Editorial

Cómo atrapar el billón del fraude fiscal

Las autoridades europeas dan por buenos los cálculos que revelan que los contribuyentes europeos, empresas y particulares ocultan a las Administraciones tributarias un billón de euros entre fraude fiscal, elusión de impuestos y evasión de activos financieros a territorios opacos. No es una cantidad menor, pues equivale a la riqueza generada por España en un solo año, o a diez veces el presupuesto comunitario.

En muchos casos, como el español, incluso permitiría equilibrar las cuentas de las Administraciones públicas, ya que se calcula que en España los contribuyentes ocultan unos 70.000 millones de euros al fisco, nada menos que el déficit presupuestario del último año pese a las fuertes subidas de impuestos y no menos fuertes recortes en los gastos públicos.

Pero además de ser una cantidad elevada, es cualitativamente un arma de destrucción masiva para las políticas de rigor que los Gobiernos imponen a sus administrados para poder atajar la crisis de la deuda en Europa. Y en la falta de una respuesta política contundente está el creciente desapego de la ciudadanía de las instituciones políticas tradicionales, y que en unos cuantos países ha puesto ya en alerta a los partidos que se turnan en el poder.

Está bien que los países de la UE decidan acelerar las normas que obliguen a un intercambio pleno de información sobre los activos que los contribuyentes, personas y empresas tienen en el extranjero.

Pero no es suficiente, pues a ello debe seguir la aplicación de las exigencias fiscales como a quienes han mantenido su renta y su patrimonio en territorio nacional, y medidas coercitivas ejemplarizantes para quienes insisten en ocultar sus activos en paraísos fiscales. 
España, como otros países en el pasado reciente, ha hecho un modesto ejercicio de amnistía fiscal en 2012 con una tarifa plana del 10%, pero ha logrado aflorar en la obligación de declarar activos en el exterior nada menos que 87.700 millones de euros, que en el futuro deben proporcionar buenos tributos sobre sus rendimientos.

Pero esta práctica de poner el contador a cero cada cierto tiempo para salvar la cara a los defraudadores financieros tiene que ser sustituida por restablecer la transparencia en los puntos opacos que Europa tiene en su territorio, previa armonización de la presión fiscal sobre el ahorro/capital que evite la deslocalización ventajosa.

Algunos pasos, lentos por supuesto, han dado los presidentes de Estado y de Gobierno en Bruselas. Pero deben acelerarlos para que las políticas de rigor puedan suavizarse y ganen credibilidad. Y desde luego deben evitar, como intentan hacer en Estados Unidos, la desfiscalización de la actividad empresarial por el simple ejercicio de la localización a la carta de las sedes de las compañías. Si todo el mundo paga, se recauda más y se puede reducir la presión fiscal individual.

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