La troika presiona al Gobierno y a la banca para que abran el grifo del crédito
El sector y los técnicos del FMI, el BCE y la Comisión muestran su preocupación por el elevado crecimiento de la morosidad
Todos juntos pero no revueltos. La troika –formada por el BCE, el FMI y la CE– no solo tiene como objetivo comprobar la salud de la banca española, sino también velar por la marcha de la economía del país. La concesión de un préstamo por 100.000 millones de euros abierto el pasado año por Europa, y del que se han usado hasta ahora 40.000 millones, marcan la vigilancia de la troika, cuyos pasos quedaron recogidos en el memorándum de entendimiento, conocido como MoU.
Por esta razón, las entrevistas –con traducción simultánea– que está realizando esta misma semana con responsables de más de una docena de entidades financieras se llevan a cabo de dos formas. Reúnen a tres o cuatro entidades a la vez y les piden sus opiniones sobre ciertos asuntos entre los que destaca el desplome del crédito y el elevado alza de la morosidad, para una hora y media más tarde entrevistarse por separado con los responsables de cada una de estas entidades.
Una vez finalizados estos encuentros, que se darán por cerrados el próximo martes, 28 de mayo, los conocidos como hombres de negro evaluarán con las autoridades las reformas económicas y la reestructuración del sistema financiero.
Una de las principales inquietudes que está demostrando la troika en los contactos con el sector financiero es la caída del crédito que se está produciendo en el país y las necesidades de financiación que tienen las empresas españolas, explican varias fuentes financieras.
Los representantes de la troika no entienden cómo puede caer tanto la demanda y concesión de créditos en el país, ya que es una herramienta fundamental para que la economía crezca, más cuando los bancos más débiles han sido recapitalizados con ayudas europeas precisamente para que vuelvan a su actividad principal, financiar la economía real.
Lo mismo sucede con las líneas de liquidez abiertas por el Banco Central Europeo, cuyo destino debía ser también la reanimación del moribundo estado del crédito. La banca tanto sana como la que ha recibido ayudas públicas coinciden en gran parte de su defensa ante estas quejas europeas.
Aseguran que falta demanda solvente. Además, explican que el número de actores en el sistema financiero español ha disminuido considerablemente en los dos últimos años, por lo que apenas queda una decena de entidades que puedan financiar a las empresas. Y añaden que las escasas firmas de crédito que quedan no pueden compensar el volumen que ha dejado de conceder las cajas que han desaparecido.
Estas entidades explicaron a la troika que para que fluya el crédito sería necesario una serie de incentivos por parte del Gobierno. Hace unos días el Banco de España fue tajante al afirmar que “no hay ningún regulador del mundo que obligue a su banca a dar créditos cuando la demanda no es solvente”. El supervisor explicó entonces que “el crédito está cayendo a un ritmo de entre un 7% y un 8%; un descenso que tiene un impacto en la economía y esto, a su vez, se refleja en la banca”.
La troika también ha pedido a cada una de las entidades que pasan por el Banco de España para reunirse con los técnicos europeos que les faciliten sus posiciones de liquidez. El objetivo es comprobar si las firmas nacionales tienen capacidad suficiente para dar financiación.
Además, se ha interesado por la capacidad de emisión que tiene la banca española. Las entidades a su vez han explicado que una parte importante que tienen para obtener liquidez es a través de la captación de depósitos, vía que ahora está limitada por la penalización impuesta por el Banco de España para subir las remuneraciones del pasivo.
Otro asunto que preocupa tanto al sector como a la troika es el crecimiento de la morosidad. La tasa de morosidad bancaria se sitúa en el 10,5%, pese a haber trasladado unos 75.000 millones de euros de activos inmobiliarios a Sareb. La nueva reclasificación de las refinanciaciones tienen también su hueco en estas reuniones. La troika quiere comprobar el impacto de esta nueva norma en las provisiones en la cuenta de resultados y capital del sector. Según los expertos las entidades deberán provisionar unos 10.000 millones de euros extra, lo que llevará a algún banco y cooperativa de crédito a pedir ayudas públicas.