Cuando cada empleado público se ocupa de más de 300 parados
Unas 14.000 personas trabajan en las oficinas de empleo de toda España
En marzo de 2011 L. R., de 33 años, perdió su trabajo como formadora en una multinacional, pero no tenía derecho a cobrar la prestación porque había estado contratada como falsa autónoma (sin cotizar por desempleo). Acudió a la oficina del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid para apuntarse como demandante de empleo y ahí empezaron las sorpresas.
La empleada pública que le atendió le preguntó por sus estudios y su experiencia profesional para rellenar su ficha, pero no le pidió ningún currículum, ni ninguna acreditación de titulación. Y acto seguido le comentó que "no tenía que volver por allí hasta dentro de tres meses para sellar la demanda". Pero L. R. acudió antes un par de veces a actualizar su currículum y a interesarse por los cursos formativos. No le llamaron para nada y a los siete meses de estar inscrita acudió nuevamente a actualizar su perfil y al funcionario que la atendió le llamó la atención que hubiera ido a las oficinas en varias ocasiones. Solo entonces le comentó que existía un servicio de orientación laboral individualizada, "voluntario y gratuito", para el que le dieron cita al cabo de mes y medio.
En la entrevista con la orientadora se enteró de que podía inscribirse en varias bolsas de empleo en función de su perfil, y también supo que hasta entonces no había estado inscrita en ninguna. Siete meses perdidos. A partir de entonces, a L. R. le han avisado para hacer un curso para el que tuvo que pasar una prueba de selección porque había 15 plazas y más de 300 solicitantes; y para una oferta de empleo a lo largo del año y medio en el que buscó trabajo a través de los servicios públicos de empleo.
Los propios responsables del Ministerio de Empleo han reconocido en más de una ocasión que los servicios públicos apenas gestionan el 2% de las colocaciones que se registran. ¿Dónde radica la falta de eficiencia de este sistema público de intermediación?.
La estadística arroja algo de luz. Según los últimos datos disponibles, en los Servicios Públicos de Empleo de toda España trabajan 22.256 personas; de las que 8.307 lo hacen para los servicios centrales y las direcciones provinciales realizando tareas administrativas y otros 13.949 atienden a los desempleados en las oficinas, tanto en la gestión de las prestaciones (competencia estatal), como en la intermediación, formación y orientación laboral (competencia autonómica). Según esto, a cada uno de estos empleados que trabajan en las oficinas de los servicios públicos de empleo les correspondería gestionar a 331 desempleados.
Esto, claro está, es solo una media que, sin embargo, explica gran parte de la ineficiencia de este organismo público, por la falta de personal, sobre todo en algunas comunidades como Andalucía, donde este ratio supera los 800 parados por empleado público o Cataluña, Canarias y Castilla-La Mancha, donde la media está en el entorno de los 700 demandantes de empleo por cada funcionario.
Si bien fuentes de la Administración apuntan a otra causa de más calado a la hora de justificar esta falta de eficacia: "el problema está en que la política de orientación e intermediación laboral está financiada con dinero que recauda y reparte el Estado pero que gestionan las comunidades autónomas, a las que no se les exige ningún cumplimiento de objetivos en materia de colocaciones para seguir dándoles esos fondos".
La vinculación entre el reparto de fondos de políticas activas y la consecución de objetivos es algo que han planeado llevar a cabo los distintos responsables del Ministerio de Empleo de la última década, pero que por motivos políticos, nunca se ha conseguido. De momento, la primera solución que ha dado el actual Gobierno a la mala gestión de la intermediación laboral pública ha sido recortar más de un 21% el presupuesto de las políticas de formación y fomento del empleo, que pasaron de 7.322 millones en 2011 a 5.765 en 2012. Y es de esperar que los presupuestos de 2013 registren un nuevo recorte. Sigue quedando pendiente la reforma de las políticas activas.
Las ETT y empresas de formación, a la espera del reparto del pastel
La reforma en profundidad de las políticas públicas de intermediación laboral sigue estando pendiente, a pesar de que todas las partes implicadas están más que de acuerdo en que debe llevarse a cabo.Sin embargo, la última reforma laboral ha dado un par de pasos en ese sentido, que aún no se han materializado en la práctica.Por un lado, ha permitido a las empresas de trabajo temporal (ETT) convertirse en agencias privadas de colocación, sin necesidad de tener una estructura empresarial diferenciada para estas actividades.De esta forma, las principales ETT pueden ya operar como un intermediador más en colaboración con los servicios públicos de empleo, con acceso a sus datos, entre otras cosas.Si bien, para que esta colaboración sea una realidad, cualquier agencia de colocación (además de las ETT existen cerca de medio millar de asociaciones reconocidas para esta tarea) debe firmar un convenio con la comunidad autónoma donde vaya a operar, y, de momento, no existen convenios operativos aún.El grado de colaboración e intercambio de información dependerá del diseño de estos convenios.Por otra parte, la reforma laboral también abre a la concurrencia pública el mercado de la formación de trabajadores y parados, que hasta ahora estaba gestionado fundamentalmente por las patronales y los sindicatos en toda España. Aunque esta incorporación de las empresas formativas está aún sin regular en detalle, se encuentra igualmente pendiente de una nueva legislación del sistema nacional de formación, que debe renovarse.
Las cifras
3.000 fueron los orientadores laborales contratados por los servicios públicos de empleo para combatir la crisis, pero recientemente se han eliminado la mitad de estos puestos.13,5% de los contratos realizados por las oficinas de empleo fue de camareros, la ocupación que más contratos registró en junio.