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El Foco
Columna
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Es tiempo de ideas

Mucho se ha polemizado sobre los acuerdos laborales alcanzados en las entidades financieras dependientes del FROB. El autor defiende la solución, que ha contado con el visto bueno del Gobierno

Los acuerdos de empleo alcanzados entre los sindicatos elegidos por las plantillas y las direcciones de las empresas dependientes del FROB (Bankia y Banco de Valencia) han puesto en el centro de la atención mediática algunos debates, que merece la pena dar continuidad, por si acaso fueran transferibles a otras situaciones parecidas, salvando todas las distancias que puedan existir entre sectores y entre empresas.

Defender el mayor número de empleos posibles es una prioridad que no puede, ni debe, ser exclusiva de los sindicatos. Las cifras de desempleo estrellan contra la realidad diaria cualquier intento de defender la última reforma laboral como instrumento automático para el mantenimiento del empleo. No digamos ya, para su generación. También alimenta este argumento el número de empresas destruidas, que va mucho más allá de la schumpeteriana "destrucción creativa".

Incluso para las personas más afectadas por la ideología liberal, el trabajo, y por tanto el salario, ha cobrado una renovada importancia económica como elemento definitivo en la recuperación de la demanda interna y será uno de los elementos que nos permita empezar a salir de la depresión económica que vivimos. Compartir este principio teórico se ha convertido en una terapia sintomática que alivia conciencias, pero que soluciona poco si no se traduce en elementos concretos que minimicen el impacto de la crisis sobre las personas. Una parte mayoritaria del empresariado español ha utilizado la reforma para despedir más barato a sus trabajadores más caros, despreciando otras posibilidades que permiten mantener el empleo utilizando la flexibilidad laboral. Es necesario acabar con la cultura del beneficio fácil, con la idea del atajo y del crecimiento rápido.

Fuera de las esferas de justificación política, pocas personas en su sano juicio aventuran una salida a la crisis que no pase por acumular esfuerzos compartidos. En gran medida, los acuerdos alcanzados en todo el proceso de reconversión del sector financiero (no sólo en Bankia y Banco de Valencia) aplican esta receta y buscan la defensa del empleo utilizando una batería de medidas de comprobada eficacia que se vienen implementando en el sector desde hace décadas y que se resumen en una frase: flexibilidad antes que paro. No desregulación. Conociendo este país, no me cabe la menor duda de que el compromiso laboral alcanzado en Bankia y Banco de Valencia, por su vinculación al FROB, va a ser utilizado como arma arrojadiza atendiendo a distintos intereses políticos y a distintas líneas editoriales. Pero conviene ayudar al rigor de los analistas, situando en su contexto algunas ideas utilizadas en este proceso de negociación.

En primer lugar, este proceso es singular porque nace limitado por las condiciones marcadas en los Memorandum de Entendimiento (MOU), que garantizan la correcta utilización de los fondos destinados a la recuperación del sector financiero español. Es decir, con independencia de la capacidad negociadora de las partes, los acuerdos tenían que pasar el visto bueno de las autoridades españolas y europeas. A priori, Europa marcaba el cuánto pero no el cómo. Los MOUs recogen el ratio llamado FTE (Full Time Equivalence) que se refiere al número de personas en plantilla por jornada completa. Hemos utilizado este concepto como un instrumento de flexibilidad interna, jugando con los años de implementación, para situar cómputos de jornadas parciales o suspensiones de jornada.

Las prejubilaciones siguen siendo un instrumento útil. Permiten salidas ordenadas de personas que siguen contribuyendo a la Seguridad Social y que cuando alcanzan la edad de jubilación cuentan con carreras laborales superiores a los cuarenta años. El carácter anticipado de esa jubilación, cuando se alcance, verá mermada su base reguladora. En la mayor parte del sector financiero este instrumento ha permitido una renovación de plantillas que se ha constituido de hecho como un pacto entre generaciones, que aliviará el porcentaje de paro juvenil.

Incluso en las extinciones de contrato, se pueden establecer tramos de indemnización vinculados a procesos de recolocación que orienten el tremendo impacto personal que suponen. Extinguida la relación laboral y percibida una parte de la correspondiente indemnización, si se obtiene recolocación con unos parámetros de estabilidad y renta preacordados, la empresa no abonará el resto de la indemnización. Si la salida fuera un autoempleo, la empresa abonaría una parte del resto de la indemnización como ayuda al lanzamiento de la actividad. Se busca incentivar la recolocación para todos los actores: la persona trabajadora, porque intenta conseguir un empleo, la empresa, porque se ahorra una parte de la indemnización y la Administración, porque acorta el periodo de pago de la prestación por desempleo.

Hay que tener en cuenta que hablamos de carreras laborales largas que ya han generado con creces su derecho a la prestación por desempleo que, recordemos, se construye como un seguro colectivo al que contribuimos todos y, muy especialmente, personas que casi nunca se han visto en una situación de paro. Por lo tanto, no sólo tienen derecho a la prestación sino también a que se cotice por ellas mientras sufran esta situación.

Por último, dentro del drama personal y colectivo que supone ver quebrada la vida laboral de casi 5.300 personas, conviene dejar claro, que la libertad constitucional de las partes en la negociación colectiva ha conseguido superar el suelo que representan las condiciones prefijadas en la reforma laboral. Los sindicatos hemos jugado el papel para el que hemos sido elegidos y conviene, a partir de este punto, exigir responsabilidades a quienes quieran añadir perjuicios a este colectivo que, sin provocar la situación, va a pagar el precio más alto. La solidaridad que van ha demostrar las personas que mantienen su empleo congelando parte de sus condiciones para que quienes se vean obligados a salir se vayan mejor, señala la distancia que existe entre algunos discursos políticos hechos de cara a la galería y lo que exige la vida real. En esto último trabajamos los sindicatos y conviene que el rigor acorte esa distancia lo más pronto posible.

José María Martínez es secretario general de COMFIA-CCOO

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