Fomento negocia con la banca crear nuevos créditos para rehabilitación
El Gobierno reclama a las entidades que apliquen tipos más bajos y plazos de amortización más amplios en los préstamos a las comunidades de vecinos Pastor se ha reunido con bancos españoles y con el BEI
El Ministerio de Fomento admite que la situación de la construcción es “preocupante”, ya que el mercado de la vivienda y el suelo tienen problemas estructurales muy serios. De ahí que haya elaborado un nuevo marco legislativo para la rehabilitación y que el plan 2013-2016 se centre en fomentar el alquiler y las obras de mejora o renovación. Se destierran, por tanto, las ayudas a seguir construyendo más casas cuando es mucho más económico optimizar el parque inmobiliario existente.
Pero todos estos propósitos pueden quedar en nada, ya que constructores, fabricantes de materiales y administradores de fincas han advertido al departamento de Ana Pastor que cuando las comunidades de vecinos acuden a pedir créditos para acometer obras de mejora en sus edificios reciben o bien un sonoro portazo o, en el mejor de los casos, préstamos a plazos muy cortos con tipos de interés demasiado elevados.
Para tratar de poner remedio a esta situación, la subdirectora general de Urbanismo de Fomento, Ángela de la Cruz Mera, explica que han pedido a la banca que cree nuevos productos financieros para dar respuesta a esta demanda, algo que consideran vital para que el sector pueda salir de la crisis. “Nos hemos reunido con las principales entidades españolas y hemos recurrido también al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y les hemos pedido que generen nuevos instrumentos, con otras garantías, con plazos de amortización más largos, de 10 o 15 años, y a tipos más razonables, no los de un préstamo personal”, asegura la subdirectora a CincoDías.
Tipos al 10,5%
El secretario del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, Angel Ignacio Mateo Martínez, ahonda en esta idea. “En la actualidad, las tres únicas entidades que otorgan créditos a las comunidades de propietarios para obras de rehabilitación son Ibercaja, el Banco Popular y en menor medida Sabadell y lo hacen a tipos que se mueven en el entorno del 10,5%, a un plazo que en ningún caso supera los 10 años”, explica.
Desde el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid explican que la solución no es recibir más subvenciones o ayudas públicas directas, “que siempre solían llegar dos o tres años después de haberse solicitado cuando la obra se había terminado y la comunidad de vecinos había logrado la financiación por su cuenta”, sino generar un fondo que el Gobierno dote con los recursos que se pensaba gastar en subvenciones.
“Como sería dinero que las comunidades de vecinos tendrían que devolver, estaría permanentemente nutrido con las amortizaciones y de este modo se podrían realizar las obras y la actividad y el empleo se moverían”, añade Mateo, quien recuerda que la morosidad en esta clase de préstamos no existe.
Otra fórmula que plantean las empresas fabricantes de materiales de construcción es financiar los proyectos de rehabilitación que incidan en la eficiencia energética a través del recibo de la luz o de los impuestos, IRPF e incluso el IBI, como sucede en Reino Unido o EE UU.
Capacidad jurídica para el presidente
En 2011 ya se procedió a una reforma mediante la aprobación de un real decreto que reconocía la capacidad jurídica de las comunidades de vecinos. De esta forma, a la hora de solicitar financiación al banco la firma del presidente y el secretario bastaba para formalizar el préstamo. Pese a ello, las entidades se resisten a conceder créditos a comunidades que no incluyan la firma de todos los propietarios.
El anteproyecto de Ley de Rehabilitación, aún en trámite parlamentario, refuerza esa capacidad jurídica precisamente para evitar que sea un impedimento más al acceso a la financiación. Otras fuentes consultadas del sector financiero reconocen la existencia de estas trabas “por tratarse de préstamos relacionados con la construcción y el sector inmobiliario”.
Estas mismas fuentes recuerdan que las líneas puestas en marcha por el ICO no han sido tampoco una solución “porque son los bancos quienes al final siguen asumiendo el riesgo de la operación”.
Expertos jurídicos destacan que habría que aprovechar este momento para reformar todo el sistema de garantías en el que está basado el crédito y de la misma forma que existe la hipoteca inmobiliaria, crear una especie de hipoteca o garantía mobiliaria. Con esta figura se facilitaría, en opinión de estos analistas, que los emprendedores pudieran iniciar una actividad sin necesidad de hipotecar su vivienda habitual o cualquier otra clase de inmueble.
“Si se compra una licencia de taxi, que sea ese permiso la garantía o si se pone en marcha una explotación ganadera, que las garantías las constituyan los ingresos previstos o las subvenciones que le corresponderían”, afirman los expertos, que abogan por no dejar pasar esta oportunidad para hacer una reforma de calado.
Sobre la firma