“La futura ley de profesionales nos hará retroceder 30 años”

Desde que el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales fue llevada a Consejo de Ministros, las protestas de unos y otros colegios se han sucedido. En el caso de los procuradores, cuyo Consejo General acaba de remitir un informe con su opinión sobre el texto al Ministerio de Economía y Competitividad, ya son 60.000 los escritos de rechazo enviados a título personal al departamento que dirige Luis de Guindos. El presidente de los procuradores españoles desgrana, con cifras en la mano, las razones por las que el colectivo reclama una modificación del anteproyecto.

Pregunta. El rechazo de los procuradores al anteproyecto de ley que liberalizará los servicios profesionales es tajante. ¿Cuáles son sus argumentos para oponerse al texto?

Respuesta. Nosotros no podemos discutir, sino apoyar, al Ministerio de Economía al querer liberalizar los mercados y modernizar la economía. Pero cuando se aborda una reforma hay que ser cuidadosos, porque a veces para arreglar un problema se crea otro. La justicia española tiene problemas, pero también tiene aspectos que funcionan bien. Las notificaciones –casi 50 millones al año– de los tribunales a los procuradores se producen prácticamente sin incidencias. Quebrar esa eficiencia e implementar algo más costoso no es una buena idea.

P. Pero el texto se ha presentado como fruto de los requerimientos de la legislación europea.

R. Sí, el ministerio alega que se trata de un tema comunitario. Yo soy consciente de que la UE presiona para liberalizar el mercado de servicios profesionales y me parece muy bien. Pero nosotros también tenemos información sobre Europa y sabemos que no hay nada en esas indicaciones que se refiera a los procuradores en el sentido que recoge el anteproyecto, sino todo lo contrario.

P. ¿Cuál es la principal modificación que introduce el texto respecto a la profesión?

R. En líneas generales establece que los abogados podrán realizar las funciones de representación que ejercen los procuradores, aunque no la función pública. Los procuradores, a su vez, pueden llevar la defensa, además de la función pública y la representación. No se trata de una buena reforma, porque nos retrotraerá a 30 años atrás.

P. ¿Por qué?

R. Voy a darle unos datos. Solo por vía telemática, el año pasado se realizaron 20 millones de notificaciones. De ellas, el 99% fueron recibidas por procuradores; el resto por la Fiscalía, abogados del Estado y hay unas 1.300 recibidas por abogados. Si lo que propone Economía sale adelante, a los 10.000 procuradores que estamos dados de alta en el sistema telemático de notificaciones se unirán 140.000 abogados. El sistema no tiene capacidad para semejante avalancha. Para que todos los procuradores hayamos conseguido el acceso ha hecho falta esperar nueve años.

P. ¿Y en el caso del papel?

R. Más de la mitad de los 50 millones de notificaciones que los procuradores recibimos al año corresponden a Madrid y son todavía en papel. Los 67 colegios de procuradores tienen sus propias instalaciones para recibir esas notificaciones. Eso mismo, trasladado al enorme colectivo de abogados de Madrid, supondría habilitar otras instalaciones. Además, en los salones de notificaciones de los procuradores, los empleados los pagamos nosotros. Si los abogados no están dispuestos a sumir esos costes, tendrá que hacerlo la Administración. Pero aún en el caso de que estén dispuestos, ¿cuánto cree que se puede tardar en poner todo esto en marcha? El texto dice que la medida no entrará en vigor hasta que los abogados tengan instalaciones y acceso al sistema. Ello provocará retrasos y perjudicará a la administración de justicia.

P. ¿Qué opina el Ministerio de Justicia de todo esto?

R. Justicia conoce estos problemas y los entiende. Lo que reclamamos ahora es un diálogo con el Ministerio de Justicia sobre el texto, queremos que se siente con nosotros a hablar de todas estas cuestiones. Porque los perjuicios de este anteproyecto no son solo para nosotros, son también para los ciudadanos.

“Sin seguridad jurídica, no hay inversión”

Los procuradores descartan la posibilidad de que la reforma que plantea Economía sea un primer paso hacia una futura fusión de las profesiones de abogado y procurador. “Yo pienso que no. A nosotros no nos interesa ni creo que interese a los abogados”, señala Esteve. El presidente del Consejo General de Procuradores insiste en la necesidad de abrir una línea de diálogo con el Ministerio de Economía. “Nosotros calculamos que en total, contando procuradores, empleados y familias, son casi 100.000 las personas afectadas directamente por este anteproyecto. Hemos puesto a disposición de los ciudadanos nuestros medios telemáticos y ya llevamos 60.000 escritos dirigidos al Ministerio de Economía manifestando oposición al texto”. Esteve recuerda que el derecho a la justicia es un derecho fundamental y que “no todo puede someterse a un criterio económico”. Para el presidente de los procuradores españoles, la seguridad jurídica debe primar a veces sobre los criterios económicos. “Y aquí es importante matizar que lo jurídico no es lo judicial. Lo jurídico puede ser objeto de regulación económica; mientras que en lo judicial eso es importante, pero no es lo primero. Tanto es así que la seguridad jurídica juega un papel importantísimo en la economía. Sin seguridad jurídica, no hay inversión”.