La póliza sanitaria para irregulares no cubrirá los medicamentos
De 710 a 1.864 euros. Eso es lo que tendrán que pagar por recibir asistencia sanitaria los inmigrantes irregulares, los españoles que nunca hayan trabajado y tengan ingresos superiores a los 100.000 euros anuales y los ciudadanos europeos que así lo deseen. Este convenio, acordado ayer por el Gobierno y las comunidades autónomas y que quiere acabar con el llamado turismo sanitario, no incluye el coste de los medicamentos.
Los inmigrantes en situación irregular podrán suscribir convenios para recibir asistencia sanitaria, que no cubren los medicamentos y que costarán entre 710,40 euros y 1.864,80 euros anuales en función de si son mayores o menores de 65 años. Así lo aseguró ayer el responsable de Sanidad del PP y consejero de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, tras finalizar el Consejo Interterritorial de Salud, en el que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas acordaron los requisitos básicos de esas pólizas. La titular de Sanidad, Ana Mato, no compareció para explicar los cambios.
Además de los sin papeles, a los que se retiró la tarjeta sanitaria el 1 de septiembre, pueden suscribirlos los españoles que nunca hayan trabajado y que tengan ingresos superiores a 100.000 euros (rentistas) y los europeos que voluntariamente quieran. Con ello, según explicó antes de comenzar el Consejo la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, se pone fin al llamado turismo sanitario, ese que el Tribunal de Cuentas estimó en 2009 que dejaba alrededor de 900 millones de euros en facturas impagadas.
La mayor parte de las autonomías gobernadas por el PP, como Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares y Castilla y León, ya están cobrando o se disponen a facturar cada atención sanitaria que presten a los inmigrantes en situación irregular. Se estima que en España hay entre 150.000 y 200.000 sin papeles.
Tras la puesta en marcha del convenio, los titulares de las pólizas podrán acceder a la cartera básica de servicios por el periodo de tiempo determinado en las mismas. Se trata de un acuerdo de mínimos, según informó el consejero de Castilla-La Mancha, ya que las Comunidades podrán establecer una cuota mayor si así lo deciden, pero nunca menor. El Consejo Interterritorial de Salud acordó también la creación de la Red de Agencias de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, que será la encargada de evaluar la nueva cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Este organismo, según informó el Ministerio en una nota, será "una pieza clave" en la actualización permanente de la cartera de servicios para incluir los avances tecnológicos que hayan demostrado seguridad, eficacia y eficiencia. La Red colaborará en la detección de tecnologías y prestaciones emergentes y en las que pudieran ser obsoletas, así como en la elaboración y actualización de guías de práctica clínica.
Cuentas "austeras"
En la reunión de ayer, los responsables del Gobierno presentaron a los consejeros autonómicos los presupuestos del Ministerio para 2013, unas cuentas "austeras", pero "comprometidas con las personas y las políticas sociales", subrayó la secretaria general de Sanidad.
El Consejo designó seis vocales, en representación de las comunidades autónomas, en el Comité de Bioética, lo que fue criticado por la consejera de Salud andaluza,María Jesús Montero, que calificó de "conservadora" y "acorde con la ideología del Gobierno" la nueva composición de este órgano. Se acordó, además, el sistema de identificación clínica de los casos especiales a los que se garantiza la asistencia sanitaria pública, como las víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o los solicitantes de asilo.
Andalucía: "Mato no ha permitido el debate"
La consejera de Salud de Andalucía (PSOE), María Jesús Montero, cargó ayer contra el Ministerio de Sanidadpor un Consejo Interterritorial en el que, según dijo, la ministra Ana Mato no permitió el "debate". "Podría haberse hecho na videoconferencia en vez de reunirnos porque no ha habido debate, ni se ha avanzado", seguró la consejera.Para lo que sí sirvió la reunión de ayer en Madrid, en opinión de Montero, fue para evidenciar "un cambio sustancial, incluso lingüístico", en el debate sanitario. Ya no se habla de "ciudadanos", sino de "asegurados", y en lugar de Sistema Nacional de Salud se alude al "sistema de aseguramiento". Los planes para cobrar a los inmigrantes irregulares han recibido las críticas de las cinco comunidades no gobernadas por el PP (Andalucía, Cataluña, Asturias, Canarias y País Vasco).