El problema de las pensiones del que nadie habla
El informe encargado por Empleo concluye que los factores de estabilidad y revalorización no bastan para garantizar una pensión suficiente a partir de la década de 2030
Un rápido vistazo a la pirámide de población española debería bastar para comprender que a partir de la década de 2030 habrá un grave problema para financiar el sistema de pensiones.
El escenario es claro. En 2023 empezarán a jubilarse los nacidos a principios del baby boom, a finales de los años cincuenta, y el número de pensionistas irá incrementándose durante los siguientes quince años, que es lo que duró la explosión demográfica de la segunda mitad del siglo XX. Más pensionistas, más gasto.
Además, en teoría, debido a los constantes avances médicos y tecnológicos, este mayor número de pensionistas vivirá más años cobrando la pensión (ahora la media de cobro es de 19 años). Más años recibiendo la prestación, más gasto.
Ambos fenómenos hacen que el peso de la población mayor de 65 años en la población total haya crecido en las últimas décadas hasta el 17% actual, estando previsto que alcance el 37% en 2052. En esta última fecha, por tanto, se espera que uno de cada tres individuos tenga más de 65 años. En cifras absolutas, el número de pensiones que prevé la Seguridad Social pasaría de los 9 millones actuales a los 15 millones en 2052. Estas son las previsiones oficiales manejadas por el grupo de expertos a los que el Gobierno encargó un diseño de la próxima reforma del sistema.
La evolución de la economía y de los salarios en las últimas décadas ha propiciado también que las nuevas pensiones que entran en el sistema son alrededor de un 35% más elevadas que las que se dan de baja por fallecimiento. De esta forma, pensiones más caras, más gasto.
Menos nacimientos, menos ingresos
Esta situación no sería alarmante si el número de personas nacidas desde los años ochenta fuera suficiente para costear el incremento del gasto. Pero, lejos de ser así, el número de hijos por mujer en España es de 1,36, es sustancialmente inferior a la que los demógrafos estiman necesaria para garantizar el reemplazo generacional (2,1). Y según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE) esta tasa apenas se elevará a 1,51 en los próximos veinte años y a 1,56 dentro de cuarenta. Con ello, con la natalidad decreciente, menos trabajadores para el futuro y menos ingresos.
Este recorte constante de la parte baja de la pirámide de población lleva a los expertos a alertar sobre el incremento de la tasa de dependencia del sistema (cuántas personas están cobrando pensiones por cada persona ocupada). España a mediados de la década pasada rozó el ratio de 3 ocupados por cada pasivo cobrando pensión. Pero la fuerte destrucción de empleo y el incremento, aún contenido pero constante de pensionistas, han recortado este ratio, que está a las puertas de perder el 2. Por debajo de esta tasa, el sistema de pensiones se hace financieramente insostenible en el medio y largo plazo.
A esto, se debe añadir un componente más imprevisible que el demográfico: la marcha de la economía. Y, por tanto, de la evolución del número de cotizantes. Olo que es lo mismo, la previsión de ingresos del sistema a largo plazo. Si la economía y el empleo van mal, menos ingresos.
En resumen, el aumento de gasto que se prevé –según las actuales condiciones de cobro de pensión–no podrá afrontarse con las cohortes de ciudadanos nacidos hasta la fecha. Y esto solo teniendo en cuenta el reto demográfico, porque unas condiciones económicas futuras podrían empeorar aún más esta situación.
Además, no se trata de abonar cualquier pensión en un futuro, sino de pagar unas cuantías “adecuadas y periódicamente actualizadas” de forma que los poderes públicos garanticen “la suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera edad”, según manda el artículo 50 de la Constitución Española.
Todo ello evidencia que la reforma del sistema de pensiones es ineludible. Son pocos ya quienes sostienen lo contrario. Otra cosa es que, dependiendo a quién se pregunte, las propuestas de cambio sean divergentes. De momento, el Gobierno quiere actuar sobre los gastos, ajustándolos a través de dos factores, uno demográfico que adecuará las futuras nuevas pensiones desde 2019 a la esperanza de vida (a más años menos pensión, y viceversa). Y otro factor para actualizar anualmente las pensiones en función de la marcha de la economía y de los ingresos y gastos del sistema.
Por el contrario, un sector de la población encabezado por los partidos de izquierda y los sindicatos, no cree que lo que se deba hacer sea ajustar el gasto, sino que ven la solución por el lado del aumento de los ingresos.
El debate no debería ser, por tanto, si las pensiones deben y/o pueden subir o no en los próximos años, sino que la sociedad española necesita repensar y discutir el rediseño completo del sistema de pensiones. “Lo que realmente tienen que afrontar los españoles es qué pensiones quieren pagar, cuánto se quieren gastar en ello y de dónde quiere sacar el dinero”, indica uno de los economistas que participaron en el diseño de la actual propuesta de reforma.
De hecho, el último párrafo del informe del grupo de expertos en pensiones nombrado por el Ministerio de Empleo avanza esta disyuntiva: “Las previsiones actuales apuntan a que la tasa de dependencia aumentará de forma considerable en los próximos años, como consecuencia del baby boom, a no ser que se lleven a cabo reformas estructurales que den lugar a un aumento importante del número de cotizantes. De no ser ese el caso, la aplicación del Factor de Sostenibilidad (tanto el demográfico como que las actualizará anualmente) dará lugar a una disminución significativa de la pensión media sobre el salario”.
Así todo el mundo habla sobre si las pensiones deben subir o no, cuando el debate necesario es qué cambios requiere el sistema para mantener unas pensiones suficientes. Para empezar esta discusión CEOE y CCOOhan planteado, por ejemplo, qué hacer con las pensiones de viudedad y orfandad. Según distintas propuestas estas deberían pasar a ser asistenciales (pagándose con impuestos) y su diseño debería parecerse al que existe en la mayoría de los países europeos, donde son pensiones de transición (durante unos pocos años, sobre todo las de viudedad) que son incompatibles con rentas del trabajo. Pero esto es solo la punta del iceberg del debate.
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