Una reforma energética contra la industria
El elevado precio de la energía eléctrica en España es un factor de coste que merma la competitividad y tiene importantes repercusiones en diversos sectores económicos para los que es una materia prima imprescindible. Es el caso de nuestra industria básica, para la que ésta supone del 10% al 45% del coste de producción.
Desde MCA-UGT hemos seguido el mal llamado proceso de liberación del sector eléctrico, tras la aprobación de la Ley 54/1997, y denunciado sus efectos negativos sobre nuestro sector industrial y sobre sus trabajadores. Las políticas de los sucesivos gobiernos no han servido para lograr un mercado energético eficiente y competitivo, el objetivo fundamental: tener acceso a una tarifa eléctrica competitiva. España forma parte del grupo de países con precios más elevados dentro de la UE, frente a otros como Finlandia, Francia o Suecia que están por debajo de la media, o Alemania, que con ayudas fiscales a las empresas electrointensivas, también tiene acceso a una tarifa menor que la de nuestro país (10 €/MWh más caro en España que Alemania). El esfuerzo de nuestras empresas para adquirir electricidad es casi un 15% superior a la media de la UE y somos una isla energética sin interconexión con los países de la zona euro: la capacidad es del 3% frente al 10% recomendado por la UE.
MCA-UGT se movilizó en 2012, junto al resto de integrantes del sector, ante el anuncio del Gobierno de su intención de no mantener la denominada interrumpibilidad, regulada por la Orden ITC/2370/2007 de 26 de julio, aunque finalmente recurrió a ella tras aprobar una nueva orden ministerial. Otra medida que ha perjudicado a la competitividad de nuestra industria ha sido la aprobación del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, que ha significado un nuevo aumento de costes al incrementar la carga impositiva de la producción eléctrica un 7%, muy por encima del tipo mínimo de la UE.
MCA-UGT viene denunciando el proceso de desmantelamiento industrial en nuestro país (en 1995 la industria suponía el 20% del PIB, hoy es el 13%), situación que empeorará tras una nueva modificación del marco legal del mercado eléctrico: el Real Decreto-Ley 9/2013 de 12 de Julio y la nueva Orden Ministerial (aún pendiente de aprobación), que modifica nuevamente el sistema de asignación del servicio de interrumpibilidad. Esta regulación supone un nuevo ataque a nuestra competitividad y ha sido realizada a espaldas de los agentes sociales y de las recomendaciones de la UE, que marca como objetivo alcanzar el 20% de participación de la industria en el PIB de cada país. “Contar con unos precios de energía competitivos y un abastecimiento seguro con políticas equilibradas, sin favorecer a unas en detrimento de otras” es fundamental para lograrlo, como dice el Plan de Acción para una Industria de acero competitiva y sostenible en Europa. Es curioso que nuestro Ministerio de Industria diga que apoya dicho Plan Tajani en los distintos foros, cuando lo contradice con los hechos.
La modificación legislativa introduce nuevamente incertidumbre en la industria básica española, poniendo en riesgo las inversiones previstas para nuestras plantas, lo que supondrá que los inversores preferirán hacerlo en países de nuestro entorno, con políticas energéticas definidas y estables. La entrada en vigor de la última modificación del Gobierno constituirá un nuevo ataque al servicio de la interrumpibilidad, al reducir en 200 los 748 millones de euros comprometidos como compensación de la gestión realizada por nuestras empresas electrointensiva. Además, esta reforma estipula un nuevo sistema de asignación, un sistema de subasta del que se desconoce tanto el volumen anual que el estado pondrá en el mercado como el precio de partida, que dependerán de la voluntad política. El actual gobierno ha demostrado reiteradamente su voluntad contraria a la industria. Nosotros seguimos abogando por realizar una profunda reforma energética, pero hecha a favor de la industria y no en su contra, y cuyo objetivo sea reducir el coste de la energía eléctrica dentro de una autentica política energética europea. Las medidas que se adopten no pueden poner en peligro el futuro de nuestra industria, que dota de fortaleza a nuestra economía, debe garantizar la competitividad de nuestro sector, como máxima garante del mantenimiento del empleo, estable y de calidad. Las decisiones del gobierno no pueden poner en peligro el esfuerzo de los trabajadores y las empresas.
José Ignacio San Miguel es responsable de Siderurgia y de las Industrias de energías renovables de MCA-UGT