de hasta 250 empleados, pudieron desgravarse un millón de euros, y las pequeñas (entre 10 y 99 empleados) se beneficiaron de rebajas impositivas por valor de tres millones.
“Las pequeñas empresas tienen menos recursos y mayor desconocimiento, no suelen saber cómo utilizar este tipo de deducciones”, comenta José María Cobos, asociado principal del despacho de abogados Garrigues. A ello se suma el tijeretazo a esta deducción entre 2006 y 2010 y el hecho de ser una de las desgravaciones fiscales menos cuantiosas de las previstas en el impuesto de sociedades.
La rebaja del 35% al 30%, que se aplicó en el impuesto de sociedades en 2006, introdujo la eliminación progresiva de las desgravaciones por inversiones medioambientales, que pasaron del 8% en 2006 al 2% en 2010.
De los 34 millones de euros que se desgravaron las empresas por inversiones verdes en 2009, entonces al 4%, el 65% correspondieron a grandes compañías. Un año antes, estas deducciones fueron del 6% y de los 58 millones de euros de deducciones, el 55% las aplicaron empresas con más de 250 empleados.
“La cuestión que se pone encima de la mesa es si en la próxima reforma tributaria se rebajará el impuesto de sociedades y se eliminarán las deducciones”, comenta un experto. Una reducción de tipos beneficiaría más a las pymes.
Mientras, la Ley de Economía Sostenible aprobada en 2011 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero devolvió el margen de deducciones por inversiones medioambientales al 8%. Ahora, la nueva Ley de Emprendedores recién aprobada ha mantenido intacta esa horquilla.
Pueden deducirse por inversión medioambiental todas las empresas que eviten o reduzcan la contaminación atmosférica o acústica procedente de instalaciones industriales, impidan o disminuyan la carga contaminante que se vierta a las aguas superficiales, subterráneas y marinas y aquellas que favorezcan la reducción, recuperación o tratamiento correctos de residuos industriales propios.
Cualquier otra inversión ambiental, aunque tenga un beneficio directo sobre el medio ambiente, como ahorro energético, inversiones para la fabricación de productos menos contaminantes o la construcción de un parque eólico, no pueden acogerse a este tipo de deducciones. “La norma favorece aquellas inversiones que no se limitan a la ley, sino que van más allá”, puntualiza Cobos.
Con la crisis, el desfase entre grandes y pequeñas empresas se está acentuando en el acceso a este tipo de desgravaciones porque solo las de más de 250 empleados tienen pulmón y tesorería suficientes para invertir en mejoras que beneficien el entorno. Además, el goteo de pérdidas económicas que está sufriendo la pequeña y mediana empresa agota la vía de solicitar este tipo de deducciones.
“Quieren ahorros inmediatos y si tienen recursos propios no los invierten en este tipo de medidas”, matizan los fiscalistas. Los especialistas concluyen que en este momento se está desaprovechando esta vía de ahorro. Al momento de crisis se suma la complejidad técnica cuando hay que analizar la actividad de una compañía para saber si tiene acceso a estas desgravaciones. “Prácticamente todo puede estar relacionado con el medio ambiente, aunque hay sectores paradigmáticos, como el gas, el automóvil, las constructoras y cementeras”.
Otro escollo es que estas deducciones, compatibles con las que conceden las autonomías, deben ser aprobadas por las Administraciones regionales, lo cual ralentiza y hace más complejo todo el proceso.
Los autonómicos, también infrautilizados
El año 2012 cerró con la existencia de 42 tributos ambientales, un salto considerable respecto a 1995, cuando solo existía un impuesto verde en Galicia, creado para gravar las emisiones de las industrias más contaminantes.
Pero la retahíla de gravámenes verdes no contempla apenas deducciones. Las autonomías solo reconocen cuatro categorías en las que se aplican desgravaciones por inversiones que supongan mejoras para el medio ambiente. Las superficies comerciales, la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, los vertidos al litoral y el transporte de electricidad e instalación de comunicaciones. Las empresas que realicen inversiones para mejorar el impacto de su actividad en estas áreas pueden optar a desgravaciones del 20% al 100% del impuesto autonómico.
La creación de nuevos tributos autonómicos ha ido creciendo al ritmo de la necesidad de las autonomías de llenar las arcas públicas. En Asturias, por ejemplo, se creó un nuevo impuesto en 2002 para gravar la compra de nuevas áreas y centros comerciales. Al año siguiente, este gravamen se amplió a dos, y al siguiente el Gobierno regional contaba con cuatro tributos.
La recaudación ha ido creciendo al ritmo de estos nuevos impuestos. En 2002 se recaudaron 41 millones de euros en concepto de impuestos ambientales. El año pasado esta cifra creció hasta los 206 millones, según datos de Hacienda y de los presupuestos autonómicos.
