La CNMV dirigirá Pescanova tras apartar el juez a Sousa de la gestión
Cada banco acreedor deberá presentar en un mes los crédidos concedidos a la compañía Pescanova ha comunicado que la deuda es de más de 3.100 millones, sin contar la comercial
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha declarado en concurso a Pescanova y ha retirado a su presidente de las facultades de administración del patrimonio de la sociedad, por lo que será sustituido por un consejo de administración, y le pide a la CNMV que designe un administrador.
El juez estima que existen discrepancias "relevantes" entre la información suministrada junto con la solicitud de concurso y la subsanación presentada pocos días después (diferencia de participación del hasta ahora presidente) e incluso la diferencia del pasivo total total. El auto añade que, además, el cargo de Sousa ha caducado en fecha inmediata tras el transcurso del plazo estatutario de cinco años, así como las "discrepancias" que existieron dentro del consejo de administración en la votación de la petición del concurso voluntario.
Como consecuencia considera que "mantener las plenas facultades del deudor puede conducir a una situación de difícil gobernabilidad en absoluto compatible con el orden que debe presidir el proceso concursal".
El auto en el que indica que Pescanova ha asegurado que su pasivo y activo superan los cinco millones de euros; sus acreedores superan los 50; no ha pedido la liquidación de su patrimonio, ni ha presentado una propuesta de anticipada de convenio; y tenía intención de pedir a la administración concursal retrasar la formulación de las cuentas.
El juzgado recuerda que el plazo que tendrá la administración concursal para presentar su informe será de dos meses.
Por último, el auto indica que todos los acreedores de Pescanova cuentan con un plazo de un mes, a contar desde la publicación en el BOE, para que comuniquen a la administración concursal la existencia de sus créditos, "por escrito firmado por el acreedor" o por cualquier otro interesado.
Más de 3.100 millones de deuda
La banca acreedora comenzó a desesperarse ante la negativa de la compañía gallega a facilitar las cuentas y realizar una propuesta de financiación para reestructurar la deuda. Fuentes financieras aseguran que Pescanova ha comunicado a los acreedores, de manera informal, que la deuda total asciende a 3.110 millones (el grupo tendría 1.800 millones en créditos más 350 millones en bonos, a lo que se suma una deuda de 350 millones de las filiales españolas y otros 610 millones del resto de filiales). Esta cifra, que duplica la declarada por la alimentaria, no incluye la deuda comercial. Pescanova, además, se ha negado a plasmar estos datos por escrito.
Dentro de los acreedores, la banca extranjera ha pedido desde el principio la dimisión de Sousa, máxime aún tras conocerse que se desprendió recientemente de la mitad de su participación en la compañía. Fuentes financieras aseguran, no obstante, que la mayoría de las entidades esperan ahora a que el juez nombre a los administradores concursales para conocer si esta es viable. De momento, añaden, buena parte de los bancos mantienen abiertas las líneas de crédito a Pescanova. El grupo comunicó a los acreedores que sus necesidades de liquidez “inmediatas” estaban relacionadas con el pago a un proveedor y se elevaba a unos 60 millones, una cantidad que según la compañía “se gestionaría de manera orgánica o bien con la venta de activos”.
Intervención de la CNMV
El pasado martes 16, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió intervenir y tomar las riendas en la inspección de las cuentas de Pescanova, después de haber realizado varios requerimientos a la compañía alimentaria solicitando más información del ejercicio 2012. Según la nota remitida por el supervisor, esta “no ha sido elaborada de acuerdo con los estándares de contabilidad exigibles”. Como consecuencia, la CNMV “monitorizará” la auditoría de las cuentas que va a realizar KPMG, elegido por la banca acreedora. El supervisor advierte además que sigue adelante con el proceso abierto de posibles sanciones a los gestores.
