Bruselas se juega el rating del BEI para dar crédito en España e Italia
La falta de crédito que sufren algunas empresas de la zona euro, en particular en España e Italia, resulta tan asfixiante que las instituciones europeas parecen dispuestas a combatirla con medidas consideradas tabú hasta hace poco.
Tras casi 48 horas de discusiones, la Comisión Europea concluyó ayer finalmente un plan al que se han resistido, y en parte se resisten, sus principales protagonistas: un Banco Europeo de Inversiones (BEI), celoso de su máxima calificación crediticia, y un Banco Central Europeo (BCE) que duda sobre la eficacia de las medidas planteadas y teme sus efectos colaterales.
La CE reconoce el riesgo de las propuestas, cuya versión definitiva aún no se había publicado ayer al cierre de esta edición. Pero hoy mismo la CE quiere trasladarlas a la reunión del consejo de ministros de Economía de la UE (Ecofin) que se celebra en Luxemburgo para un primer análisis. Fuentes comunitarias indicaron ayer, sin embargo, que el plan provoca tanta división ente los socios europeos que necesitará debatirse al más alto nivel la próxima semana durante el Consejo Europeo.
El plan abogaría por transformar al BEI en un polo de financiación con una gestión algo más sofisticada y arriesgada que la aplicada por esa institución bancaria europea en sus 50 años de historia. El BEI dejaría de ser un mero suministrador de fondos para grandes infraestructuras y organismos públicos y pasaría a asumir unos riesgos que pueden poner en peligro su triple A.
Los socios más perjudicados por la fragmentación financiera, como España o Italia, consideran que una rebaja de calificación merecería la pena si el impulso del banco público de la UE permite que el crédito llegue en igualdad de condiciones a todas las empresas de la zona euro.
“El BEI nació para financiar la economía europea no para lucir una triple A”, señalan fuentes europeas. Y recuerdan que, en la actualidad, una compañía española paga hasta un 3%más por un crédito que una empresa alemana con el mismo nivel de solvencia.
La opción más radical sobre la mesa permitirá una titulación de los préstamos a las pymes para que las entidades financieras puedan presentarlos en el BCE con el aval del BEI. La fórmula, explican fuentes comunitarias, permitiría multiplicar la potencia del BEI, que ahora asciende a unos 60.000 millones de euros en préstamos al año.
La propuesta ha provocado un sordo y agrio enfrentamiento entre la CE, partidaria de la “revolución”, y el BEI, que teme perder la triple A que le permite financiarse en el mercado a tipos reducidísimos (menos del 1% en emisiones a 10 años, según fuentes comunitarias). Los países del “norte” también se resisten por temor a que el aval de un banco público alimente la irresponsabilidad en los préstamos de las entidades financieras a las pymes.
Pero ya aparecen varias vías para mitigar la inquietud de esos socios. La primera pasaría por obligar a las entidades privadas a compartir con el BEI los potenciales impagos. O incluso a asumir las primeras pérdidas, para que no traspasen a la titulación los créditos con más riesgo de morosidad.
Otra vía contempla la utilización del Fondo Social Europeo como avalista, en lugar del BEI o como complemento. Ese fondo dispone de 10.000 millones de euros al año. A España, en el actual periodo presupuestario (2007-2013), le corresponden 8.000 millones de euros. La cifra será similar a partir de 2014 (unos 1.000 millones de euros al año).