Las negociaciones por la deuda en EE UU entran en su semana crucial
El pulso entre republicanos y demócratas y el cruce de reproches no cesan en EE UU mientras el país afronta ya su sexto día con buena parte de la administración federal cerrada, debido a la falta de acuerdo sobre un presupuesto. Este no se espera hasta dentro de unos días: la última vez que se produjo una situación similar, en agosto de 2011, el acuerdo entre republicanos y demócratas llegó apenas 11 horas antes del toque de campana.
El portavoz de los republicanos en el Congreso, John Boehner, ha asegurado que está "deseando sentarse y mantener una conversación con el presidente". Y añadió que "la negativa de barack Obama de negociar está poniendo al país en riesgo". El secretario del tesoro, Jack Lew, ha asegurado por su parte que "el Congreso está poniendo al país en riesgo.
Actualmente, el Gobierno está cerrado. Es decir, el Tesoro de Estados Unidos no tiene capacidad legal para gastar dinero. El Gobierno federal solo puede hacer frente a los gastos de servicios esenciales, como sanidad, ayudas a la alimentación, control aéreo, seguridad ciudadana o pensiones, además de las nóminas de los militares (según un decreto aprobado con urgencia este fin de semana) o las actividades que no se financien vía presupuestaria.
'Obamacare'
Las actuales diferencias tienen mucho que ver con el llamado Obamacare, el plan del presidente para llevar la sanidad a toda la población. La reforma, que pretende ampliar la cobertura sanitaria a unos 40 millones de estadounidenses que hoy carecen de seguro, está considerada por una mayoría de republicanos como un plan ruinoso y una injerencia intolerable en los derechos individuales porque obliga a todos, so pena de multa, a contratar un seguro privado. El presidente Obama y el Partido Demócrata sostienen, por su lado, que la aprobación de fondos para el funcionamiento de la administración central y el aumento de la deuda nacional son obligaciones del Congreso que no pueden vincularse con el repudio de la ley de salud de 2010.
La ley, argumentan, está en vigor después de haber sido aprobada por el Congreso, promulgada por el presidente, validada por el Tribunal Supremo, y nuevamente refrendada por el pueblo estadounidense en las últimas elecciones presidenciales en las que el candidato republicano, Mitt Romney, que hizo bandera de su abrogación, resultó derrotado.
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