El Gobierno obliga a la banca a pagar el 'rescate' de los híbridos de Novagalicia y Catalunya Banc

Los titulares de preferentes pierden de un 38% a un 61% de la inversión

Economía obliga a la banca a desembolsar 2.000 millones para dar liquidez a los híbridos de Novagalicia y Catalunya Banc

Antonio Carrascosa, director general del FROB, y Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España
Antonio Carrascosa, director general del FROB, y Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España

Ya está aprobada la solución para dar liquidez a las participaciones preferentes de las entidades que no cotizan, como Novagalicia y Catalunya Banc, y las quitas que recibirán sus titulares y los de Bankia. Los descuentos que sufrirán sus titulares serán en el menor de los casos del 38% de media para Bankia, del 43% para los preferentistas de NCG, del 50% para su exfilial, Banco Gallego, y del 61% para la entidad catalana.

Unas pérdidas masivas que pueden ampliarse para las no cotizadas, ya que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) podrá aplicar un ligero descuento cuando compre estas preferentes una vez canjeadas por acciones a los pequeños ahorradores, según explica el Banco de España. Y es que el FGD, organismo que se nutre de las cuotas anuales de la banca, será el organismo que adquirirá estos títulos para darles liquidez, ya que las acciones de Novagalicia o Catalunya Banc no cotizan.

También se han disipado las dudas, si es que aún había alguna, del precio al que el FROB realizará el canje de las acciones a los inversores de Bankia. Será de un céntimo, al que se aplicará un contrasplit o suma de acciones de 100 títulos por un euro para que este papel tenga liquidez y evitar un derrumbe de la cotización (como sucedió en Banco de Valencia) el primer día en el que se realice el canje de preferentes por acciones en mayo.

A este precio se añadirá una prima de emisión que cubrirá los 4.148 millones de valor económico negativo de la entidad. El FROB reduce así de 2 euros a 1 céntimo el valor nominal de las acciones de Bankia, con lo que se incrementan las reservas de la entidad destinadas a absorber pérdidas. De esta forma, se cumplirá el mandato de Bruselas de que los accionistas sean los primeros en absorber sus pérdidas con casi la totalidad de su participación. El FROB también perderá en este canje unos 10.000 millones de euros.

Para llevar a cabo la operación, el grupo que preside José Ignacio Goirigolzarri debe realizar una reducción de capital y, para dar una adecuada cotización del valor, se llevará a cabo de forma automática el contrasplit, de modo que los nuevos accionistas, que serán los preferentistas –Bruselas obliga a los dueños de preferentes o deuda subordinada a canjear estos híbridos por acciones–, entrarán en el capital a 1 euro, a lo se sumará la prima, con lo que el valor será de unos 1,36 euros, y el número de títulos estará en unos 11.400 millones.

Después se realizará una ampliación de capital para que Bankia cumpla los requisitos de solvencia. Esta inyección de capital, de 10.700 millones de euros, con derecho de suscripción preferente, sustituye por acciones los bonos convertibles contingentes (cocos) emitidos por Bankia y suscritos al 100% por BFA, que serán amortizados.

Será luego, en una segunda ampliación de capital por 4.840 millones de euros, con exclusión del derecho de suscripción preferente, cuando entren los preferentistas y dueños de deuda subordinada minoristas, una vez realizada ya la quita de estos híbridos, que de media para Bankia es del 38% –ahora estos títulos suman 6.900 millones de euros–. Con todo ello, la entrada de capital alcanzará 15.540 millones.

De esta forma, los preferentistas sufrirán menores pérdidas que la de los accionistas que entraron en el estreno bursátil de la entidad en julio de 2011, cuando la acción se situó en 3,75 euros. El viernes cerró a 0,251 euros. Para los tenedores de híbridos de Novagalicia y de Catalunya Banc la solución es aún más complicada, ya que no cotizan.

Además, las quitas que deben sufrir son mayores que las de Bankia. Para ambos, el Gobierno ha aprobado un real decreto por el que las entidades financieras deben realizar una derrama extraordinaria al FGD del 3 por mil de sus depósitos, con la que se conseguirá entre 1.500 y 2.000 millones de euros, que irán destinados a dotar de liquidez a los preferentistas de ambas entidades. La solución, como es lógico, no ha gustado al sector, aunque consideran, como Banco Popular, que es necesaria. La derrama se va a distribuir por años, de modo que el 40% del total se dotará en los 20 primeros días de 2014. Y el resto, dentro de un plazo máximo de siete años, cuyo calendario fijará el FGD.

La comisión gestora del FGD fijará la cuantía, pero podrá establecer exenciones para eximir a las firmas nacionalizadas, así como a las de tamaño inferior a los 5.000 millones, que solo aportarán el 50%. Además, se tendrán en cuenta las aportaciones a Sareb. Así, se eximirá hasta el 30% de las aportaciones de Sareb, que se pueden realizar hasta el 31 de diciembre de este año. De esta forma, BBVA, que no ha participado aún en el capital del banco malo, no se beneficiará de estas exenciones a no ser que participe en él durante este año.

Solo podrán acudir a la venta de las acciones de NCG y Catalunya Banc al Fondo de Garantía los inversores minoristas que adquirieron participaciones preferentes tras realizar la quita del 61% de media para los títulos de la firma catalana y del 43% para los de la gallega, y su posterior canje. Economía prevé que se vendan al FGD los 2.000 millones de euros de híbridos de ahorradores de ambas firmas.

Límite al consejero independiente

Los consejeros independientes ya tienen fecha de caducidad. El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció el viernes en Consejo de Ministros la orden ministerial sobre gobierno corporativo de empresas cotizadas, cajas de ahorros y emisores de valores. Esta norma limita a 12 años el tiempo durante el que los consejeros independientes pueden ocupar dicho cargo en una entidad o empresa. Aunque contempla un régimen transitorio, de modo que los consejeros independientes que el 30 de junio hayan desempeñado su cargo durante más de 12 no dejarán de serlo hasta que concluya su mandato.

Fuentes de Economía aseguran que habían detectado consejeros independientes que llevaban más de 30 años en el cargo, lo que merma “su independencia”. Esta orden, que se publica el sábado en el BOE, también incluye la obligación de realizar un informe anual de retribuciones de los consejeros.

La principal novedad, según explicó Guindos, radica en las obligaciones que a partir de su puesta en marcha tendrán las cajas de ahorros (solo quedarán dos, Pollença y Ontinyent, puesto que el resto se transformarán en fundaciones) de presentar un informe sobre las remuneraciones de sus consejeros y directivos. El informe será público y tendrá que ser remitido a la CNMV. La definición de los distintos tipos de consejeros (ejecutivos, dominicales o independientes) se mantiene sin cambios.

Por lo que respecta a las remuneraciones, el informe anual, que deberá ser sometido a la junta de accionistas con carácter consultivo, tendrá que detallar de forma individualizada las retribuciones de cada consejero.

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