Los recortes de la salud

El recorte de 7.200 millones de euros deja una medicina con menos prestaciones y muy escorada hacia la asistencia privada

Las industrias auxiliares sufren la contención del gasto farmacéutico y la pérdida de fondos públicos para la investigación y el desarrollo (I+D). Es imposible ahorrar 7.267 millones de euros en gasto sanitario, como pretende el Gobierno, sin generar dolor. En los pacientes, en la atención médica, en los profesionales que prestan el servicio, en la calidad de la asistencia, en la biotecnología, en la investigación sanitaria... en la salud.

Este axioma es incuestionable, y a partir de aquí llegan las interpretaciones, que vienen orientadas por la ideología, los intereses o, según algunos, las "obligaciones" económicas, pero la verdad es que la actual reforma sanitaria supone, acorde con la mayoría de los expertos, un retroceso de años y tiene unos efectos sobre un derecho fundamental cuyas consecuencias resultan inciertas.

En primer lugar, porque la Administración ha señalado el tamaño de la herida, esos 7.200 millones, pero no cómo la va a tratar. Salvo las medidas fáciles (la exclusión del sistema de los extranjeros en situación irregular y la aplicación del copago o repago), las demás propuestas se ignoran, pues apenas están esbozadas. Así que hacer la fotografía que retrate cómo queda la sanidad y sus industrias auxiliares después de la reforma es un ejercicio de proyección que, sin embargo, ya deja bastantes instantáneas; algunas preocupantes.

La actual concepción sanitaria procede de una ley de 1986

El 30% de los españoles cuenta con un seguro de salud privado

El sector particular da trabajo a 253.000 profesionales

"El modelo actual supone pasar de un sistema nacional de salud a otro basado en el seguro sanitario privado para los ricos, la Seguridad Social para los trabajadores y la beneficencia para el resto de las personas". Este es el incierto horizonte que esboza Joan Benach, experto en salud pública y profesor de la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Y advierte: "La salud es un negocio infinito y la quieren convertir, al igual que la educación, en una nueva burbuja económica".

Sobre este uso mercantilista de la sanidad también advierte Trinidad Jiménez, secretaria de política social del PSOE y exministra de Sanidad: "Si se continúa desmantelando el sistema público, seguirá ganando más fuerza la oferta privada y lo público quedará para las personas con muy pocos recursos, mientras que las clases medias tendrán que pagar seguros privados y, rodeándolo todo, como en un anillo, aislado, solo quedará una sanidad para la élite", avisa.

"Esta geografía del dolor", como la define el analista en comunicación Enrique Alcat, "parte de que la sanidad deja de ser un derecho universal para convertirse en una contraprestación por los años cotizados, en la que cuentan, por primera vez, conceptos como el de renta o situación laboral". El giro es copernicano y rompe con la concepción sanitaria española que estableció la Ley General de Sanidad de 1986 y que todos los anteriores Gobiernos habían respetado. El paciente, afirman algunos expertos con preocupación, deja de ser ciudadano para convertirse en asegurado.

Por ahora, lo que vamos conociendo del recorte sanitario nos narra la creación de las pólizas especiales (algo parecido a un seguro sanitario para emigrantes en situación irregular), que intentan además, según la Administración, poner coto al denominado turismo sanitario (ciudadanos europeos que se tratan en España), el cual cuesta a las arcas españolas unos 900 millones de euros anuales. También se ha instalado el copago o repago de algunos medicamentos, que, acorde con Sanidad, en los dos últimos meses de aplicación ha conseguido un ahorro de 400 millones, pero al mismo tiempo ha contribuido a disparar la inflación al 3,4%. Esta fórmula de financiar los servicios se extenderá, con toda seguridad, a lo que se llama la cartera secundaria (transporte sanitario no urgente o prótesis, por ejemplo), aunque aún no se ha concretado.

Junto a esta medida, lo que sí se acaba de aprobar es la creación de una red de agencias de evaluación cuyo objetivo es revisar la cartera de servicios básica (la que es común a todas las comunidades) y vigilar que se cumplan las medidas de ahorro. Con esta supervisión se quieren ahorrar 700 millones de euros. De fondo, la creación de una plataforma de compras centralizada, una idea más o menos bien recibida en el sector, que persigue un ahorro de 500 millones.

Para muchos, la sanidad española se dirige hacia un modelo como el alemán o el de algunos países nórdicos en el que el Estado paga una cartera básica y los servicios añadidos los abona el ciudadano. La clave, evidentemente, reside en fijar qué se entiende por básico. Ahora bien, este es el esqueleto de los recortes, sobre él se superponen, a modo de capas, las interpretaciones. "En todas estas propuestas hay una mezcla de economía e ideología. Se quiere excluir a ciertos colectivos y favorecer el aseguramiento privado", afirma Marciano Sánchez Bayle, médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). "El problema de la política es que tiene un metalenguaje: se dice una cosa y se hace la contraria".

En la trastienda de estas palabras habita un hecho capital, la difícil cohabitación entre la sanidad privada y la pública. "Para hacer negocio con la privada primero tienes que desprestigiar, debilitar y parasitar la pública, sobre todo si es tan fuerte como la española", reflexiona Joan Benach. "Todo responde a una estrategia ideológica". Y esta suena, según Benach, más o menos así. El sistema privado es "más eficiente" que el público, los "usuarios están abusando de la sanidad" o el sector público es "insostenible" y "burocrático" frente al "eficaz" mundo privado. "Pero ninguna investigación rigurosa ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostienen estas tesis. La calidad de la asistencia pública supera a la privada", cierra Benach. Y además hay problemas de enfoque.

"Los recortes que se están haciendo a golpe de real decreto son poco útiles, y esta austeridad es escasamente saludable. Hacer menos de lo mismo ?menores salarios y precios de los medicamentos? no sirve para hacer mejor las cosas, más bien al contrario", señala Jaume Puig-Junoy, profesor en la Pompeu y Fabra y autor del libro ¿Quién teme al copago?

En el otro lado de la bancada, la salud privada pide desprenderse de esa imagen de villano. El 30% de los españoles tiene doble aseguramiento y el sector ocupa a 253.000 profesionales. Estos números los pone sobre la mesa el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que agrupa a las grandes mutuas y aseguradoras sanitarias. Precisamente con los datos se justifican. "España, con un 27%, es el segundo país de Europa con más gasto en sanidad privada. Además tiene un arraigo histórico entre un amplio sector de la población", asegura Juan Abarca, secretario general de IDIS, y recuerda que hoy día, debido la situación económica, "es irrealizable dar toda la oferta de servicios, como marca la ley de 1986, en condiciones de igualdad a la totalidad de la población".

Esta asimetría es uno de los grandes problemas, como lo es la duda de si no estará la sanidad privada detrayendo recursos de la pública. Según datos de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras), el volumen de primas del seguro de salud privado en el primer semestre del año ascendió a 3.384 millones de euros, lo cual indica un crecimiento del 3,16% frente al mismo periodo del ejercicio anterior. En total, 10.546.305 asegurados recurren al producto privado. Son buenos números, particularmente teniendo en cuenta la situación económica del país. Pero ¿se han conseguido en parte debilitando a la sanidad pública?

Javier Murillo, director general de SegurCaixa Adeslas, la primera entidad por primas (812,6 millones de euros) del sector, niega este efecto de drenaje y pide llevar la mirada más allá. "Existe un problema muy serio de transparencia, de poder analizar los datos [de la colaboración público-privada] con suficiente profundidad. Se han hecho análisis, pero más con intereses partidistas que de otro tipo, y a la vez se han enviado mensajes a la población con fines sobre todo electorales. No se ha efectuado un estudio riguroso de este modelo. Ahora bien, con la experiencia de más de una década se puede decir que estas iniciativas privadas son beneficiosas y mejoran la eficacia del sistema sanitario".

El gran desafío es que la sanidad, como la religión, está imbricada en la concepción más profunda de las personas. "Y escoger entre lo público o lo privado es muchas veces más una opción de conciencia, de cómo interpreta esa persona la vida, que económica", reflexiona el médico y exvicepresidente de la Organización Mundial de la Salud Pedro Caba.

Desde luego hay algo de todo esto, pero en el sustrato sigue vivo el "reto de mantener el altísimo nivel de calidad del servicio sanitario público en un entorno en el que el envejecimiento de la población y la incorporación de mejoras técnicas requerirá, si no tomamos medidas, importantes incrementos presupuestarios en los próximos años, de los que, obviamente, no vamos a disponer", analiza Baltasar Lobato, socio responsable de sanidad de Accenture. Así que su receta pasa por una política de contención de costes, la colaboración público-privada y la optimización de servicios (radiología, laboratorios) que a hoy por hoy están descentralizados y duplicados en los hospitales regionales.

En este sentido, aclara Jaume Puig-Junoy, "la profusión de hospitales pequeños de ámbito comarcal no solo resulta demasiado costosa, sino que es inapropiada en muchos casos desde el punto de vista sanitario; los resultados en salud son peores cuando se hacen menos intervenciones del mismo tipo".

En la práctica, cada región está aplicando la reforma sanitaria de una forma distinta. Por ejemplo, Castilla y León y Castilla-La Mancha tienen una interpretación más férrea que Andalucía o el País Vasco. "Cada comunidad autónoma tendrá su modelo, que dependerá del papel que históricamente ha desempeñado allí el hospital privado y el público", prevé Núria Mas, profesora de gestión sanitaria en el IESE. Sin embargo, hay una cierta sensación de que todas las comunidades, en una especie de lento goteo, van haciendo concesiones a la sanidadprivada.

Esta situación es especialmente nítida en Madrid y Valencia (ambas gobernadas por el Partido Popular). De acuerdo con el IDIS, el 56% de los hospitales de la región madrileña son privados, y de ellos, el 68% mantiene conciertos con la sanidad pública. Por su parte, en Valencia, el 43% de la oferta hospitalaria en las tres provincias es privada. De hecho, esta comunidad es la cuarta con mayor número de camas de pago (2.800), el 20% de todas las autonomías, tras Cataluña, Madrid y Andalucía. Además cuenta con 29 centros privados abiertos, que están apoyados desde hace 20 años por el PP y su concepción sanitaria.

Una manera de entender la sanidad, por cierto, que encuentra rechazos frontales. "Los hospitales privados, como los promovidos en Madrid o Valencia, están demostrando que salen más caros y, al tener como objetivo el interés empresarial frente a la atención universal, la calidad baja inmediatamente", critica Trinidad Jiménez. "Es más, las patologías complejas, al no ser rentables, se derivan a los hospitales públicos, con lo que se detraen recursos de lo colectivo a lo particular", denuncia.

A todos estos problemas se añade el enorme poder de influencia de la sanidad y cómo afecta a multitud de industrias que tejen su supervivencia a su alrededor. Y claro, donde primero repercute es en el sector farmacéutico. "Aunque era una medida necesaria, la racionalización del gasto en medicamentos está teniendo una repercusión directa tanto en el volumen como en el margen de negocio de la industria. Esta tendencia tiene, y tendrá, implicaciones directas en el empleo y en su capacidad para financiar actividades de I+D+i", desgrana Santiago Martín, responsable de salud de la consultora Everis.

Tanto es así que la inversión en investigación y desarrollo de la industria farmacéutica durante 2011 bajó, por primera vez desde 2007, de los 1.000 millones de euros como consecuencia del fuerte impacto sobre las compañías de los recortes en gasto farmacéutico.

Con las luces rojas encendidas, Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, añade algunos números más a las palabras del experto de Everis.

El gasto farmacéutico público ha pasado, asegura, de 12.200 millones de euros en 2010 a unos 8.300 millones, que son los estimados para 2013; y en solo dos años el sector ha perdido 4.000 puestos de trabajo, el 10% de su plantilla total (40.000 trabajadores). "Fruto de esta tensión, muchas compañías han llegado a una situación crítica y lentamente se están descapitalizando", avisa el responsable de la patronal farmacéutica.

Y es que, en los últimos años, los recortes que se han vivido en la sanidad iban encaminados, sobre todo, a rebajar el precio de los fármacos financiados. "Esto, sin duda, ha afectado mucho a la industria, ya que en algunos casos, como en la última reforma de agosto de 2011, no dejaba capacidad de reacción a las compañías, por lo que se enfrentaban a unos precios más bajos de sus fármacos, pero con unos costes elevados para soportarlos", describe Elena Fernández, analista del sector farmacéutico de Ahorro Corporación. ¿Consecuencia? Caídas de ventas y de márgenes.

Una pequeña isla

Dentro de la estrategia de rebaja de la factura sanitaria, la Administración ha congelado el salario de los médicos en 2013 y establecido el copago. Elena Fernández matiza este extremo y habla de que lo que se ha hecho es aumentar la aportación a los fármacos financiados. Habitualmente, precisa, era un 40% y ahora se eleva al 50%, con la novedad de que los jubilados, que antes no pagaban, abonan, con un límite, el 10% del precio. "En cualquier caso", apostilla la experta de Ahorro Corporación, "esto lo que ha traído es una racionalización, ya que el 74% de las recetas facturadas se concentra en un 20% de la población que paga el 10% del precio, y que además suelen ser enfermos crónicos".Otra derivada de la medicina es la biotecnología —un sector que en España cuenta con empresas de referencia mundial, como Zeltia—, que ha logrado construir una pequeña isla a su alrededor. "Hay que ser optimista porque casi toda la investigación de la industria farmacéutica se mueve hacia la biotecnología", explica Martín Hernández-Palacios, director de Aliter, una escuela de negocios especializada en esta actividad. Por lo que, en este ambiente de recesión, la estrategia, indica este experto, es prístina. "Captar fondos europeos para destinarlos a I+D+i, aumentar las ventas en el exterior y conseguir que el capital riesgo apueste por esta industria". Además, los científicos, ante la falta de presupuesto público para desarrollar líneas de investigación, vuelven a fichar por la empresa privada.Esta optimista interpretación es precisada por Jorge Barrero, adjunto a la presidencia de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio). "La falta de presupuesto estatal condiciona sobre todo a las compañías que están desarrollando producto y que no pueden venderlo a un hospital público, ya que sin tener la referencia de casa es muy difícil comercializarlo fuera". Y lo aclara: "No puedes vender a un hospital israelí si antes no lo has hecho en Tarrasa". Al fin y al cabo, el entorno es complejo