Tribuna

Fraude a todo gas

El viernes, 20 de septiembre, se hizo público un Informe de la Comisión Europea en el que se estimaba anualmente en 16.000 millones de euros el fraude fiscal de IVA en España. Se trata de un problema importante y, una parte del mismo se debe al fraude en los combustibles. Aunque todos identifiquemos las gasolinas con los impuestos especiales, obviamente los hidrocarburos también deben pagar IVA, y aquí hay un importante nido de fraude a través de tramas organizadas. A finales de junio, la Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, desmantelaba una trama de este tipo bajo la dirección del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. La operación, denominada Walkers, supuso la detención y puesta a disposición de la justicia de unas 20 personas, fundamentalmente, en Cataluña y Andalucía; mientras en Cataluña se encontraban los cerebros de la trama, vinculados a una conocida empresa del sector, en Andalucía estaban las empresas constituidas por aquellos a través de testaferros que cometían, materialmente, el fraude del IVA devengado en la venta a gasolineras y almacenes fiscales de hidrocarburos (como técnicamente se denomina a los distribuidores de gasóleo a domicilio). Los impuestos especiales se pagan a la salida de fábrica (refinería) o depósito fiscal donde se almacena el producto por los titulares de dichas instalaciones. Sin embargo, los operadores petrolíferos, es decir, los compradores mayoristas de productos petrolíferos en los depósitos fiscales, compran con exención de IVA; por tanto, sin pagar el impuesto. Posteriormente, estos operadores tienen que ingresar, con sus declaraciones periódicas, el IVA devengado en las ventas a las gasolineras. Si no lo hacen, el volumen de fraude adquiere unas dimensiones considerables, y la mayoría de las veces irrecuperable en su integridad, acabando como en la operación Walkers en paraísos fiscales.

Si introducimos en Google las palabras “fraude IVA hidrocarburos” encontraremos datadas en los últimos quince meses otras tres operaciones: operación Bashnya, que defraudó 120 millones de euros con importantes ramificaciones en otros sectores que servían para blanquear el dinero obtenido, y las operaciones Hidro y Raspa, por unos 10 millones de euros cada una de ellas. Cuando existen tantas tramas de fraude en el sector, es evidente que existen fallos de regulación.

Por una parte, parece claro que los controles del Ministerio de Industria en la concesión de la condición de operador petrolífero no funcionan como sería deseable, habiéndose introducido en este sector numerosos “piratas” a lo largo de la historia que han producido un grave quebranto a la Hacienda Pública, y una grave distorsión en el mercado, al poder ofrecer precios más bajos en perjuicio de los competidores que actúan legalmente. Dicha situación se agravó por la Ley 25/2009, que modificó la Ley del Sector de Hidrocarburos, sustituyendo la autorización administrativa por una declaración responsable en un sector que debería estar sujeto a controles mucho más estrictos.

Por otra, el propio régimen fiscal facilita el fraude. Todo el que compra sin IVA y está legalmente obligado a ingresar el impuesto posteriormente, debe estar sometido a un control exhaustivo. No es solo una cuestión de los medios en la Agencia Tributaria, que también, sino de una normativa que afronte la raíz del problema, lo que no hacen algunas modificaciones legislativas introducidas recientemente, que son claramente insuficientes.

En primer lugar, sería necesario que en Industria se endureciera el acceso a la condición de operador petrolífero para evitar así que pudieran adquirir dicha condición sujetos cuya intención es evadir impuestos, así como un contacto fluido entre la AEAT e Industria, con informes previos de la primera y la posibilidad de retirar rápidamente dicha condición de operador petrolífero en caso de que no se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias. También sería necesaria una reforma organizativa dentro de la AEAT que amplíe en este campo las competencias del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

En segundo lugar, debería replantearse el régimen jurídico del IVA para estos operadores con diversas soluciones posibles: eliminar la exención del IVA, establecer el pago inmediato del IVA a la salida del depósito fiscal, o hacer responsable al depósito fiscal del pago del IVA en calidad de sustituto del contribuyente. En otras palabras, el pago de centenares de millones de euros de IVA tiene que estar garantizado en todo caso. Si no se adoptan medidas como las propuestas, seguiremos asistiendo periódicamente a nuevos episodios de un fraude que deja por el camino un reguero de cientos de millones de euros defraudados a la Hacienda Pública y un grave quebranto para las empresas que compiten legalmente en este sector.

 

José Luis García Molina es vicepresidente de la Organización de Inspectores de Hacienda

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