Reflexiones sobre política fiscal (II)

A escasos días de que el Gobierno anuncie una nueva estrategia económica, el autor, tras repasar el estado de las finanzas públicas, aboga por una reforma fiscal que colabore a la reducción del déficit estructural.

Una rápida revisión de las previsiones en las que se asientan los actuales Presupuestos Generales del Estado junto a una mirada al entorno por el que transitamos nos conducen irremediablemente a un nuevo ajuste fiscal. Esperamos, pues, nuevas decisiones durante las próximas semanas que situarán al país ante nuevos desafíos. Tales noticias podrían concretarse el viernes 26 de abril cuando se espera que el gobierno presente la revisión de su estrategia de política económica.

El consenso de los analistas privados deja la contracción de la economía española en el 1,6%, similar a la del FMI

En los presupuestos en vigor, el gobierno esperaba cerrar 2012 con un déficit global del 6,3 por ciento del PIB, del cual 4,5 puntos corresponderían a la Administración Central y a la Seguridad Social, al margen de los gastos vinculados al saneamiento del sector financiero. Sin embargo, el déficit del Estado fue superior al 5,0 por ciento del PIB, lo que junto al desfase negativo en 0,2 puntos de las Comunidades Autónomas y la mejora de las Corporaciones Locales en una décima, dejó el déficit global por encima del 7,0 por ciento, después de los manejos contables de última hora. De este modo, el año se inició con un desfase adicional del déficit no previsto en los presupuestos que se podría situar en más de 7.000 millones de euros. Asimismo, el gobierno estimaba una caída de la actividad en 2013 del 0,5 por ciento. En estos momentos el consenso de los analistas privados deja tal contracción en el 1,6 por ciento, tasa similar a la estimada recientemente por el FMI. De este modo, los presupuestos están realizados con un desfase de más de un punto en la previsión del PIB, lo que podría suponer un déficit adicional de más de 11.000 millones de euros. Ambos cálculos sitúan el déficit pendiente a recortar en cerca de 20.000 millones de euros. Pero además, por cada décima de déficit recortada, el saldo neto se reduce en una cantidad inferior, dado el efecto recesivo de la consolidación fiscal en el actual entorno de inestabilidad financiera. Así pues, el ajuste pendiente superaría muy ampliamente la cifra anteriormente citada.

Y todo ello con unos presupuestos que esperaban una reducción del gasto por desempleo o que iniciaron el ejercicio con un aumento del gasto derivado de la restitución de la paga extraordinaria ahorrada en 2012 en el sector público. Es decir, unos presupuestos con notables lagunas a la hora de cumplir su objetivo inicial.

“La caída del PIB esperada y una credibilidad limitada de los presupuestos apuntan a un nuevo ajuste fiscal”

Ahora bien, aunque en el fondo la senda de ajuste dependa más de las condiciones del mercado a las que nos financiamos que de los objetivos cuantitativos pactados con la Comisión Europea, tal revisión aliviaría la tensión política facilitando un acuerdo entre administraciones en el seno del país. Los más optimistas sitúan el nuevo objetivo cercano al 6,0 por ciento del PIB frente al actual 4,5 por ciento. De este modo, si los presupuestos de las distintas administraciones estuvieran bien diseñados y acertaran a reducir el déficit en 1,8 puntos como se esperaba en el momento de su elaboración (desde el 6,3 por ciento que se esperaba para 2012 al objetivo del 4,5 por ciento para 2013), el nuevo compromiso obligaría “solo” a un ajuste de un punto respecto al dato de cierre real de 2012. Esta mejora relativa podría permitir cierto espacio para gestionar el empeoramiento de la actividad. Sin embargo, la profunda caída del PIB esperada para este año, más del triple de la proyectada inicialmente por el gobierno, junto a una credibilidad limitada de los propios presupuestos en vigor apuntan a la necesidad de un nuevo ajuste fiscal.

En este sentido, con los datos actualizados, el FMI espera un déficit para 2013 del 6,6 por ciento del PIB y la Comisión Europea del 6,7 por ciento, de modo que todo objetivo inferior a esta tasa supondrá ajustes adicionales, si bien la rebaja respecto al compromiso previo debería permitir un acuerdo entre administraciones en el interior del país. Con todo, lo peor es la previsión de déficit para 2014. El FMI espera un incremento del saldo negativo hasta el 6,9 por ciento y la Comisión lo sitúa en el 7,2 por ciento. Tal empeoramiento se basa fundamentalmente en el fin de la subida temporal del IRPF aprobada por el gobierno a finales de 2011. Además, una parte sustancial de las reformas en el impuesto de sociedades, que están permitiendo aumentar ingresos en la actualidad, son también temporales o suponen meros adelantamientos en su cobro. De este modo, con la excepción de la subida del IVA, el grueso de los incrementos impositivos ha sido puramente transitorio. Sin embargo, parece complicado lograr financiación para cubrir tal déficit a tipos de interés sostenibles. En este sentido, deberíamos esperar un mantenimiento, con independencia de la intensidad, de la senda de consolidación fiscal. De este modo, cualquier rebaja del déficit en 2014 respecto a la estimada actualmente tendrá un impacto directo sobre la actividad, de modo que no puede descartarse una prolongación de la recesión durante el próximo año.

El pasado año, España cerró el ejercicio con un gasto público 6,5 puntos por debajo de la media de la UE

Por ello, el gobierno se encuentra ahora ante la decisión de anunciar una nueva estrategia de consolidación fiscal. Puede centrar tales medidas en retoques temporales, pero el país está pendiente de una agenda de consolidación estructural. Recordemos, pues, que el pasado año España cerró el ejercicio con un gasto público cerca de tres puntos por debajo del promedio de la zona euro en términos de PIB, pero con unos ingresos fiscales diez puntos menores. Este desfase en la capacidad tributaria explica un déficit en España que duplica a la media de la eurozona, aun cuando nuestro gasto es notablemente inferior.

Pues bien, España necesita una reforma fiscal que colabore en la reducción del déficit estructural ampliando las bases imponibles (lucha contra el fraude, limitación de deducciones y exenciones, etc.) y generando los menores desincentivos a la actividad a corto plazo (gravando más el stock de renta que el flujo) para no desanimar una potencial recuperación. Tal reforma planteada en términos estructurales mejoraría la credibilidad fiscal del país, ayudando a aminorar los costes de financiación que podría compaginarse con una senda de ajuste más suave a corto plazo, a expensas en todo caso del avance de la integración de la zona euro.

Jonás Fernández Álvarez es director del Servicio de Solchaga Recio & asociados.