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Columna
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Crudo intento

La nueva y débil ley del petróleo de México pone al presidente Enrique Peña Nieto a la defensiva. El líder del país llegó al poder el año pasado prometiendo una reforma generalizada para impulsar la economía. Poner fin al monopolio estatal de la extracción de petróleo era una prueba clave, pero ha suavizado su plan para aplacar a los nacionalistas de su propio partido, obsesionados con mantener el control. Es un compromiso es malo para la industria, así como para el resto de la agenda del presidente.

Que la industria petrolera mexicana necesita ayuda está fuera de toda discusión. La producción se ha desplomado un 25% desde 2004, en gran parte debido a la ineficiencia de la empresa petrolera estatal Pemex.

Actualmente, las compañías petroleras extranjeras, que en general funcionan mejor, están prácticamente fuera del negocio. Así que Peña Nieto hace bien en querer cambiar eso. El problema es que la propuesta del presidente es la más débil de las distintas opciones. Lo ideal sería que las compañías petroleras prefieran contratos que les permitan ejercer un control eficiente de los pozos en desarrollo, la facultad de vender el crudo a su antojo y la propiedad de las reservas sin explotar.

El plan ideado por Peña Nieto no ofrece ninguna de las anteriores y puede dejar a las compañías petroleras extranjeras que inviertan en el sector sujetas a retrasos en los pagos y a la contabilidad creativa de Pemex, algo que no atraerá a Exxon Mobil y Chevron.

Los esfuerzos del presidente para relajar el dominio de Carlos Slim en el sector de las telecomunicaciones no han tenido éxito. Renovar un sistema fiscal ineficiente y modernizar de las escuelas del país también será difícil.

Es probable que sea aún más complicado reactivar la lenta economía mexicana. Puede que Peña Nieto no sea el hombre destinado a transformar el país.

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