La futura norma distingue entre abogado y asesor jurídico
Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacia.
Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacia.

Los abogados rechazan la división de la profesión aprobada por el Gobierno

El Consejo General de la Abogacía ha manifestado hoy su “más rotundo” rechazo a la aprobación del anteproyecto de ley de Colegios y Servicios Profesionales porque lo cree un intento de dividir la profesión del letrado entre abogado y asesor jurídico, lo que no precisará de colegiación obligatoria.

Según denuncia la Abogacía en un comunicado, esta ruptura redunda en perjuicio del ciudadano y de la calidad de los servicios que hasta ahora son prestados por abogados colegiados.

Provocará además, según destaca el comunicado, la falta de seguridad jurídica y la pérdida de la confianza de los ciudadanos en los asesores jurídicos, que carecerán de la garantía que ofrece la exigencia formativa de los abogados y su incorporación a un Colegio de Abogados, que controla la aplicación de las normas deontológicas y profesionales.

El Consejo General de la Abogacía Española censura también la falta de interlocución entre el Ministerio de Economía y Competitividad y las instituciones colegiales para la elaboración del anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, aprobado ayer en Consejo de Ministros.

A su juicio, este anteproyecto introduce confusión en numerosos problemas, crea problemas que no existían, instaura el poder de intervención de la Administración central, invade competencias autonómicas y recorta grave e innecesariamente la autonomía e independencia de las organizaciones colegiales, con un régimen de tutela y control propio de épocas pasadas.

La Abogacía manifiesta no obstante su conformidad con una reforma de los Colegios y Servicios Profesionales que mejore su cercanía a la sociedad y garantice la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero critica que haya habido diálogo y negociaciones con los afectados antes de la aprobación del anteproyecto de ley.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el impacto económico que tendrá este proyecto de ley superará a medio y largo plazo los 7.000 millones de euros.

Añadió que esta ley forma parte del plan de reformas del Ejecutivo y ha añadido que responde a las recomendaciones de la Comisión Europea, del FMI y de la OCDE.

 

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