Los cambios se harán sin contar con las autonomías

La nueva ley eléctrica para Canarias anula poderes del Gobierno insular

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. EFE

La memoria de lo que será el anteproyecto de ley con el que el Gobierno quiere introducir competencia y reforzar la seguridad de los sistemas extrapeninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) fue una enorme sorpresa para la eléctrica incumbente, Endesa, y para el Gobierno de la comunidad autónoma más afectada, la canaria. Aunque las partes solo han podido ver la memoria del anteproyecto, de la que dio cuenta el Consejo de Ministros del 1 de marzo (hay quien considera que ni siquiera es una memoria, pues no incluye un articulado), su contenido ha creado una cierta alarma.

 Lo más soprendente de la iniciativa es que, dada la gran afición del Gobierno de Mariano Rajoy a los reales decretos ley, haya optado en este caso por una ley que deberá tramitar el Parlamento. Y  aún sorprende más que haya optado por una ley tratándose de medidas que podían haber sido aprobadas con alguna norma de rango inferior (órdenes ministeriales o decretos).

Según fuentes jurídicas, esto tiene una explicación: al tratarse de una ley, esta anularía parcialmente la Ley Eléctrica y, concretamente, la potestad que tienen los gobiernos autónomos  sobre las actividades eléctricas. El artículo 12 de dicha norma señala que “las actividades para el suministro de energía eléctrica que se desarrollen en los territorios insulares o extrapeninsulares serán objeto de una reglamentación singular que atenderá a las especificidades derivadas de su ubicación territorial, previo acuerdo con las comunidades o ciudades autónomas afectadas”.

Las mismas fuentes recuerdan que este derecho de audiencia autonómico fue introducido en la Ley Eléctrica en 1998 por el Gobierno del Partido Popular como una de las condiciones de Coalición Canaria para formar gobierno en el archipiélago. Una potestad que ha servido a Endesa para pedir su apoyo a los gobiernos autónomos y viceversa frente a Industria, que ahora se librará de las presiones.

Los más críticos con el futuro anteproyecto consideran que este no logrará el objetivo de una reducción de costes, sino que incluso se incrementarán. Por ejemplo, para abaratar los costes de generación se pagarán las primas por razones de seguridad de suministro o eficiencia a nuevas instalaciones en zonas donde se supera el índice de cobertura.

Por contra se eliminará dicho incentivo o prima a los operadores que tengan una potencia de generación superior al 40% de dichos sistemas extrapeninsulares. Esta medida afecta de lleno a Endesa, que podría paralizar las inversiones que tiene previstas hasta 2022 para instalar 700 MW nuevos solo en Canarias. Hay quien asegura que, tras esta futura norma, está la intención del Ejecutivo de Rajoy de no favorecer más a una compañía propiedad del Estado italiano.

El Ejecutivo considera que ese límite en función del índice de cobertura ha impedido la inversión de nuevos operadores, aunque otras fuentes creen que ha sido la bajada de la retribución de los últimos años es la que ha desincentivado la llegada de nuevos inversores.

Ante las dificultades para poner en marcha instalaciones paralizadas por no contar con la autorización administrativa, el Gobierno está dispuesto a retribuir a algunas plantas antes de que cuenten con dicha autorización, algando “las necesidades del sistema”.

Una medida que los expertos consideran positiva y sí podría aligerar los costes, es que el del combutible (que supone el 60% de los costes de generación), se determinará mediante un mecanismo competitivo que el texto aún no especifica.

Por lo demás, la memoria está repleta de medidas redundantes con lo que ya establece la Ley Eléctrica, como las sanciones o eliminación de pagos por capacidad en caso de fraude;la capacidad del Estado para intervenir y operar las plantas en caso de emergencia. O la evaluación de impacto medioambiental para las exploración con fracking.

 

REE y Enagás, las beneficiadas

Con el anteproyecto de ley en ciernes, y como ha ocurrido con las ayudas al carbón (que han sido denegadas a las mineras privadas, pero se han mantenido para Hunosa), el Gobierno se dispone a beneficiar a los operadores de las redes energéticas, REE y Enagás, en las que participa la SEPI. De hecho, al contrario que Endesa, ambas compañías conocieron de antemano la decisión del Consejo de Ministros.
En el caso de REE, la futura ley acabará con el enfrentamiento entre esta compañía y Endesa por las instalaciones de bombeo, que permiten el almacenamiento de energía. Finalmente, el Gobierno traspasará estas instalaciones de generación de Endesa a REE, pese a que ello podría contravenir la directiva europea de electricidad, que prohíbe a los TSO(gestores de las redes y transportistas) gestionar activos de generación.
En cuanto a los proyectos para construir dos regasificadoras en el archipiélago canario (una en Gran Canaria y otra en Tenerife), que promueve una sociedad en la que participa Endesa (con un 47%), Enagás (42%) y Sodican (11%), pasarían a Enagás. Se desconoce qué precio debería pagar el gestor del sistema gasístico por la participación que no tiene y si además de Endesa debe salir del capital la sociedad pública canaria.
Ya en su primera visita oficial al archipiélago hace más de un año, el titular de Industria, José Manuel Soria prometió desbloquear la construcción de las regasificadoras. Este bloqueo se achaca a Endesa, “que tiene poco interés en invertir” y que lleva frenando el proyecto desde hace seis años.

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