Ruz acusa de fraude al presidente de Damm en plena batalla por Pescanova
El auto de la Audiencia estima que desvío 72 millones del control de Hacienda
El magistrado, en un auto dictado ayer por el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, atribuye a Demetrio Carceller Coll, padre del presidente de Damm, el haber ideado desde los años noventa “una actividad dirigida a ocultar que su residencia efectiva y real radicaba en España”.
Además de a este, el juez Pablo Ruz dirige la acción penal contra su hijo, Demetrio Carceller Arce; el abogado del despacho Petrus de Barcelona, Gabriel Ignacio Pretus Labayen; y su “hombre de confianza” y apoderado, José Luis Serrano Flórez.
Esta acusación llega en plena batalla del presidente de Damm por Pescanova, donde la cervecera es el tercer mayor accionista con una participación del 6,2% e intenta hacerse con el control de los órganos de gobierno del grupo alimentario gallego, actualmente en concurso de acreedores.
En el auto, el juez Pablo Ruz señala que, a pesar de que su domicilio estaba en Madrid y Galapagar, el empresario llevó a cabo maniobras para “ocultar sus rentas y patrimonios a la Hacienda Pública española mediante la utilización de estructuras fiduciarias radicadas en paraísos fiscales” en Portugal, Panamá o las Antillas Holandesas y la reinversión de las cuotas defraudadas en sociedades que también controlaba.
Según los informes elaborados por la Agencia Tributaria, Carceller podría haber defraudado entre los años 2001 y 2009 un total de 42,34 millones de euros en concepto de IRPF y otros 29,69 millones de euros en Impuesto del Patrimonio. En total, algo más de 72 millones de euros.
El juez considera que el despacho de abogados Petrus articuló la estructura de sociedades que permitió a Carceller Coll defraudar a Hacienda, así como la simulación de su residencia.
Respecto a su hijo, el empresario Demetrio Carceller Arce, señala que “participa activamente en la gestión del patrimonio de su padre”, especialmente en la inversiones inmobiliarias que este posee en Arizona, Estados Unidos, y le apunta como colaborador para simular la residencia fuera de España.
Al apoderado Serrano Florez le acusa de participar con el bufete Petrus aportando toda la documentación e información necesaria para que “pudiera articular el entramado societario aludido”.
En un comunicado emitido ayer, Damm señalaba que impugnará la decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el plazo previsto por ley. Añadía que la defensa de Carceller Arce considera el auto del juez como “extemporáneo por prematuro, ya que está aún pendiente la práctica pericial de la defensa, admitida por el propio magistrado”.
Asimismo recuerda que Demetrio Carceller Arce, no está acusado de delito alguno contra la Hacienda Pública, sino que está imputado como presunto colaborador por un delito fiscal del que se acusa a su padre, quien no ostenta ningún cargo ejecutivo en ninguna de las sociedades del grupo.
Herencia
La AEAT también ha detectado, en la denominada como Operación Tía Tula 2, la ocultación por parte de Carceller de los fondos recibidos en herencia tras el fallecimiento de su hermana Josefina en 2006, ya que aunque presentó la autoliquidación del Impuesto de Sucesiones no reflejó la totalidad de los fondos recibidos.
Respecto al delito de blanqueo de capitales, según la estimación de la Agencia Tributaria respecto de los ejercicios fiscales de 2001 a 2009, el magistrado considera que “dados los indicios, la conclusión razonable sea su origen delictivo”.
Antillas Holandesas, Panamá y Portugal
El auto indica la existencia de determinadas actividades de ocultación que habría realizado Carceller. Entre estas se encuentra la de la titularidad de “importantes paquetes accionariales” de la empresa Atlántica Petrogas (conocida anteriormente como Naviera Petrogas) y de las sociedades canarias Inarsa, Cursa, Syocsa y Amisa.
En este último caso, denominada como la Operación Piolín, el juez señala que con esta ocultación logró “la desfiscalización de los dividendos que percibía procedentes de tales participaciones”.
También detalla la “operación sobre sociedades agrarias”, cuya finalidad fue la creación de un entramado societario en el extranjero para ocultar la titularidad real de Demetrio Carceller de un conjunto de sociedades agrarias domiciliadas en el sur de España (Maja Nova, Garcibravo, Los Tojales, La Torre de Guadiamar, Paymogo, Azanaque) para lo que se utilizaron dos sociedades domiciliadas en Madeira: Amora Servicios o Gestao y Leofunchar Comercio Internacional.
Además, la Agencia Tributaria denunció que su inversión en la sociedad Hidroeléctrica del Cantábrico se colocó detrás de una estructura societaria con entidades en Holanda (Halfrond BV), Las Antillas Holandesas (Arana NV) y Panamá (Financiera Intercontinental SA).
El juez apunta al bufete Pretus de crear una estructura financiera encabezada por una sociedad en Panamá, de la que pendían otras sociedades holandesas, de las antillas holandesas y chipriotas para ocultar la titularidad de acciones en Disa Corporación, Rincasa y Damm de la familia Carceller.
El auto añade una sociedad creada en las Antillas Holandesas para ocultar las inversiones inmobiliarias de Carceller en EE UU, en unos centros comerciales en Arizona, y otra estructura en Portugal para canalizar sus inversiones.
Y, por último, incluye la estructura creada para canalizar las inversiones de Carceller Coll a través de una sociedad portuguesa (Buckland Consultadoria) y de la sociedad de inversión mobiliaria de capital variable Villamarta Finance, participada íntegramente por la anterior.
El objetivo de ambas sociedades, explica el auto, es “ocultar a la Hacienda Pública española las importantes inversiones canalizadas a través de las mismas”.