Editorial

El arreglo mutualizado de las preferentes

El Congreso de los Diputados convalidó ayer el real decreto aprobado por el Gobierno en marzo para aplicar una solución definitiva al conflicto creado por varias entidades financieras, todas ex cajas de ahorros, con la venta masiva de productos financieros opacos y deuda subordinada en los primeros años de la crisis, cuando trataban de captar capital para hacer frente a la escalada de pérdidas. Con las herramientas creadas, los tenedores de deuda subordinada y de emisiones de participaciones preferentes, productos todos ellos ilíquidos, podrán desprenderse de ellos canjeándolos por acciones cotizadas de las entidades emisoras o bien venderlas al precio que se tase al Fondo de Garantía de Depósitos. En el caso de preferentes o emisiones de deuda de Bankia, podrán cambiar sus papeles por títulos de la cotizada, y en el caso de las entidades no cotizadas, como Novagalicia Banc, Catalunya Banc o Banco Ceiss, deberán vender sus participaciones al Fondo de Garantía.

 

El conflicto ha encontrado cauce financiero y político tras la presión en la calle. Y aunque el Gobierno ha buscado una fórmula para recuperar una parte de la inversión, que en muchos casos no vale nada por el efecto dilutivo de la entrada masiva de capital público, ha generado otro conflicto. La fórmula mutualizadora de liquidación, socializando las pérdidas a cargo de las entidades sanas, además de arrojar razonables dudas morales, se traducirá en un endurecimiento de las condiciones del crédito en el futuro. Hay que recordar que la banca comercial sana, que también ha tenido que echar mano de los medios de sus accionistas para recapitalizarse ante la crisis, deberá aportar la nada despreciable cifra de 2.000 millones de euros para abonar las pérdidas de las preferentes emitidas por su competencia.

La Unión Europea ya ha endosado a los contribuyentes la carga del rescate de las cajas de ahorros, y como no permite costear con dinero público las pérdidas de tenedores de títulos de capital, el Gobierno lo ha traspasado a los accionistas de la banca sana. Gráficamente, como si obligase cada año al Real Madrid y al Barcelona a ceder unos cuantos puntos a los tres últimos equipos de la tabla de Primera División para que no descendiesen a Segunda.

De nada han servido las quejas de los banqueros, que cierto es que llevarán al impuesto de sociedades el gasto como atenuante. Bien está evitar la quiebra de un banco si su condición de sistémico puede poner al país contra las cuerdas, y bien está que lo paguen los contribuyentes si terminan recuperando su dinero. Pero tiene poca justificación mutualizar las pérdidas dentro de un sector, traspasando costes de unos a otros, cuando en teoría son competidores financieros; y tiene menos aún reclamar a renglón seguido esfuerzos para que las entidades financieras concedan el crédito que precisa la economía.

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