Ajuste blando tras el plácet de Bruselas
El escenario económico ha cambiado para España tras admitir la Comisión Europea que el país, tras esfuerzos de consolidación fiscal de 2012, tras su propio autorrescate, precisa de más holgura presupuestaria. Así, de un exigente calendario de ajuste fiscal que debería llevar el déficit de las Administraciones públicas al 3% en 2014, España tendrá que tocar tal meta dos años más tarde, en 2016. Lo que ha sido un ajuste muy duro y severo el pasado ejercicio, y que tendría que reproducirse en 2013 y 2014, aparece ahora como un ajuste suave, de más sencilla digestión para la estresada economía española.
El nuevo escenario macroeconómico diseñado por el Gobierno y aprobado el pasado viernes, negociado ya con Bruselas, limita la reducción de déficit para este año a siete décimas (hasta el 6,3% desde el 7%), y a ocho adicionales en 2014. Proporciones ambas muy asequibles si se comparan con los dos puntos y medio de reducción del déficit de 2012, y sin la cual España no habría desbrozado, como lo ha hecho, el camino hacia la estabilización fiscal primero y económica después. Este esfuerzo descomunal de 2012, con grandes sacrificios para la población, con subidas de impuestos generalizadas y recortes de gastos públicos de toda naturaleza, es el que ha abierto ahora el camino al ajuste suave, al camino blando al 3% y la recuperación del crecimiento.
El paisaje económico, y con él el social y el político, han cambiado para Mariano Rajoy y su Gobierno. Cierto es que sin el padrinazgo de Bruselas habría sido imposible, porque nadie debe perder de vista la inocente declaración del presidente de la Comisión, Durão Barroso, el pasado lunes, de no menos trascendencia que la de Mario Draghi cuando en verano dijo que se encomendaba a salvar el euro: “Seguimos creyendo en la austeridad y en sus beneficios a futuro para la economía”, sentenció Barroso, “pero la población no lo cree así, y debemos estar atentos a sus deseos”. Europa ha entendido que la austeridad a ultranza socava las sociedades y puede poner en peligro no solo el euro, sino la democracia misma.
Pese el ajuste suave con el que el Gobierno afronta los últimos 30 meses de la legislatura, y que no está libre de una prórroga en la subida del IRPF para 2015 y subidas de impuestos especiales, las cifras de actividad siguen dando dolor de cabeza. Habrá una caída del PIB este año similar a la del pasado y el avance será muy modesto en 2014 y 2015, con un correlato en empleo casi decepcionante: la tasa de paro seguirá agarrada al 25,8% y aún el próximo año se destruirá empleo.
El Gobierno sigue poniendo por delante los bueyes, cual es la consolidación fiscal, como mejor camino para mejorar la cantidad y la calidad de la financiación de la economía, de tal guisa que sea esa la que saque a la actividad de la parálisis y, por derivación, al empleo. Claro que podría haber acompañado las reformas con medidas concretas de generación de empleo, especialmente para los jóvenes, pero esta es una variable subjetiva de la economía, que solo se activa moviendo las demás.
El Plan Nacional de Reformas presentado en el Consejo de Ministros del viernes, en su enésima edición, tiene vastedad suficiente como para agitar la economía, tras las reformas ya hechas (sobre todo la laboral, la bancaria y la fiscal), pero no valen más dilaciones en su aprobación. Que Europa dé más margen no significa que la economía española pueda permitirse más margen en su transformación, en su puesta a punto, porque tiene una tasa de desempleo insoportable que debe ser afrontada sin demora, aunque el Gobierno está en su derecho de hacerlo con el libreto de la ortodoxia.
La repetida literatura de la reforma de las pensiones, del sistema eléctrico, de las Administraciones públicas, de la unidad de mercado, de los servicios profesionales, de apoyo a los emprendedores, etcétera, deben pasar a las matemáticas este año, no el que viene, para que tengan el espíritu ejecutivo de la primera mitad de la legislatura.