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Tribuna
Columna
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El cálculo del déficit de tarifa y la fotovoltaica

Todos los años se producen desviaciones entre las previsiones de ingresos y de costes del sistema eléctrico. Si los cálculos están bien hechos, esas desviaciones son pequeñas y se deben a la variabilidad de factores como los precios de los combustibles en los mercados internacionales. Sin embargo, la desviación registrada en 2012 duplica la prevista y ronda los 4.000 millones de euros, con el consiguiente incremento del déficit de tarifa. De un modo recurrente se acusa a las renovables, en general, y la fotovoltaica, en particular, de ser responsables del déficit de tarifa y de las desviaciones en las estimaciones de dicho déficit, algo que es imposible.

Más valdría fijarse en otras partidas, como el coste de los sistemas eléctricos extrapeninsulares (1.500 millones anuales), que aparecen y desaparecen de los Presupuestos Generales del Estado; su inclusión en la tarifa eléctrica hace que este 2013 ya comience con déficit. Desde el año 2008 la fotovoltaica ha estado sujeta a cupos anuales -las demás renovables desde 2009-, de modo que no se han conectado más instalaciones de las previstas originalmente. Además, desde 2010 la percepción de primas de las plantas solares se limita a un número máximo de horas anuales, con lo que no se cobran más primas si hay más irradiación y se produce más electricidad solar. Finalmente, desde enero de 2012 hay una moratoria en vigor que impide crecer al parque solar.

En suma, el coste anual de la fotovoltaica -y en buena medida también el de las demás renovables está perfectamente acotado, sin que pueda haber desviaciones representativas; si las hay es porque no se han hecho bien las cuentas; no hay otra opción. Incluso si obviamos el problema del cambio climático, las renovables son rentables para los españoles, por sus numerosas externalidades positivas: generación de empleo, reducción de las importaciones energéticas, menores pagos por emisiones de CO2, exportación de tecnología, fijación de población rural... Solo cuando se reduce la perspectiva hasta enfocar únicamente en el sistema eléctrico, las primas -un coste muy visible del oscurantista modelo español pueden parecer caras. Sin embargo, son menos onerosas que otros pagos regulados mucho más difíciles de identificar: entre 1998 y 2011 las centrales convencionales han recibido 53.000 millones de euros, frente a los 35.000 millones cobrados por las renovables y la cogeneración.

La energía fotovoltaica ha hecho los deberes -su coste ha bajado un 80% en los últimos cinco años- y en España ya es rentable sin ningún tipo de ayuda. Con la normativa adecuada, los consumidores se pueden beneficiar de la tecnología solar con aplicaciones de ahorro y eficiencia energética ligadas al autoconsumo, y con la nueva competencia que ello introduce en el oligopolio eléctrico. Frenar ese escenario, sembrando la desconfianza en los consumidores, está detrás de las constantes descalificaciones públicas a la energía solar. En el plano exterior, las empresas fotovoltaicas españolas son líderes mundiales reconocidas, hasta el punto de que son reclamadas por las propias autoridades de los países que quieren desarrollar la energía solar en su territorio. En muy pocos sectores tiene la economía española una bandera de crecimiento exterior tan importante como en el sector fotovoltaico.

Por eso, a los profesionales de la fotovoltaica y a las decenas de miles de particulares y de empresas que han invertido en la energía solar nos resulta sangrante constatar cómo se tergiversa la realidad para satanizar la tecnología y justificar con ello lo injustificable, como la aplicación de normas retroactivas que, lógicamente, los afectados denuncian ante los tribunales.

El déficit de tarifa debe solucionarse. Y en esa tarea lo primero es hacer los números correctamente, de modo que las medidas a adoptar se basen en la realidad, no en cálculos viciados. Lo segundo es diseñar un nuevo marco regulatorio que, salvaguardando la seguridad jurídica del país, sea objetivo, transparente y estable, centrado en conseguir un modelo sostenible económica y ambientalmente. Y lo tercero, situar al consumidor en el centro del nuevo sistema eléctrico, como actor principal, y no en la periferia, pasivamente, como sucede ahora. Resulta incomprensible que un país como España, que tiene su marca país directamente ligada a las renovables y que necesita desesperadamente generar confianza en el extranjero, actúe como actúa, creando incertidumbre regulatoria, vulnerando la seguridad jurídica y frenando dentro de sus fronteras lo que trata de promocionar fuera.

Jorge Barredo es presidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF)

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