Tribuna

La suave intervención de España

Hace un año que la UE comenzó a tomarse en serio los problemas generados por el sector privado. Y el establecimiento del procedimiento de desequilibrios macroeconómicos excesivos constituye una radical revisión del gobierno económico que presidió la UEM su primera década. Destacar esto hoy no es, en absoluto, un ejercicio de historia económica forense. Solo comprendiendo los excesos que se cometieron y el ambiente ideológico que los propició, se evitarán situaciones parecidas.

Entre 1995 y 2011, la obsesión de las autoridades europeas fue el control del déficit y de la deuda pública. El funcionamiento del sector privado, y la potencial acumulación de desequilibrios en la unión monetaria, se dejaron al albur de una vaga coordinación de las políticas macroeconómicas que no sirvió de nada. En 2011, y en el contexto de las reformas provocadas por la crisis del euro, se aprobó el Six Pack, un conjunto de disposiciones que, además de endurecer el control del déficit y la deuda pública, definió el procedimiento para evaluar los desequilibrios macroeconómicos, basado en valores de referencia para un conjunto de indicadores. La persistencia de dichos desequilibrios y/o la falta de un programa de reformas adecuado para su reducción pueden comportar la obertura de un expediente sancionador que supone situar al país incumplidor bajo estrecha vigilancia. Junto al déficit público, es de lo que se trató en Bruselas el miércoles.

La puesta en marcha de este procedimiento sugiere dos reflexiones: la primera, relativa a las razones por las se tardó tanto en impulsar dicha gobernanza; la segunda, los porqués del posible expediente sobre España y los motivos por los que no se haya impuesto. La tardanza en establecer un control de los desequilibrios del sector privado no fue un asunto menor. Su emergencia, ampliación y consolidación son las que explican la divergencia entre el norte y el sur que generó la puesta en marcha del euro, que está en la base de la crisis actual. En ésta, hay que distinguir entre los problemas de Grecia o Italia, vinculados al sector público, de los de Irlanda y España, y parcialmente Portugal, cuyo origen es estrictamente privado. La falta de supervisión de estos últimos (deuda y competitividad) reflejaba la creencia de las autoridades de la UE y los responsables del BCE y del Eurosistema en dos ideas de la economía más ortodoxa: los mercados financieros son eficientes y los agentes económicos actúan racionalmente. Las cosas hoy han cambiado. Y aunque es doloroso comprobar como España está a los pies de los caballos, mejor tarde que nunca.

Para España, el inicio del expediente se justifica porque superamos gran parte de los valores límite de los indicadores de referencia. En concreto, y tal y como afirmaba la Comisión el 10 de abril, y pese a los ajustes ya realizados, la magnitud de los desequilibrios acumulados requiere una intensificación del proceso de reformas. De forma específica, la Comisión citaba el elevado nivel de deuda interna y exterior como los principales riesgos que afronta el país, por sus negativos efectos sobre el crecimiento, el empleo, las finanzas públicas y la estabilidad financiera. Y, en efecto, los últimos datos homogéneos disponibles (2011), sitúan nuestros desequilibrios más severos en el ámbito de los stocks de deuda: el endeudamiento del sector privado en el 218% del PIB (por encima del 160% de referencia), al igual que en la deuda externa neta (un elevado -91,7% del PIB, frente al máximo recomendado de -35%), o en la deuda pública (con un 60% de valor máximo de referencia). Igualmente, en tasa de paro excedemos largamente el umbral recomendado de un máximo del 10%. Otros desequilibrios que se están reduciendo rápidamente, aunque continuamos en zona peligrosa, son el déficit por cuenta corriente o el peso de nuestras exportaciones en los mercados mundiales. En cambio, presentamos valores mejores que los que se establecen como referencia en variables flujo, donde el ajuste ha sido más perceptible, tales como en el crecimiento del tipo de cambio real, los costes laborales unitarios, crédito o precios de la vivienda.

Dado que entramos en la crisis con esos desequilibrios ya consolidados, y que lentamente y con la excepción del desempleo, los estamos reduciendo, ¿a qué responde la amenaza de apertura de expediente? No creo que tenga que ver con el ritmo de cambio de los mismos, que no es insatisfactorio. Reflejan otro aspecto, tanto o más preocupante: la falta de confianza que la voluntad reformista de las autoridades españolas genera en Bruselas, Frankfurt y Berlín. Y razones no faltan para desconfiar. En demasiadas ocasiones, desde finales de 2010, los compromisos adoptados no se han cumplido, se ha retardado su aplicación o no se han adoptado los que el país precisaba. La política española, con su conocida capacidad para anteponer sus intereses electorales a los generales del país, suministra munición a aquellos que quieren controlarnos. Porque, finalmente, de eso se trata. Ya nos vigilan de cerca las finanzas públicas. Y el avance del ajuste bancario y del que queda por llegar. Ahora se trata de ampliar esa inspección, con una intervención suave de las reformas en curso, marcando calendarios precios. Y de las que deben venir. Por ello, exigencia de reforma fiscal, energética, de pensiones, del mercado de trabajo, de control presupuestario, de fiscalidad indirecta, y la lista se alarga y se alarga. No nos han abierto expediente, Pero, en el fondo, tanto da, se terminó nuestra autonomía. ¿Es justo? Es imprescindible y, además, nos lo hemos ganado a pulso.

Josep Oliver Alonso es catedrático de Economía Aplicada (UAB) y EuropeG

Normas
Entra en El País para participar