Los Presupuestos de 2014 congelarán el gasto de personal y las inversiones

La partida presupuestaria destinada a pagar intereses caerá en 2014 por primera vez en siete años El Ejecutivo tiene la intención de pagar las dos pagas extraordinarias a los funcionarios este ejercicio y el próximo

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.EFE

El Ejecutivo ya dejó perfilados antes de las vacaciones las grandes líneas del Presupuesto de 2014, que se beneficiará del mayor margen fiscal concedido por Bruselas. Sin embargo, serán unas cuentas restrictivas y con un margen nulo para aplicar políticas de estímulo. En los Presupuestos del año en curso, el Ejecutivo destinó 5.200 millones a inversión pública, un 15% menos que el año anterior. Para el ejercicio siguiente no se registrará este recorte, pero tampoco se aprobará el incremento que piden las constructoras y concesionarias, que confiaban en que el Estado supliera la atonía de la demanda interna y aprovechara el ahorro derivado de la caída de la prima de riesgo en elevar el capítulo de inversiones públicas.

Sin embargo, fuentes del ministerio de Hacienda insisten en que el recorte del déficit público es innegociable y resulta indispensable para asentar el crecimiento futuro. Es cierto que los años de los ajustes por encima de los dos dígitos ha tocado su fin, sin embargo, la austeridad continuará. Un ejemplo de ello es que el Ejecutivo baraja congelar nuevamente el gasto de personal, aunque no se plantea de momento eliminar alguna de las pagas extra ni este año ni el próximo. La senda fiscal fijada para la Administración central es asequible. Debe rebajar sus números rojos del 4,11% al 3,8% este año y al 3,7% el siguiente. Ello equivale a un ajuste de 4.200 millones en dos años. Asumible.

La congelación de los salarios públicos es una medida beneficiosa para la tesorería de las comunidades autónomas, la Administración que cuenta con más trabajadores en nómina. De los 2,5 millones de empleados públicos, el 51% está adscrito a una comunidad autónoma.

Por otro lado, las cuentas del próximo año mantendrán la tasa de reposición en el 0%, es decir, los funcionarios que se jubilen no serán reemplazados, lo que supondrá un ahorro adicional para las cuentas públicas. Solo algunos cuerpos, como los de la Agencia Tributaria, mantendrán una tasa de reposición del 10%. El conjunto de la Administración Pública destina en torno a 116.000 millones a pagar salarios, un 27% del gasto total. 

Las esperanzas del Ejecutivo pasan por la rebaja de la prima de riesgo que puede aportar un colchón adicional al Estado para cubrir posibles desviaciones en el objetivo de déficit de las comunidades autónomas o de la Seguridad Social. De hecho, el Ejecutivo ya ha informado de que, en 2014, el gasto presupuestado para costear el servicio de la deuda ascenderá a 36.000 millones frente a los 38.000 previstos para este ejercicio. Supone la primera caída desde 2007.

El ahorro derivado de la caída de la prima de riesgo no se destinará a inversión como piden las constructoras

Si la tendencia actual se mantiene y la prima de riesgo sigue bajando, es probable que el gasto real en pagar intereses sea inferior al presupuestado y, por lo tanto, el Gobierno tenga un margen de maniobra que hasta ahora había sido inexistente.

En cualquier caso, el Ejecutivo mantiene su intención de destinar a reducir el déficit cualquier desviación presupuestaria positiva para el Estado. Hacienda ya anunció que, a pesar del mayor margen fiscal concedido por Bruselas, prorrogará en 2014 la subida del IRPF que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó al llegar a la Moncloa para los ejercicios 2012 y 2013. El Ejecutivo ha llegado a plantearse la posibilidad de suavizar ese incremento el próximo año. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó al presentar el techo de gasto de 2014 que la previsión de ingresos del próximo año se ha realizado bajo el supuesto de mantener el aumento del IRPF. Y también se prorrogará el recargo sobre el IBI, una medida que, en principio, también caducaba en 2013.

Hacienda prevé que el Estado ingresará 128.159 millones de euros frente a los 124.000 millones estimados para este ejercicio. El cumplimiento de estas previsiones dependerá de si la evolución de la economía permite elevar la recaudación sin necesidad de subir nuevamente los impuestos. Las estimaciones oficiales del Ministerio de Economía indican que la economía caerá un 1,3% este año en tasa interanual y crecerá un 0,5% en 2014. El Ejecutivo confía en que la realidad mejore sus previsiones.

Este optimismo procede de la recuperación de la eurozona, que salió de la recesión en el segundo trimestre, y la mejora de la economía de Alemania y Francia.

El sector exterior es el único que actualmente logra tirar de la economía española y, por lo tanto, la mejoría de los principales socios comerciales de España puede compensar la falta de empuje de una demanda interna afectada por la desconfianza, el paro y las subidas fiscales.

Más allá de mantener el aumento del IRPF y continuar con la supresión de beneficios tributarios para las grandes empresas en el impuesto sobre sociedades, el Ejecutivo no aprobará grandes modificaciones tributarias en el Presupuesto de 2014, que se aprobará a finales de este año. No será hasta febrero del año próximo, cuando los nueve integrantes de la mesa de expertos para la reforma fiscal presenten sus propuestas de reforma. Los cambios tributarios que realizará el Ejecutivo se aprobarán en 2014 y entrarán en vigor en 2015. La idea del Gobierno es llevar a cabo una reforma estructural del actual sistema fiscal, caracterizado por mantener unos tipos nominales muy elevados y una baja capacidad recaudatoria. Incluso Grecia ingresa más que España en porcentaje sobre el PIB.

Aumenta la partida destinadas a pensiones

El Presupuesto de gasto del Estado para 2014 asciende a 133.259 millones, un 2,7% más que el de este año. Ello parece contradecir la austeridad que propugna el Ejecutivo. Sin embargo, Hacienda argumenta que el incremento se explica por el aumento de las partidas destinadas a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). Descontando este factor, el Presupuesto de gasto se reduce a 104.847 millones, un 1,3% menos que el ejercicio en curso.

En el Ejecutivo preocupa especialmente la situación de la Seguridad Social, cuyas finanzas han sufrido un deterioro sin precedentes desde el inicio de la crisis. En 2007, el conjunto de la Seguridad Social (que incluye pensiones, desempleo y Fogasa) presentaba un superávit de 13.681 millones. Solo cinco año más tarde, en 2012, acumuló un déficit de 10.131 millones. Una cifra que seguirá subiendo en la medida en que el mercado de empleo no está previsto que se recupere en el corto plazo y el número de pensionistas seguirá creciendo. Además, si se produce la congelación del salario nominal –opción que defiende el Ejecutivo– o un descenso del salario como pide Bruselas, los ingresos derivados de las cotizaciones caerán, provocando un mayor agujero en las cuentas públicas. El leve crecimiento económico previsto para los próximos ejercicios no servirá para reducir de forma notable el elevado desempleo. Las previsiones del Gobierno indican que la tasa de paro se situará este año en el 27,1% y se mantendrá por encima del 24% en 2016.

Para evitar el incremento del déficit, a lo largo de este ejercicio se aprobará el factor de sostenibilidad de las pensiones, cuya revalorización dejará de determinarse únicamente por la inflación. El comité de expertos presentó un documento en el que recomendaba tener en cuenta la evolución de la economía o los ingresos públicos, entre otras variables, para fijar el incremento de la retribución por jubilación. A pesar del nuevo factor de sostenibilidad, fuentes del Ejecutivo apuntan que su propósito es revalorizar las pensiones en torno al 1% en 2014 y confían en que la inflación caiga hasta esos niveles en los últimos meses del año. De hecho, en julio, el IPCse situó ya por debajo del nivel del 2% y las previsiones indican que el IPCseguirá moderándose por el fin del efecto del copago sanitario y de la subida del IVA, que entró en vigor el 1 de septiembre del año anterior.