¿Responsabilidad?

Parece, solo lo parece, que por el momento se teje una telaraña sobre algunos exdirectivos de las viejas cajas de ahorros. Todopoderosos y omnímodos en sus feudos, intocables e intachables hombres de reputaciones más políticas y personales que profesionales y de competencia. Políticos a sus pies, también la sociedad civil y cuantos poderes fácticos se precien.

Hace solo unos meses, en noviembre pasado, escribíamos en estas mismas páginas la siguiente aseveración: "… todo es posible en el vaivén de incertidumbre y desasosiego que devora los mercados. Pero quizás lo más triste de todo esto es la falta de responsabilidad civil, penal y administrativa de muchos gestores, también políticos, que se han situado y mangoneado en las cajas de ahorros a su gusto, merced y capricho. Gestiones deficientes, peligrosas, arriesgadas, escandalosas. Riesgos inasumibles desde la sana lógica, pero sobre todo desde el dictado impenitente de las cifras contables y patrimoniales, económico-financieras en suma. Se ha derrochado, se ha dilapidado y algunos responsables han abusado de su poder, de sus decisiones y del dinero, en suma, de la entidad en provecho que no se sabe muy bien de qué y de quién, aunque todos lo sospechamos. Se llama presunción, sin embargo. Pero nadie responderá ni nadie exigirá ni depurará esas responsabilidades. Pero, ¿por qué ahora y no antes?, es hora de acabar con la impunidad y empezar a ser serios en un país que debería haberlo sido siempre y no lo ha sido".

Hemos visto el escándalo, el engaño de las preferentes y deuda subordinada. Productos financieros de alto riesgo y conocimiento objetivo que no se procuró para miles de ciudadanos. Solos, a la intemperie de sus derechos y de sus inversiones. ¿Eran conscientes los inversores de los riesgos reales cuando invirtieron en participaciones preferentes de entidades de crédito?, ¿cuál era la transparencia informativa real y no asimétrica?, ¿qué información se ha suministrado y con qué grado de comprensibilidad objetiva por parte de quienes han destinado sus ahorros a estos productos?, banca de inversión y de depósito entrelazada, pero no pareció importar esto a algunos directivos. La fiscalía anticorrupción acaba de imputar a algunos exdirectivos de una entidad gallega. Hasta ahora nada ha parecido importar. Un ya expresidente decía que sabían lo que firmaban los inversores, incluso menores o personas que marcaron con una X su consentimiento. Cognoscibilidad objetiva, saber qué firmaron, qué contrataron, qué obligaciones asumieron y a qué coste.

Los políticos tejieron sus alianzas con las cajas. Matrimonio zarandeado de caprichos y arbitrariedades. Las proveyeron de consejeros, no importaba el conocimiento ni la cualificación, la profesionalidad o la competencia. Retiros dorados. Solo había que no molestar. Y el poder financiero se explayó en no pocas comunidades autónomas al compás de intereses ajenos, a veces a los de la propia entidad y sí más próximos a las veleidades partidistas. Hoy se abren procesos e imputaciones en un intento de depurar responsabilidad penal en los gestores de las cajas de ahorros. Veremos en qué acaba todo y cuándo, y cuántos son finalmente condenados, si es que lo son, y qué resarcen, si es que resarcen algo, de un daño que ha arrostrado uno de los grandes nervios del sistema financiero de este país y que ha sido víctima en parte de sus propios excesos incontrolables y desvíos de sus funciones y actividades tradicionales, y en parte en convertirse en el verdadero chivo expiatorio de esta crisis.

A los blindajes de los consejeros y directivos, autootorgados sin el menor escrúpulo, a sus tejemanejes políticos y especulativos, a los cambios y ocultaciones, incluso de retribuciones, como se acaba de poner de manifiesto hace unos días en alguna entidad, las cajas han sufrido un continuado e imparable deterioro patrimonial, una hemorragia incontrolable que con los errores y vaivenes de una inacabada y cambiante reforma financiera y exigencia de recapitalización, amén de bancarización, las ha conducido hacia su propio abismo como entidades específicas. No ha habido empacho en alterar contabilidades y manipular resultados, en inflar valores, en luchar denodadamente hacia fusiones imposibles y con elementos falseados. Serán los jueces los que diriman en todo caso si ha habido o no estafas, apropiaciones indebidas, delitos contables, delitos de administración fraudulenta, así como otros afines.

Tendrán toda la presunción de inocencia, pero hora es en este país desmemoriado y corrupto, donde la corrupción se tolera, de que se empiecen a exigir responsabilidades. No sabemos en qué quedarán, pero al menos, solo al menos, la sensación de tomadura de pelo y desvergüenza se mitigará. Ayer, algunos ministros restaban importancia a ciertas imputaciones de expolíticos. Habrá que ver. Esperar. Pero no sorprenderse con el resultado final.

Abel Veiga Copo. Profesor de derecho mercantil de Icade