El decepcionante Plan de Empleo juvenil
El alto desempleo juvenil en España, que duplica la media europea, es un grave problema estructural, agravado por la crisis económica, con consecuencias sociales especialmente negativas. A través del Decreto-Ley 4/2013 (BOE 23 de febrero), el Gobierno ha articulado una estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013/2016, dotada con fondos europeos, que pretende dar respuesta a esta disfunción de nuestro mercado de trabajo.
Al margen de alguna buena orientación en la ayuda al joven emprendedor, el plan de empleo juvenil vuelve a caer de nuevo en el error de apostar por la contratación precaria y utilizar esencialmente los estímulos de las bonificaciones sociales. La larga experiencia laboral de ambas medidas, con derivadas negativas y apenas resultados, no parece suficiente como para persistir en este error, mientras las grandes estructuras que realmente podrían potenciar el empleo juvenil apenas quedan alteradas.
Además de dejar de nuevo intactos los, tan utilizados en los jóvenes, contratos temporales, esta normativa idea un nuevo contrato eventual para jóvenes desempleados menores de 30 años con escasa o sin experiencia laboral donde la causa que faculta la contratación es la edad y la adquisición de una primera experiencia profesional. De igual modo, sin alterar los a veces abusivos sistemas de becas y prácticas que concentran parte del empleo precario juvenil ni corregir las disfunciones de la contratación formativa, la estrategia crea un nuevo contrato a tiempo parcial con vinculación formativa para menores de 30 años, que puede ser a su vez también temporal, y con una formación no necesariamente vinculada al puesto de trabajo.
También, en vez de integrar la contratación formativa en los límites legales del encadenamiento de contratos temporales, queda aceptada la concatenación de contratos para la formación y en prácticas con el mismo trabajador en la misma empresa.
Incluso, en una combinación de temporalidad y formación difícil de controlar, si no de gestionar, se permite a las empresas de trabajo temporal ceder trabajadores con esta dimensión formativa en el contrato. Y todas estas medidas, que inciden en una mayor precariedad e incertidumbre del empleo juvenil, van acompañadas de sustanciosas bonificaciones sociales en la contratación de los jóvenes, que absorbe buena parte de los fondos europeos recibidos.
Una evaluación desde la siempre deseable metodología empírica del experimento y la refutación, a la luz de muchos años de experiencias de políticas laborales, tendría que haber descartado este tipo de medidas y apostado por otras, como mínimo, más imaginativas, en espera de una constatación en forma de resultados. Los datos explican que, en medio de un débil sistema productivo como el nuestro, la precariedad en el empleo de los jóvenes es la otra cara de su alto desempleo y escasas expectativas profesionales.
Los indicadores suelen mostrar, también, que la integración de la formación en el contrato de trabajo sin el sustento de un sistema potente formativo, que asegure su vinculación a la demanda del mercado de trabajo, no hace más incidir en esta precarización. Y los estudios fiables, entre los que habría que destacar el dirigido por el añorado profesor Luis Toharia (U. Alcalá de Henares, 2010), muestran que las costosas bonificaciones sociales apenas inciden en la creación de empleo juvenil y, más bien, cooperan a su destrucción cuando desaparece la ayuda pública.
El plan de empleo juvenil, con una dotación económica europea importante, debería haber sido, precisamente, la gran oportunidad para abandonar este tipo de medidas reincidentes y apostar por cambios sustanciales en la contratación, formación e intermediación laboral de los jóvenes.
Es decepcionante que haya sucedido lo contrario y quedan pendientes las tareas estructurales que mejoren las expectativas de los jóvenes en el mercado de trabajo. En vez de más contratos precarios, articular bien un contrato indefinido único que responda a estas expectativas, al menos, de inicio en las empresas.
Al contrario que devaluar la formación sin adecuarla a la demanda, transformar el sistema de formación profesional y continua con el eje de un modelo dual que combina centro educativo y empresa. Como alternativa a las bonificaciones sociales, destinar toda la dotación económica de la política de empleo a la colaboración público-privada en la intermediación y colocación laboral. Y, en fin, trascender medidas de corto alcance con estímulos productivos que ofrezcan mejores oportunidades a los jóvenes. Habrá que esperar a todo ello.
Jesús Lahera Forteza es Profesor titular de Derechodel Trabajo UCM y consultor formativo Abdón Pedrajas & Molero