Guerra entre familias en el sector eléctrico
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha conseguido focalizar en su persona las críticas más airadas de las asociaciones de energías renovables. Un lobby quizá no tan poderoso como el de las grandes eléctricas, pero muchísimo más ruidoso y obstinado, que tiene la ventaja respecto a Unesa de defender un negocio (al fin y al cabo, negocio) que convierte en políticamente incorrecta cualquier crítica.
Pero una cuestión es atribuir a las primas de las renovables (8.400 millones para este año, de los que un 25% corresponde a la cogeneración) parte del crecimiento del déficit de tarifa y otra culpar a los inversores que se limitaron a solicitar en su día unos permisos que recibieron sin la más mínima planificación por parte del Estado.
Salvada esta distinción, lo cierto es que el sistema eléctrico tiene un grave problema (un déficit de tarifa que persiste bajo la capa de maquillaje que hábilmente le ha aplicado el nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal) que las asociaciones de renovables no deben obviar si quieren mantener su credibilidad.
Desesperadas por los nuevos recortes que les ha infligido el real decreto-ley de medidas urgentes del sector energético del 1 de febrero (algunos, encubiertos), las empresas de renovables han arremetido contra el Gobierno, al que acusan de estar al servicio de las eléctricas de Unesa. En un frente común, las cuatro principales asociaciones del sector (APPA, Protermosolar, Unef y Anpier) han reclamado el apoyo incondicional de los ciudadanos y se han lamentado de que Industria no haya tenido en cuenta su posición a la hora de elaborar dichas medidas.
Pero el victimismo desmesurado de unas asociaciones que aseguran que el déficit de tarifa "es un problema puntual", para las que la única inseguridad jurídica que existe es la que se aplica a sus asociados y que nunca hacen referencia a la depresión económica que sufre el país desde hace más de cuatro años o a las fuertes subidas de tarifa a los consumidores, puede resultar contraproducente ante la opinión pública. Además, recuerdan en algunos ámbitos, cuando tuvieron ocasión de negociar con el Gobierno un ajuste de su retribución (la fotovoltaica lo hizo un año entero cuando Miguel Sebastián era ministro del ramo) no cedieron ni un ápice y recurrieron al poder los fondos de inversión y de los bancos para frenar cualquier reforma.
Que el nuevo RDL ha sido una puñalada trapera a las renovables no está en discusión. Pero que forme parte de una reforma energética que discriminará a las empresas de renovables respecto a las grandes del sector está por ver. Siendo los recortes claramente insuficientes para resolver el déficit de tarifa, el ministerio tiene la oportunidad de demostrar que no está cautivo de las eléctricas de Unesa en los próximos meses, que está dispuesto a ser equitativo a la hora de meter la tijera a los costes regulados, incluidos los de REE, aunque ello suponga menores ingresos para el Estado (que tiene un 20% de esta compañía), o de abordar una reforma del mercado mayorista o las subastas Cesur. Una justicia que reclaman las renovables y que, de ser cierto lo que han declarado, amainaría su furor.
De momento, la orden de peajes ha respetado los ingresos de la distribución y el transporte, si bien son partidas provisionales, que podrían modificarse a la espera de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) elabore una nueva metodología de retribución.
Origen de las medidas
También estas actividades se han librado del recorte encubierto que supone eliminar el IPC como referencia para la revisión anual de los costes. La distribución y el transporte se revisan con un índice que combina el IPC (en un 20%) y el IPRI (el 80%). Desde el 1 de enero, todas lo harán con la inflación subyacente (sin energía ni productos frescos) a impuestos constantes. Una fórmula sugerida por la CNE, que consideraba el IPC un vicio heredado del pasado cuya finalidad era sobrerretribuir a empresas con problemas financieros. ¿Qué tiene que ver el precio del pollo, principal componente del IPC, con las inversiones del sector?, se preguntan los críticos. Y eliminar los precios del petróleo para revisar los costes de las renovables también resulta un argumento fácil.
Otra medida dañina, especialmente para la eólica (por cierto, la mayor empresa de este sector es una de Unesa, Iberdrola), es la desaparición de la opción que tenían las renovables de vender su producción más una prima que compensara un techo. A partir de ahora, todas cobrarán una tarifa.
Esa posibilidad de arbitrar "se parió mal en su día", según un experto, que opina que las tecnologías que debían ir al mercado son las que pueden modular su carga (algunas hidráulicas, cogeneración o biomasa) y las que no, cobrar un precio regulado. De aquella manera, las plantas expuestas al mercado producirían más cuando la energía fuese escasa y, consecuentemente, los precios altos, y viceversa.
Pero si la planta no puede modular su carga, la exposición a los precios del mercado sirve para poco. Y si, como ocurría en España, pueden pasar de un mecanismo a otro, las empresas lo aprovechan para mejorar sus ingresos (yendo al mercado los años secos con precios altos, y a tarifa en los años lluviosos). Lo que exige muchos recursos públicos y varios funcionarios haciendo resoluciones de traspasos.
Aunque lo óptimo hubiese sido mantener la opción de ir al mercado a las modulables, Industria no se ha atrevido, quizá por razones económicas.