¿Dónde está la brújula de las políticas de empleo?
El Gobierno anunciaba hace unas semanas un nuevo paquete de ayudas europeas de aproximadamente 2.000 millones de euros, dirigido a combatir el desempleo juvenil. Inmediatamente y en cascada, las diferentes comunidades autónomas reclamaban su parte proporcional correspondiente, en base a cálculos sobre sus respectivas tasas de desempleo. Una reacción habitual y acentuada en los últimos años, por la drástica reducción que ha sufrido el presupuesto destinado a políticas de empleo.
Pero, 2.000 millones de euros, ¿es mucho o es poco? La respuesta no puede ser más clara: depende. Aunque quizás deberíamos empezar preguntándonos para qué queremos esos 2.000 millones o qué es lo que pretendemos conseguir con ellos.
Rápidamente y sin demasiada reflexión, diríamos que es evidente que estos recursos deben destinarse a la adopción de medidas que reduzcan la escalofriante tasa de desempleo juvenil en España. Pero esto es tanto como no decir nada o como lanzar una perdigonada al vacío. ¿O alguien puede afirmar cuál ha sido el impacto de los 7.764 millones de euros que se destinaron el año pasado a políticas de empleo? ¿Ha mejorado la tasa de desempleo, quizás? ¿O ha mejorado la tasa de empleabilidad de las personas que actualmente están desempleadas?
Si sumáramos las diferentes partidas de empleo de los últimos cinco o seis años, obtendríamos un monto económico acumulado astronómico, pero seguiríamos sin responder a la ninguna de las anteriores preguntas. En el mejor de los casos, dispondríamos de indicadores sobre el número de beneficiados, o el de actuaciones realizadas al amparo de dichos recursos, pero nada más.
Y es este “nada más” el que deberíamos plantearnos de forma contundente, si queremos optimizar los recursos públicos y conseguir unas políticas públicas “eficientes, eficaces y efectivas”. O, formulado a la inversa, si no queremos que este desiderátum sea simplemente una fórmula de estilo recogida en uno de los múltiples planes estratégicos que acostumbran a presentarse en el marco de los diferentes planes de gobierno.
Para empezar, deberíamos conocer qué necesitan las personas desempleadas. Y la respuesta no puede ser simplemente: “necesitan un trabajo” o “necesitan una prestación porque no tienen recursos”. Éstas son necesidades reactivas, sobrevenidas a un problema y que normalmente ocultan otra serie de necesidades que, en muchas ocasiones ni la propia persona desempleada ha identificado. La falta de empleo puede producirse por no tener información sobre las ofertas-demandas, por carecer de formación técnica, por no tener las competencias profesionales requeridas por la empresa, por no disponer de experiencia suficiente, por formar parte de colectivos normalmente discriminados o segmentados en los procesos de selección, por provenir de o buscar exclusivamente trabajo en sectores que siguen destruyendo empleo o no van a volverlo a crear, etc.
Actualmente, y salvo de forma muy incipiente en Cataluña, no se dispone de un instrumento tecnológico avanzado que permita diagnosticar estas necesidades, de manera que la oferta de políticas de empleo se realiza a ciegas, a partir de una tradición prácticamente incontestada y de unas bases de datos, que acaban siendo presa de lo administrativo, más orientadas al cuánto que al qué y al cómo.
Es por ello que, en un momento de escasez de recursos como el actual, lo último que deberíamos hacer es lanzar desesperadamente programas para contener la presión política. Y los ciudadanos deberíamos ser los primeros en reclamar una manera de hacer diferente. Las políticas de empleo por definición deben estar personalizadas y adaptarse a las razones que explican cada una de las situaciones de desempleo. Deben identificar claramente los impactos que se pretenden y someterse a sistemas de evaluación robustos e innovadores que permitan monitorizar y medir la evolución en la consecución de esos impactos y su resultado final. Y deben, de una vez por todas, diseñarse de modo complementario e integrado y servirse y ejecutarse con el objetivo final de conseguir la inserción de la persona. En definitiva, debe exigirse el diseño de itinerarios y de sistemas de trazabilidad, que permitan a la persona desempleada construir y seguir su plan de desarrollo profesional.
Es sólo una demanda más de transparencia y rendición de cuentas. Es sólo un ejercicio de responsabilidad. Es sólo un acto de servicio público.
Esther Sánchez es profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en ESADE Law School