Editorial

Una ley para arropar al emprendedor

El Gobierno aprobó el viernes un anteproyecto normativo que recoge una de las grandes propuestas del programa electoral de Mariano Rajoy: una ley para impulsar la figura del emprendedor en España. Con la futura Ley del Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización, el Ejecutivo no solo pretende implantar medidas que favorezcan la creación de nuevos negocios, sino también eliminar las barreras administrativas y legales al emprendimiento y desterrar el estigma social y legislativo que pesa en nuestro país sobre las personas que fracasan en un proyecto empresarial. El objetivo del Gobierno es que el texto, que se tramitará por el procedimiento de urgencia, entre en vigor el 1 de enero de 2014 y ejerza así de palanca –imprescindible palanca– para estimular el crecimiento del tejido empresarial.

España se ha caracterizado hasta ahora por la escasa flexibilidad de la normativa que rodea la creación y desarrollo de las empresas. Un extremo que reflejan puntualmente los informes que realiza al respecto el Banco Mundial, en los que nuestro país destaca por las barreras administrativas y legislativas con las que se ahoga la iniciativa empresarial. Por ese motivo, el anteproyecto incluye un paquete de medidas cuyo objetivo es reducir esas trabas, entre las que destaca la eliminación del capital mínimo para constituir una sociedad o la posibilidad de que los emprendedores puedan crear sociedades en un plazo de 24 a 48 horas. Esta última iniciativa resulta atractiva y necesaria, pero solo si la norma se cumple apropiadamente y no se convierte –como otros tantos plazos legales– en un horizonte temporal con vigencia solo sobre papel. Otra novedad acertada es la cláusula one in, one out, que obliga a compensar cada nueva traba administrativa con la eliminación de otra ya establecida. También aquí la efectividad de la norma dependerá de que se siga el espíritu de ley y no únicamente su letra, de forma que no se creen barreras gravosas y se eliminen a cambio otras de menor alcance.

El texto recoge otras reivindicaciones históricas del autónomo, como la imposibilidad de que se pueda embargar su vivienda habitual por deudas inferiores a 300.000 euros, la creación de un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas o el establecimiento de incentivos fiscales. Todas esas medidas pretenden facilitar una segunda oportunidad al propietario de un negocio que sufre un revés, en línea de la mayor parte de las legislaciones de nuestro entorno, que lejos de considerar fracasado al emprendedor que ha fallado en su proyecto, reconocen el valor de cada iniciativa empresarial. También se ofrecen facilidades a la inversión extranjera al conceder el beneficio de la residencia a aquellos ciudadanos que inviertan en deuda pública o inmuebles, dos ámbitos en los que nuestra economía necesita de una especial y sostenida inyección de oxígeno.

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