Los concesionarios piden un nuevo PIVE para evitar la quiebra de la red

El plan de ayudas se ha convertido en el sostén del sector, que ha perdido 50.000 empleos en cinco años y que en el primer trimestre tuvo, de media, una rentabilidad del -1,5%.

Concesionario oficial de Volkswagen en MadridPablo Monge

Más de la mitad de los concesionarios españoles de automóviles no son rentables. Según un análisis encargado por la patronal de vendedores de vehículos, Ganvam, el 65% de los establecimientos que componen la red de distribución cerraron 2012 con pérdidas, y en algún caso como el de la provincia de Huelva el porcentaje llega al 100%, como el caso de la provincia de Huelva, y en otras como las de Sevilla, Málaga o Castellón el porcentaje supera el 90%. La caída de las ventas y de la facturación de los servicios postventa explica la situación de una de las principales ruedas del sector de la automoción, que entre 2007 y 2012 ha visto cómo se han destruido 50.000 empleos.

Una situación que, además, se ha agravó durante el primer trimestre de este año, último con datos disponibles. En ese período la rentabilidad de la red fue del -1,5%, el peor desde que a mediados de 2010 las matriculaciones de automóviles comenzaran su cuesta abajo, mientras que el último trimestre de 2012 acabó con una cifra negativa del 0,6%, en el que, hasta ahora, ha sido el peor año de matriculaciones en los últimos 20.

El mal resultado del primer trimestre coincide con el final del primer plan PIVE durante el mes de enero, la ausencia de las ayudas durante buena parte de febrero y la entrada progresiva en marzo del PIVE II. La venta directa supone el 74% de la facturación, por lo que la caída de las ventas a particulares en los tres primeros meses del año del 4% hicieron mella en sus cuentas.

Desde abril, las venta a particulares encadenan tres meses al alza. “El Gobierno debe tenerlo muy claro: sin PIVE el mercado se caería de inmediato”, afirma Jaume Roura, presidente de Faconauto, la patronal de los concesionarios. Roura calcula que el plan de ayudas no durará más allá de agosto: “vivimos condicionados por la decisión del Gobierno, pero confiamos en su responsabilidad”. Según los datos de esta asociación, el número de establecimientos cerrados llega a 1.489, sumando concesionarios tanto de primera como de segunda mano, y los especializados en vehículos industriales. Para 2013, Roura confía en que se mantengan los puestos de trabajo, siempre que se prorroguen las ayudas: “las empresas han ajustado sus negocios a los niveles de venta, lo que permite aguantar de momento los puestos de trabajo”, y confía en mantener las cifras de facturación de 2012.

Las claves

La situación de los concesionarios

Facturación: en 2012, ingresaron 22.135 millones, casi la mitad que en 2007 y un 6,5% menos que el año anterior.

Ventas: cada concesionario vendía, de media, 375 coches al año en 2007. En 2012 vendieron 135.

Empleo: la red empleaba a 180.202 personas hace seis años, 50.000 más que al cierre de 2012.

Tráfico: una media de 18,2 personas acudían diariamente a un concesionario para abrir una ficha de cliente. En 2011 y 2012 no llegaron a cinco.

Reservas: En junio se efectuaron 2.000 reservas diarias en la red, por las 1.100 de mayo, lo que acelera el final del PIVE.

El bajón de la postventa

Pero mientras se mantiene e incluso aumenta en los últimos meses la actividad comercial, los servicios postventa siguen viéndola caer. En los talleres se ha reducido un 6,5% en un año, un 20% desde 2010. El taller ya solo supone el 7% de la facturación total del servicio oficial, y supone el 16% de sus resultados, frente al 21% de hace un año. El negocio de recambios se mantiene estable, suponiendo el 19% de la facturación, pero gracias a la venta directa a la calle, ya que la caída de actividad de los talleres les afecta de forma directa.

Juan Antonio Sánchez Torres, presidente de Ganvam, señala la “competencia desleal” de los talleres clandestinos como uno de los agravantes de la situación. Según los datos de la asociación, este tipo de talleres ya acaparan el 17% de las reparaciones sin ninguna garantía de la calidad. Además, señala también “las presiones de las aseguradoras” al intentar “reducir la factura que pagan por la reparación con vías que llegan a atentar contra la libertad de mercado”, afirma Sánchez Torres.

Para revitalizar este tipo de servicios, el presidente de Ganvam aboga por poner en marcha un plan integral de apoyo que lo haga más rentable y que redimensione su tamaño, a través de dos medidas: “que los talleres cumplan con los criterios de las inspección de consumo, y que se cierren los ilegales”, además de una Ley de Seguridad Vial que controle las condiciones en las que circulan los vehículos más antiguos, algo que también defiende Roura, quien también sostiene que los servicios oficiales “no son tan caros”.

La liberalización de las ITV, parada

La posibilidad de que los servicios oficiales de los concesionarios puedan realizar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es una vieja aspiración del sector, que cada vez toma más cuerpo pero que, de momento, sigue sin cerrarse. El presidente de Ganvam, Juan Manuel Sánchez Torres, propone “eliminas las incompatibilidades” que impiden que estos establecimientos “participen en el sector de las ITV”, un negocio que mueve al año cerca de 500 millones de euros. Para el presidente de Faconauto Jaume Roura, esta cuestión corresponde “al medio y largo plazo”, y defiende centrar los esfuerzos más inmediatos en los servicios de postventa, pero sí cree que la liberalización “daría un mejor servicio para el consumidor final”, en términos de comodidad y especialización de los mecánicos.

Pero desde la patronal del sector, AECA-ITV, se sigue defendiendo que “no tiene sentido” que partes interesadas presten este servicio, y que el sistema actual es el que garantiza de forma más efectiva el correcto estado de los vehículos. Además, asociaciones de consumidores como Facua no creen que la liberalización se vaya a traducir en ventajas para los consumidores. En cualquier caso, todo hace indicar que el Gobierno no retomará esta cuestión hasta después del verano, aunque un cargo de Industria ya avanzó en mayo que el ministerio piensa en modificar el Real Decreto que las regula.