El futuro de la jubilación

¿Son sostenibles las pensiones?

La Seguridad Social está al límite. Solo recuperar el empleo y acelerar la reforma hará fiable la jubilación

Ilustración
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Sin empleo, no hay Estado de Bienestar que valga. Mantener cualquier servicio público, dinerario o no, exige disponer de forma regular de recursos fiscales que los financien; pero para asegurar el pago de las pensiones públicas, que no conoce otra fórmula que el desembolso cada mes de dinero contante y sonante, es preciso mantener un flujo ordinario perfectamente engrasado de ingresos, puesto que en un sistema de pensiones de reparto las generaciones de activos costean a las que ya han pasado a la vida pasiva. Y dado que la afiliación a la Seguridad Social en España es obligatoria para todas las personas que perciban rentas, sean por cuenta propia o ajena, el nivel de empleo es el pilar capital que sujeta la protección a la vejez. Y ahora, tras cinco años de crisis, ese pilar ha sufrido tales embestidas, que las finanzas de la Seguridad Social amenazan con tambalearse.

Cada mes la Tesorería general de la Seguridad Social hace pública la ratio de dependencia del sistema de pensiones. Una simple cifra con un par de decimales que mide de forma gráfica y aparente la salud de la Seguridad Social. En agosto esa ratio decía que el sistema contabilizaba muy poco más de dos cotizantes por cada pensionista (2,05), una de las relaciones más modesta, más baja, más peligrosa, de las que recuerda el sistema de retiro. 16,68 millones de cotizantes ocupados para costear las prestaciones de 8,12 millones de pensionistas. Es la ratio de sostenibilidad más preocupante de los doce años contabilizados de este siglo, si bien ya en los noventa se situó por debajo del umbral del dos como consecuencia de la evolución negativa de dos variables tales como la evolución del empleo y de echar sobre las espaldas de la Seguridad Social la resolución de la crisis con prejubilaciones masivas en las compañías.

Ahora una ratio tan modesta es más preocupante que entonces porque ha cambiado radicalmente la proporción de las cuantías tanto de las cotizaciones como de las prestaciones, sobre todo las de jubilación. Las sucesivas reformas del sistema en las últimas décadas endurecían la cotización hasta el punto de reforzar las finanzas de la Seguridad Social en el medio plazo; pero el efecto de segunda ronda de tales reformas, recogido ahora, es que elevaban notablemente las cuantías de las prestaciones.

Dicho de otra forma: mientras que las aportaciones de los trabajadores activos crecen al ritmo de la inflación, e incluso menor por la incorporación en los últimos años de salarios low cost, las de las pensiones de los pasivos nuevos avanzan a ritmos muy superiores por la llegada al retiro de carreras de cotización más largas y más consistentes.

Unos simples números son suficientes para ilustrar este fenómeno, al margen del natural avance del número de pensionistas y la natural caída del número de cotizantes ocasionado por la larga crisis económica, que analizaremos más adelante. Desde el año 2007 la cuantía media de las pensiones de la Seguridad Social ha avanzado un 19%, mientras que las bases de cotización lo han hecho a ritmo mucho más modesto. En concreto, las bases máximas han avanzado un 8,8% en el mismo periodo, tal como las han movilizado los gobiernos, aunque sigue siendo un enigma conocer cuánto crece realmente la base media de cotización, que es la que realmente moviliza los ingresos. En condiciones normales lo hace en proporción igual al avance de los salarios medios, que han crecido en convenio, pero se han reduicido con la incorporación al mercado de trabajo de contingentes de trabajadores con salarios más modestos en los últimos años, sobre todo desde que la crisis comienza a presionar a la baja el coste laboral.

En definitiva, hay un doble efecto sustitución en los cotizantes y en los pensionistas que estrecha cada vez más el margen de los gestores de las pensiones: los cotizantes nuevos lo hacen por aportaciones decrecientes, y los pensionistas nuevos toman prestaciones muy superiores a las de quienes fallecen; en concreto, las pensiones medias de los que fallecieron en julio pasado eran de 806 euros, y las de quienes cobraron su priomera pensión, de 1.026 euros al mes. Tanto como decir que el coste unitario de sustitución se eleva con cada defunción y cada jubilación en un 27,2%.

Este efecto no revela otra cosa que la maduración paulatina del sistema de protección a la vejez en España, que debe ser combatido con reformas continuas. Algunas de ellas ya planteadas, como el retraso de la jubilación, el endurecimiento de las aportaciones y un mayor nivel de exigencia para calcular con rigor la primera prestación de cada pensionista.

Pero la principal dificultad para solventar la crisis financiera de la Seguridad Social, ya apuntada por las cifras, es la parálisis del empleo, el descenso continuado del número de cotizantes, que son quienes proporcionan el combustible para sostener el estado de bienestar de forma fiable. Como en otros indicadores de riqueza, el volumen del colectivo de cotizantes ocupados de la Seguridad Social ha descendido a los vineles del año 2003, casi diez años, mientras que el numero de pensionistas no deja de crecer, aunque lo haga a tasas modestas, ligeramente por encima del 1% en los últiumnos años. Hoy cotizan a la Seguridad Social por sus medios (no porque lo haga el Estado por ellos, como en el caso de los desempleados) 16,89 millones de personas, frente a los 19,28 millones que lo hacían en los meses previos a la crisis, en lo que supone un máximo histórico, y tras cinco años continuos de pérdida de pulso.

Los pensionistas no han dejado de avanzar en número, y ya hay 8,12 millones, cuando en 2003, al que han vuelto los ocupados, eran un millón menos. Un avance de un 17% con paso lento, pero firme. Firme, pero no tan elevado como en los noventa, cuando la crisis empujó a miles de empresas a acelerar la jubilación de sus plantillas para recomponerse, y que convirtió a la Seguridad Social, tal como reconocían entonces sus gestores, en el instrumento más dinámico en la resolución de la crisis del empleo.

Con este súbito empeoramiento del escenario financiero, que arrojó déficit en 2011 y lo repetirá incrementado en 2012, el Gobierno ha acelerado varios cambios normativos para aliviar la situación actual y hacer frente a las contingencias de los próximos trimestres. Pero si quiere evitar realmente el desequilibrio continuado del sistema y la pérdida de confianza de los asegurados, debe acelerar las reformas comprometidas en 2011, y quizás debe poner en marcha otras adicionales, porque el escenario demográfico futuro no es el más amable, según todos los analistas.

Ya ha anunciado el Gobierno la elaboración y activación del Factor de Sostenibilidad del sistema, dentro de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, lo que supone que se tomarán medidas de medio plazo si la evolución de las variables demográfica, de crecimiento, de los precios o del empleo así lo aconsejan.

Además, el Gobierno de Zapatero aprobó una reforma del sistema de pensiones que eleva la edad de jubilación a los 67 años desde los 65 legales actuales. (La edad real es inferior inclusdo a los 63 años, puesto que cuatro de cada diez jubilados acceden a tal condición antes de los 65 años). Pero la aceptación de un largísimo periodo transitorio que se inicia en 2013 culmina con la jubilacióna los 67 años en 2027, nada menos que dentro de quince años, un umbral en el que como decía Keynes, "todos muertos", y quizás también la Seguridad Social si no se hace algo más para remediarlo. Los expertos reclaman ya hace meses que tal periodo transitorio sea acelerado y acortado, así como los establecidos para llevar desde los 15 años actuales a los 25 los contabilizados a cada cotizante para calcular la cuantía de su prestación inicial. El Gobierno de Rajoy ha anunciado ya también cambios para atajar el abuso en la jubilación anticipada y parcial.

Además de estos cambios, podrían endurecerse la relación de las cotizaciones con las prestaciones, cambiando la tabla de aseguramiento, haciendola más contributiva. De esa forma, la relación entre aportaciones y prestaciones sería más proporcional y se incentivaría la aportación. Esta medida debereía ir acompañada de mecanismos de revisión de las pensiones mínimas garantizadas, que en los últimos años han crecido muy por encima de las medidas y las máximas, desincentivando las aportaciones de las rentas más bajas y encareciendo las aportaciones del Estado por los complementos a mínimos (la garantía mínima siempre que se hayan cotizado quince años).