El ejemplo de nuestros vecinos galos
Amnistías fiscales al margen, las medidas aprobadas en lo que llevamos de legislatura se orientan a reducir el déficit elevando transitoriamente, en 2012 y 2013, la carga tributaria de particulares y empresas. Al gravamen complementario en el IRPF, se han añadido medidas en la imposición sobre beneficios de las grandes empresas, principalmente dirigidas a anticipar el pago de impuestos. Las limitaciones a la compensación de bases imponibles negativas, los pagos fraccionados mínimos en función del resultado del ejercicio o las limitaciones a la deducibilidad fiscal de las amortizaciones de inmovilizado y gastos financieros son claros ejemplos. Entre los incentivos fiscales, solo tímidas medidas como la prórroga de los tipos reducidos de gravamen para micropymes (20%-25%) o tipos franquiciados para las empresas de nueva creación (15%-20%).
Ahora es el momento -quizás porque la recaudación que deriva de las medidas anteriores va aflorando mayores recursos- de valorar que estos ingresos adicionales se puedan aplicar a la concesión de estímulos fiscales al emprendimiento y la competitividad.
El Gobierno acaba de publicar su Programa de Estabilidad, batería de medidas que, en su vertiente tributaria, apunta a la prórroga de las anteriores hasta 2014, algún estímulo a la Pyme mediante nuevas deducciones por reinversión o mayores incentivos a los business angels que inviertan en proyectos emprendedores –lo cual no es nuevo-, IVA de caja para empresas y autónomos y alguna que otra medida de fomento del I+D+i a condición de creación de empleo. La Comisión Europea decidirá si finalmente es así.
La creación de empleo, una de las necesidades más acuciantes de nuestra enferma economía, es a donde deberían dirigirse los incentivos fiscales que ahora se propongan. Y es en este contexto donde merece la pena conocer el decidido esfuerzo realizado por Francia, que, desde 1 de enero de 2013, aplica el denominado Crédito de Impuesto para la Competitividad y el Empleo (CICE). Este incentivo fiscal, impulsado por la patronal y las asociaciones empresariales francesas, es de tal magnitud y, al menos sobre el papel, de tal eficacia en el alivio de la factura fiscal de las empresas, que debería suscitar la reflexión y el debate en nuestra comunidad empresarial y los poderes públicos sobre la adopción de medidas similares en España.
El crédito fiscal galo, que puede ser aplicado por todas las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades (grandes, medianas, pequeñas e, incluso, las que gozan de exención) y también por los empresarios individuales y profesionales, es el resultado de aplicar un porcentaje de deducción del 4% (en 2013) o del 6% (desde 2014) sobre las retribuciones anuales satisfechas a los empleados. La base de deducción está integrada por las retribuciones anuales cuya cuantía no exceda del resultado de multiplicar por 2,5 el salario mínimo interprofesional francés. O dicho de otra forma, el 4% o el 6% de los pagos a la plantilla cuyo salario esté por debajo de 2,5 veces el salario mínimo interprofesional se reconoce como crédito contra la hacienda pública francesa. Este crédito fiscal puede aplicarse contra las cuotas a ingresar de los tres años siguientes e, incluso, la empresa puede reembolsarlo si, tras dicho plazo, no ha generado cuota alguna. Y aún más, el reembolso puede solicitarse el primer año de forma inmediata en el caso de microempresas, pequeñas y medianas empresas, empresas de nueva creación, jóvenes empresas innovadoras o empresas en dificultades financieras. La liberación de recursos que un incentivo así genera es muy significativa y fomenta la creación de puestos de trabajo. Ante la caída de la financiación bancaria tradicional, el Gobierno francés apuesta por financiar la creación de empleo mediante incentivos fiscales, trasladando a las empresas las mayores cotas de recaudación que espera obtener por los impuestos ecológicos y la subida del IVA.
La crisis no afecta por igual a España que a Francia y las necesidades de corrección de nuestro déficit no fomentan la generosidad del legislador en forma de estímulos fiscales. Pero es el momento de decidir si la política fiscal gira su rumbo y da el salto cualitativo hacia el impulso del crecimiento y el empleo -con medidas de calado y no con tímidos esfuerzos- o si se mantiene –como así parece- la tendencia del recorte y el sacrificio que a tantos negocios está ahogando. El ejemplo francés demuestra una loable actitud de consenso entre el sector empresarial y los poderes públicos, que bien pudiera tomarse aquí como referencia.
José Manuel Ortiz de Juan es abogado. Consejero de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.