El naval hace astillas la imagen de la Comisión Europea

La suerte está echada. Si se cumple el calendario previsto, la Comisión Europea, a propuesta del titular de Competencia, Joaquín Almunia, declarará ilegal este miércoles el régimen fiscal o tax lease que facilitó entre 2002 y 2010 la construcción de 272 buques en los 19 astilleros privados con que cuenta España, más un barco en astilleros franceses.

El expediente ha puesto en pie de guerra a un sector que asegura que la recuperación parcial de esas desgravaciones (las concedidas a partir de 2005) espantará a sus socios capitalistas y obligará a cerrar varias de las atarazanas en Galicia, Asturias o el País Vasco por falta de financiación.

Bruselas asegura que las consecuencias no serán dramáticas. Y que el sector sobrevivirá gracias a su reconocida competitividad y a un nuevo régimen de desgravaciones que desde finales de 2012 permite a los grandes inversores seguir reduciendo su base imponible gracias a la construcción de buques.

En los próximos meses se comprobará quién tenía razón. Pero lo que ya parece claro es que el caso ha dañado gravemente la imagen de la Comisión Europea en España en un momento en que ya no goza de excesiva popularidad.

“La movilización a favor de los astilleros ha sido muy importante porque la opinión pública ha relacionado el caso con las medidas de austeridad que llegan desde Bruselas y de las que todo el mundo está harto”, reconocen fuentes de un sector que, en contra de lo que parece, no está acostumbrado a lidiar con este tipo de conflictos. A diferencia de los astilleros públicos, que de manera recurrente se han topado con los servicios de Competencia de la Comisión Europea, los privados no habían tenido ninguna confrontación.

Almunia ha intentado zafarse de esa presión política subrayando que la devolución de las ayudas no corresponde a los astilleros, sino a los grandes inversores que se lucraron gracias al régimen fiscal. “Hay quienes, para desviar su propia responsabilidad a la hora de devolver ayudas no compatibles, están metiendo el miedo a los astilleros”, señaló el comisario el pasado viernes en San Sebastián.

Pero el mensaje, al menos de momento, no ha calado. “Es miopía populista, sin inversores no hay construcción de barcos”, contraatacan fuentes financieras. Una advertencia que no ha pasado desapercibida entre los socios de Pymar, asociación de pequeños y medianos astilleros, que temen que la banca cierre el grifo de manera definitiva “a un sector estigmatizado como el naval y se busque otros negocios donde invertir sin la inseguridad jurídica creada por la Comisión”.

Una inseguridad que pone en entredicho, una vez más, la eficacia del sistema comunitario del control de ayudas de Estado, sometido a toda suerte de bandazos políticos y burocráticos.

Así como en las fusiones de empresas la Dirección General de Competencia de la CE actúa con unos plazos muy estrictos, que rara vez superan los seis meses, en ayudas de Estado los expedientes se enquistan durante años alimentando la desconfianza de todas las partes implicadas.

En este caso, en concreto, Bruselas ha tardado siete años en tramitar un expediente que, según la propia CE, es muy similar a otro francés que resolvió en 2006. A pesar de las presuntas semejanzas, Competencia necesitó un interminable cruce de misivas con el Gobierno español para concluir en 2011 que merecía la pena incoar un expediente. Y otros dos años de numerosos contactos y reuniones para pronunciar un veredicto que ni siquiera es definitivo porque se puede recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Cierto que las autoridades nacionales no suelen colaborar, entre otras cosas, porque a menudo ni siquiera cumplen su obligación de informar a Bruselas antes de aprobar una ayuda pública a algún sector. “Ojalá el régimen del tax lease se hubiera notificado en 2002 [cuando se aprobó] y nos hubiéramos evitado todas estas complicaciones”, señalaba la semana pasada Almunia tras rechazar por última vez las peticiones de clemencia de España.

El lamento de Almunia está tan justificado como la queja del sector sobre un sistema de control que no parece cumplir su objetivo de evitar las distorsiones provocadas por las ayudas de Estado. Más bien parece agravarlas con tanta lentitud e incertidumbre.