La Audiencia deja fuera del caso a quien compró 'bankias' tras salir a Bolsa
Los accionistas que compraron participaciones de Bankia después de su estreno bursátil el 20 de julio de 2011 no podrán personarse como acusación en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional, que considera que la entidad no es responsable de esas adquisiciones.
“No puede predicarse una responsabilidad de la entidad querellada que se prolongue sin solución de continuidad a cualesquiera modos de adquisición de acciones que no sean las realizadas hasta el 20 de julio de 2011, fecha de la salida a Bolsa de Bankia”, señala la sección tercera de la sala de lo penal de ese tribunal en un auto al que ha tenido hoy acceso Efe.
Los magistrados rechazan de este modo un recurso de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) contra una resolución anterior del juez Fernando Andreu, que admitió su personación en la causa, pero condicionó la de sus miembros a que demostraran haber comprado sus acciones antes de la citada fecha.
El tribunal considera que la “extensión” de la causa a las operaciones de compraventa de acciones ocurridas tras la Oferta Pública de Suscripción (OPS) que finalizó el 20 de julio de 2011 “es inaceptable por comprender situaciones que exceden los márgenes del objeto de la inicial querella y del sentido de la proporción”.
AEMEC pretendía incluir las compras realizadas hasta el 9 de mayo de 2012, cuando la entidad fue nacionalizada tras la dimisión de su presidente, Rodrigo Rato, pero la sala dice que ese periodo “integra adquisiciones de acciones fuera de la relación directa o inmediata con Bankia, sin que por ello quepa atribuir a los adquirentes la calidad de perjudicados legitimados para el ejercicio de la acusación particular”.
El auto da la razón al juez Andreu y a la Fiscalía, que vienen denegando sistemáticamente la personación de quienes compraron acciones tras la OPS alegando que en el momento en el que la entidad comenzó a cotizar “la información es igual para todos los inversores y el precio -muchas veces inferior al de la OPS- lo fija libremente el mercado, atendiendo a circunstancias de toda índole, muchas ajenas a la propia entidad”.
“Las pérdidas derivadas del descenso en la cotización de las acciones de Bankia no se diferenciarían de las que sufriría cualquier otra compañía cotizada en similares circunstancias”, señalaba el magistrado en un auto notificado el pasado 30 de septiembre.
También la Fiscalía Anticorrupción considera que la situación de estas personas “no es asimilable a la de los que adquirieron las acciones el 20 de julio (de 2011)”.
“La adquisición de acciones en julio de 2011 vino precedida de una amplia campaña publicitaria y de una intensa actividad de captación de clientes y de 'recomendación' de los valores en las distintas oficinas de las cajas integradas en BFA/Bankia, algo que no sucede con posterioridad”, añadía el fiscal en un informe fechado el pasado día 7.
El Ministerio Público pedía así que se rechazara el recurso de uno de los accionistas que habían llevado la batalla hasta la instancia superior a Andreu, la sala de lo penal.
Quienes compraron títulos de Bankia en bolsa aseguran que su capacidad para conocer el precio real de las acciones de la entidad estaba “alterada” por “contabilidades creativas, existiendo una imposibilidad real de conocer cual era la situación patrimonial real de la cotizada”.
“Cuando mis representados adquirieron las acciones de la cotizada, no se sabía, realmente, a cuanto iban a ascender las pérdidas”, decía el abogado de uno de ellos en su recurso, en el que añadía que la entidad iba a ser intervenida y que, “para haber evitado los desastres posteriores en la cotización y capitalización de la misma”, se debería haber suspendido su cotización.
En la fecha de su salida a bolsa Bankia contaba con 347.000 accionistas y solo tres meses después ese número había crecido en 24.000, hasta los 371.000, según datos de la propia entidad, que señala que en fechas cercanas a la nacionalización la cifra estaba en torno a los 350.000.